Por el reconocimiento del derecho a decidir y por el respeto de los derechos sociales

Por el reconocimiento del derecho a decidir y por el respeto de los derechos sociales

Tal y como acostumbramos a hacer en cada convocatoria electoral, las comisiones y asociaciones de “Justicia i Pau” (Justicia y Paz) de Catalunya, desde nuestra vocación en tanto que entidades cristianas de servir al bien común de nuestro país, deseamos dar a conocer nuestro punto de vista sobre la situación política y social (1):

1. En primer lugar expresamos nuestro deseo de que la campaña electoral se base en el respeto entre las diferentes opciones políticas y sea una nueva oportunidad para promover un debate clarificador que ayude a la ciudadanía a ejercer con responsabilidad el derecho de sufragio y a participar más activamente en los asuntos comunes. Todos los proyectos políticos son legítimos y tienen el mismo derecho a expresarse,  siempre que respeten la dignidad de la persona y los derechos humanos y busquen sinceramente el bien común.

2. Constatamos que estas elecciones tienen unas características especiales. Por una parte, tienen lugar en un momento de gran crispación social ante la gravedad y persistencia de la crisis económica y con una alta contestación social, expresada en diversas huelgas generales, a las discutibles medidas y políticas desarrolladas para hacerle frente por parte de los diferentes gobiernos (rescates financieros, reforma laboral, políticas de austeridad.. etc.). Pero, además, estas elecciones se convocan dos años antes de finalizar la legislatura, en un clima de opinión influido por la extraordinaria manifestación del pasado día 11 de septiembre en Barcelona, en la que alrededor de un millón y medio de personas reclamaron un “Estado propio para Cataluña”. En este sentido, el Parlamento de Cataluña, en su última sesión, pidió por amplia mayoría que en la próxima legislatura se convoque una consulta para el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo catalán.

3. Constatamos también que en los últimos años se ha ido generando en la opinión pública de nuestro país un deseo mayoritario y creciente de dotar a Cataluña de un mayor nivel de autonomía política y de reconocimiento de sus derechos y de su identidad nacional, deseo que muestran las diferentes encuestas sociológicas. Esta aspiración se ha concretado, entre otros hechos, en la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía (2006), en el movimiento social de las consultas ciudadanas sobre el derecho a decidir, donde participaron centenares de miles de personas (2009-2010) o en la propuesta del Parlamento de Cataluña de obtener un nuevo sistema de financiación (julio 2010). Por contra, se ha generado un profundo sentimiento de frustración en una parte notable de la población, expresado en la excepcional manifestación del pasado 11 de septiembre, ante la respuesta negativa del Estado español a estas aspiraciones (2), así como por la percepción de que Cataluña recibe de forma persistente un trato inadecuado, desleal y no equitativo (3) y de que no es reconocida plenamente su identidad nacional.

4. En esta situación, creemos necesario reafirmar, como hemos hecho en otras ocasiones, que Cataluña “es una realidad nacional, forjada con mil años de historia, con su  lengua y cultura, que tiene plena consciencia de su historia y personalidad propia” (4) . Su condición de nación es un sentimiento y un hecho aceptado por una inmensa mayoría de la población y así lo ha afirmado en repetidas ocasiones el Parlamento de Cataluña con amplias mayorías. Es por ello que a Cataluña es titular de los derechos que corresponden a los pueblos y naciones, en particular el derecho a su libre determinación, reconocido por los Tratados internacionales de Derechos Humanos (5). En este sentido, la existencia de Cataluña como nación y sus derechos son anteriores a la formación del Estado y no derivan de la Constitución de 1978, sino que ésta los debe reconocer y respetar. (6)

5. Por todo ello, queremos hacer un llamamiento a los responsables de las instituciones y de los partidos políticos de Cataluña y del resto del Estado para que, una vez celebradas las elecciones, asuman la responsabilidad de dar una respuesta adecuada a las aspiraciones que emanen de la voluntad del nuevo Parlamento. A nuestro parecer, esto querrá decir iniciar una negociación política e institucional profunda y serena, a fin de encontrar y aplicar los mecanismos jurídicopolíticos que permitan, en un plazo razonable, que se puedan expresar de forma inequívoca, democrática y pacífica, las aspiraciones de autogobierno del pueblo de Cataluña y que dicha voluntad popular sea respetada y se traduzca en un nuevo estatus político y un nuevo marco de relaciones con el Estado español, basado en la justicia, el respeto mutuo, la cooperación i la solidaridad.

