Vivir y dejar vivir en paz y en justicia

Vivir y dejar vivir en paz y en justicia

Algo que debería ser lo normal de la vida, no lo es entre nosotros. Las tensiones, los problemas y los conflictos, son inherentes a la vida social y política de un país, pero no hasta el punto de ser un grave obstáculo para una convivencia equilibrada en el respeto al discrepante.

1.- El desgraciado comunicado de ETA, en el que anunciaba la  “apertura de todos los frentes de lucha”, en su formulación más esencialista de hace treinta años, ignorando proposiciones que creíamos más o menos “relativizadas” posteriormente, nos hace vivir de nuevo una situación de violencia, inseguridad y miedo, utilizado todo ello con fines políticos. ¿Dónde está la verdad de la afirmación de que se iban a usar vías estrictamente políticas para la pacificación y normalización del país?

La calculada habilidad para desviar responsabilidades o esconderlas en el saco sin fondo de las “consecuencias del conflicto”, es de una maldad incalculable. “La culpa la tienen los que no admiten nuestras proposiciones...” Lo de siempre. La culpa la tienes tú porque no haces lo que quiero yo. La responsabilidad de las consecuencias de la “apertura de todos los frentes...”, es de aquellos que han decidido tal apertura. Decir lo contrario es falsear la realidad con la intención de confundir. Ante los atentados, la amenaza, el chantaje y el insulto que no pocos sufren cada día en nuestros pueblos, no es suficiente para justificarlos decir de forma etérea que “algo tendremos que hacer entre todos...”. Basta darse una vuelta por la geografía vasca, para constatar y sufrir lo que decimos. ¿Hasta cuándo así? ¿Se busca el enfrentamiento civil? ¿Acaso la militarización del País? ¿Es ésta hoy la manera de liberar a nuestro pueblo?

Tampoco es suficiente para eludir la responsabilidad ante estos hechos, afirmar, que no hay que mirar al pasado ni emitir condenas inútiles... ¿Se puede construir el futuro en paz sin hacer referencia a este pasado y presente degradado por las connotaciones de la lucha armada y su entorno? ¿Se puede omitir el recuerdo de las víctimas y de tanto dolor inocente?

2.- Esta situación, no es fruto de la pura casualidad. La permanente deslegitimación del oponente político y de las instituciones que nos hemos dado, está previamente analizada al detalle, justificada, y socializada, en algunos sectores sociales y de modo especial en grupos juveniles, desde una perspectiva revolucionaria, a la que se le atribuye toda clase de bondades morales y por el contrario, sólo cobardía, miedo y corrupción al que es atacado. En esta misma línea luchar contra los que piensan de forma contraria es un deber moral y un acto de generosidad

ETA pretende actuar así en nombre del pueblo. Pero ¿en nom-bre de qué pueblo actúa ETA? Si ella afirma que es el Pueblo Vasco quien ha de definir su propio destino, no tiene sentido que se constituya garante de la decisión de ese mismo pueblo. La voluntad de ETA, de actuar como “garante” de la auténtica voluntad del Pueblo Vasco, demuestra la pretensión de sustituir la voluntad de ese pueblo, hoy y aquí, por su  propia voluntad. Pero también hoy, se le debe reconocer  a este  pueblo su derecho a decidir sobre su propio destino, en solidaridad y como fruto de su propia madurez política.

Precisamente por ello, deslegitimar a ETA, no es atacar la voluntad mayoritaria del Pueblo Vasco, aunque esto es lo que quiere hacer ver a la opinión pública la misma ETA. El conflicto vasco con los matices que se quiera, no se limita a la desaparición de ETA ni a la violencia de ésta. Con ETA o sin ETA, el problema continúa existiendo y ha de plantearse nuevamente su solución. En este contexto ha de situarse el alcance del diálogo, el acuerdo y la negociación, teniendo en cuenta la “experiencia fracasada” de la anterior mesa política. Es algo que el nuevo proceso de normalización no debe olvidar. Es cierto que la ruptura de la tregua y el desengaño por la ruptura del proceso ha tenido también otros efectos. Es comprensible el desencanto de esta declaración por parte del gobierno del Estado, pero no por ello se puede caer en una radicalización de respuesta ni confundir la legítima respuesta a los atentados de ETA y los pasos que se deben dar en la normalización política.

 Confundir causas con métodos y desacreditar una causa en sí misma legítima, (y que tiene cabida en una democracia) , apelando a los métodos con que algunos la defienden. En este contexto, la idea de que “si ETA atenta, es señal de que la política del Gobierno es la correcta”, es absolutamente irracional. El Estado, tiene un problema abierto que no podrá resolverlo apelando sólo a la fuerza, la represión y la ilegalización de Batasuna.

Aunque no en su totalidad, la inmensa mayoría de los vascos está de acuerdo en la afirmación de la existencia de un problema definido como desencuentro con el vigente marco político. Esto es distinto al problema planteado por la violencia de ETA y lo que subyace más allá de la violencia de ETA. Nos referimos en concreto, al modo de relación con el Estado español, definido en el marco jurídico-político vigente en este momento histórico. Actualmente este problema se expresa en términos de “normalización”. Una expresión que significa la situación jurídico-política en la que el Pueblo Vasco viva “pacíficamente” su modo de relacionarse con el Estado español, como libre aceptación de la situación establecida. La inexistencia de una “normalidad” así entendida, se puso también de manifiesto en la constitución de la “mesa política” planteada tras la declaración del alto el fuego en marzo del año pasado. No se trata pues, de un problema suscitado por la ruptura del alto el fuego de ETA.

3.- A pesar del fracaso iniciado, la realidad es que hay que plantear estos problemas que necesitan un proceso de solución. Este nuevo proceso debe garantizar la participación de todas las sensibilidades políticas en absoluta libertad e igualdad, superando amenazas o dificultades legales. Esta participación de todas las fuerzas políticas, aceptando exclusivamente métodos pacíficos, antes que una exigencia legal de la ley de partidos, es un imperativo ético, que dimana del mismo pueblo vasco, que ha manifestado en infinidad de ocasiones querer seguir por este camino.