Asamblea General de Kiev. Septiembre 2007

Asamblea General de Kiev. Septiembre 2007

Los países de Europa deben ratificar las Convenciones Internacionales
salvaguardando
los derechos de los inmigrantes irregulares

La libertad de movimiento es un derecho humano fundamental. El reconocimiento del mismo debe llevar necesariamente a la no criminalización de lo que hoy se llama “inmigración irregular”. Consecuentemente, incluso si Europa está experimentando actualmente un incremento de llegadas de inmigrantes indocumentados, ésta no es razón para tratarlos de una forma degradante.

El intentar evitar la inmigración irregular, en favor de una entrada ordenada por una necesidad de mano de obra, es una reacción comprensible de los estados de Europa. Pero la mejor forma de abordar este problema es tratar las causas tanto de la inmigración forzada como de la voluntaria. Estas causas son:

· Guerras y otros conflictos entre o en los estados, desmoronando estructuras de estado, y provocando desastres medio ambientales y naturales.
· La violación de los derechos humanos y persecuciones.
· Enormes beneficios basados en el tráfico de seres humanos.
· Injustas relaciones comerciales entre el mundo desarrollado y los países menos desarrollados que conducen a las crisis económicas persistentes en estos países.
· La carga de la deuda de los países menos desarrollados es un problema que todavía no ha sido resuelto.
· La incapacidad del mundo desarrollado de cumplir los Objetivos del Milenio.
· La corrupción de los países de los inmigrantes y las exigencias y procedimientos estrictos para obtener un visado legal.

En otras palabras, mientras los bienes comunes, dados por Dios el Creador a toda la humanidad para que los compartamos, no sean distribuidos equitativamente, un hecho que obstaculiza que prevalezca la justicia y la paz, la inmigración – tanto regular como irregular – entrará en Europa. Al menos, mientras las comunicaciones modernas hagan obvia para todos la diferencia de las condiciones de vida a las personas de los países menos desarrollados y les animen a no conformarse a permanecer en unas condiciones de – en el mejor caso - mera supervivencia.

Existe un número de convenciones sobre derechos humanos ratificadas internacionalmente, comenzando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950. Pero debe reconocerse que estas convenciones carecen de efectividad para los inmigrantes y sus familias cuando se ponen en práctica. La razón de ello, es que los firmantes de las convenciones son estados. Como ellos aplican estas convenciones como leyes, sólo se pueden referir a los ciudadanos de sus países. Los inmigrantes, al no estar en su propio país, pierden sus derechos humanos y quedan a la voluntad del país de acogida. Así, la comunidad internacional debe buscar la dignidad y la integridad del ser humano cuando aplica las convenciones internacionales de los derechos humanos. Este respeto a la dignidad humana constituye la base de la Enseñanza Social de la Iglesia Católica. También constituye una piedra angular en su posición sobre los derechos de los inmigrantes irregulares. Ya en 1996, el papa Juan Pablo II en un mensaje en el Día del Inmigrante dijo: “Su estado irregular no puede permitir a los inmigrantes perder su dignidad, ya que están dotados de derechos inalienables, que no pueden ser ni violados ni ignorados”. Consecuentemente, sólo aceptando la universalidad de la dignidad humana es posible distinguir entre los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos para que sean garantizados por los estados individuales.

En una mayoría de estados Europeos los inmigrantes irregulares y víctimas del tráfico de personas no tienen acceso reconocido a asistencia legal o sanitaria o a una mínima subsistencia. En algunos países europeos, no tienen ni siquiera  acceso a las mínimas atenciones para el cuidado de la salud. Esto es totalmente contrario a la enseñanza de Jesucristo: “Fui forastero y me acogisteis” (Mateo 25: 35).

En su lugar, la Conferencia de las Comisiones de Justicia y Paz de Europa coincide con PICUM (Plataforma para la Cooperación Internacional de Inmigrantes Indocumentados) que debe existir un nivel mínimo de derechos humanos que se apliquen a todos los inmigrantes, incluyendo a los inmigrantes irregulares. Éstos son:
· el derecho al asilo
· el derecho a la ayuda del cuidado de la salud
· el derecho a organizarse
· el derecho a la educación y capacitación
· el derecho a una subsistencia mínima
· el derecho a la vida familiar
· el derecho a la integridad física y moral
· el derecho a la libertad religiosa
· y el derecho a la ayuda legal

Por ello,
· Considerando el hecho de que millones de inmigrantes irregulares viven y trabajan en Europa hoy.
· Considerando el hecho de que las condiciones de vida y trabajo de los inmigrantes irregulares en Europa suponen una discriminación respecto de lo que es normal en la sociedad en la que viven.
· Considerando el hecho de que cientos de miles de víctimas del tráfico de personas son forzadas a trabajar en condiciones incluso peores que los inmigrantes irregulares, condiciones comparables a una forma moderna de esclavitud.
· Considerando el hecho de que las convenciones internacionales de los derechos humanos hoy, no garantizan de facto que los derechos humanos de los inmigrantes – tanto regulares como irregulares- sean salvaguardados.
· Considerando el hecho de que existen tres recomendaciones y convenciones internacionales que pueden mejorar el respeto de la universalidad de la dignidad humana.

La Conferencia de las Comisiones de Justicia y Paz de Europa se une a otras organizaciones para demandar urgentemente que los parlamentarios de los países de Europa:

· Actúen decisivamente para asegurar un mínimo de derechos humanos para los inmigrantes irregulares según la Recomendación 1755 (2006) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa;
· Ratifiquen e implementen la Convención Internacional de la ONU para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Inmigrantes y los Miembros de sus familias., que fue adoptada unánimemente por la Asamblea General de la ONU en 1990, pero que sólo ha sido ratificada por tres países europeos.
· Ratifiquen e implementen la Convención sobre la Acción contra el Tráfico de Seres Humanos del Consejo de Europa  CETS Nº 197 de 2005, que ha sigo firmado por todos los estados miembro del Consejo de Europa pero sólo ratificada por cuatro (se necesitan 10 países para su efectividad).