6. Somos conscientes de que se trata de un proceso políticamente complejo, con muchas incertidumbres y peligros, pero también generador de muchas ilusiones, esperanzas y oportunidades. En este escenario, todos somos llamados a actuar pensando siempre en el bien común. Pero las personas más influyentes y los dirigentes políticos, económicos y sociales, cívicos y religiosos, en Cataluña, España y Europa, son especialmente responsables de garantizar que este proceso se desarrolle sin generar fracturas sociales y con respeto de los derechos humanos de las personas y de los pueblos, de la mayoría y de las minorías, y preservando la convivencia, la verdad, la justicia y la paz.

7. Por otra parte, queremos destacar la necesidad de que el debate sobre el derecho a la autodeterminación no lleve en absoluto a desatender los graves  problemas sociales que padece nuestro país en el actual contexto de crisis, y sobre los cuales se deberían pronunciar las diferentes candidaturas. Vivimos una situación social de emergencia: graves cifras de desempleo, constante destrucción de puestos de trabajo, precariedad laboral, desahucios de miles de familias, malnutrición infantil y dramático crecimiento de los índices de pobreza y exclusión. A su vez, las políticas de contención del déficit presupuestario no sólo no han logrado su objetivo, sino que han contribuido a la recesión económica y han generado un preocupante deterioro de la enseñanza y la sanidad públicas y de otras muchas políticas sociales, mientras que las dificultades financieras de la Generalitat han provocado graves retrasos en los pagos a instituciones sociales, causantes de importantes perjuicios.

8. En este sentido, hacemos un llamamiento al futuro Parlamento y Gobierno de Cataluña a fin de que se desarrollen urgentemente las políticas necesarias para avanzar hacia la superación de la crisis con un desarrollo humano, sostenible y equitativo, la creación de empleo suficiente para el conjunto de la población activa -estudiando medidas para el reparto del trabajo-, el mantenimiento del Estado del Bienestar, recuperando la calidad perdida en la escuela y la sanidad, la integración social de los colectivos de inmigrados, la adecuada atención social a las personas más vulnerables en sus diversas situaciones, la reducción de la pobreza, la garantía de una renta mínima de ciudadanía, el acceso a una vivienda digna, un mayor apoyo a las entidades de acción social, la protección de los derechos humanos, la promoción de la paz y el desarme y el mantenimiento de una política pública solidaria y potente de cooperación internacional con los países más empobrecidos.

9. Finalmente, una vez más, hacemos un llamamiento a fin de realizar un esfuerzo colectivo para avanzar hacia una regeneración democrática que, superando el excesivo poder de los partidos políticos, nos permita avanzar hacia una democracia de más calidad y más participativa. Existen experiencias recientes que han expresado nuevamente esta necesidad y han abierto nuevos caminos, como el movimiento de los “indignados” o el movimiento dirigido a encontrar solución a la problemática de los desahucios.


Comisiones y asociaciones de Justícia i Pau en Cataluña
16 de noviembre de 2012

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(1) Véase aquí la Nota que publicamos con motivo de las elecciones al Parlamento de Cataluña de noviembre de 2010.

(2) En particular, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el nuevo Estatuto de Autonomía, que anuló o interpretó restrictivamente numerosos artículos, con sus consecuencias judiciales posteriores, como la invalidación por parte del Tribunal Supremo del vigente sistema de “inmersión lingüística” en la escuela. También la negativa del Gobierno estatal a negociar un nuevo sistema de financiación de Cataluña con las características que planteó una amplia mayoría del Parlamento el pasado mes de julio de 2012, orientado a obtener una mayor autonomía fiscal y financiera y corregir el déficit fiscal.

(3) La opinión pública percibe una grave falta de respeto por parte del Estado a les competencias políticas de Cataluña, falta de las inversiones e infraestructuras necesarias a su dinamismo económico y adecuadas a su aportación económica al conjunto del Estado, así como la existencia de un déficit fiscal excesivo y crónico.

(4)  Son las palabras que emplearon en el año 1985 los obispos catalanes en su documento “Raíces cristianas de Cataluña”, documento reafirmado recientemente en su comunicado “Al servicio de nuestro pueblo”. Por otro lado, el pensamiento social de la Iglesia, con el cual nos identificamos, afirma que “la paz se fundamenta, no sólo en el respeto de los derechos de las personas, sino també en el respeto de los derechos de los pueblos, en particular el derecho a la independencia” (Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, núm. 157).

(5)  Así se establece en la Carta de las Naciones Unidas y en el artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, ratificados ambos por España, que reconocen el derecho a la libre determinación de los pueblos.

(6)  Esta realidad nacional gozó, al menos desde el siglo X, de plena soberanía política. Con su progresiva unión a los otros reinos hispánicos, mantuvo su propia personalidad jurídica, política e institucional y su propio Derecho, así como un alto grado de autogobierno hasta el año 1714, fecha en la que el Principado fue conquistado militarmente y anexionado ilícitamente por los Decretos de Nova Planta al Reino de Castilla.