Breu informe de Justícia i Pau de Barcelona a la Comissió de Pastoral Social de la Conferència Episcopal Espanyola

NOTA DE JUSTICIA Y PAZ DE BARCELONA SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ESPAÑA


A petición de la Secretaría Técnica de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española, ofrecemos un breve informe sobre algunas de las principales problemáticas que, a nuestro juicio, afectan más negativamente a los derechos humanos en España.

Este informe consiste principalmente en la síntesis de diferentes posicionamientos públicos de nuestra organización en los últimos años, así como de las informaciones obtenidas a partir de nuestro trabajo concreto en defensa y promoción de los derechos humanos en diversos ámbitos, que incluyen también informes de instituciones públicas y privadas, Ombudsmen y de ONG que nos merecen credibilidad, así como de organismos internacionales independientes sobre la situación de los derechos humanos en España y, muy especialmente,

- el informe del Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 9 noviembre de 2005,
- las Observaciones del Comité contra Tortura (CAT) de Naciones Unidas, supervisor de la aplicación del Convenio internacional contra la Tortura, en especial su último informe de noviembre de 2009.
- el informe del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda, de 2007,
- el segundo informe, de diciembre de 2008, del Comité de Expertos del Consejo de Europa para la aplicación de  la Carta de las Lenguas Regionales y Minoritarias,
- y, sobretodo, por su amplitud temática, las Observaciones formuladas en octubre de 2008 por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en adelante CDH, órgano supervisor de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) ratificado por España.

Nuestro punto de referencia son los derechos y libertades fundamentales establecidos por la vigente Constitución española, en el marco siempre de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos suscritos por España

España, como es sabido, ha suscrito la gran mayoría de Tratados Internacionales de protección de los Derechos Humanos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, Convención Internacional contra la tortura, Convenio Europeo de Derechos Humanos, Convenio europeo de prevención de la Tortura, Convenio Internacional sobre los Derechos de los Niños, Carta Europa de Lenguas Regionales y Minoritarias…), los cuales ha incorporado a su ordenamiento jurídico (art.10.2 de la Constitución), el cual reconoce y protege ampliamente dichos derechos.


Son importantes y continuos los avances realizados por el Estado español, desde la aprobación de la Constitución, en el respeto de los derechos humanos, gracias a la aprobación de numerosas leyes y la creación de instituciones y mecanismos de supervisión.

No obstante, resulta evidente que existen todavía graves violaciones de derechos humanos en diferentes ámbitos, algunas de las cuales imputables al Estado por acción u omisión. Este informe se refiere exclusivamente a ellas.

A nuestro parecer, los ámbitos en los que se producen las más graves vulneraciones de derechos humanos en España serían al menos los que se detallan a continuación. Todos los apartados son tratados de forma esquemática. (Para una mayor información con  fuentes y datos contrastados, estamos disponibles para ampliar este informe).

1. Vulneraciones del derecho a la Vida
2. Deficiencias en el sistema de Justicia Penal.
3. Problemáticas con respecto a los extranjeros residentes en España
4. Problemáticas en relación con la mujer
5. Legislación sobre partidos políticos
6. Derechos sociales y económicos. Problemas en colectivos especialmente vulnerables
7. Amenazas e intromisiones en el derecho a la intimidad
8. Derechos del personal militar
9. Las exportaciones de armas desde España
10. Persistencia del terrorismo en España
11. Derecho a libre determinación de los pueblos
12. Obstáculos para el ejercicio de derechos lingüísticos
13. Los derechos fundamentales y su tutela judicial


1. Vulneraciones del derecho a la Vida

Debe iniciarse este balance con una breve referencia a las vulneraciones del derecho a la Vida en España (art. 15 Const), que es el derecho más básico y presupuesto del resto de derechos fundamentales.

A este respecto cabe hacer dos referencias. Por una parte, el repunte en la tasa de homicidios y asesinatos por habitante que se ha producido recientemente en España, que rompió la tendencia descendente desde hace cinco años, subiendo un 0,12 puntos en el año 2008, según el último informe de evolución de la criminalidad publicado por el Ministerio del Interior. En el 2008 se contabilizaron 1.019 casos de asesinato y homicidios, una tasa del 2,61%, cuando en el 2007 fueron 985 los delitos de este tipo, el 2,49%. Una parte de estos delitos constituyen la expresión del fenómeno de violencia contra la mujer, sobre la que nos referimos en el apartado 4.

El otro gran frente de vulneración de este derecho se refiere a los no nacidos. Aun cuando en nuestra organización existen diferentes posiciones sobre la legitimidad eticopolítica y oportunidad de la represión penal (sobretodo de ciertas formas de represión penal que conllevan prisión) de algunos determinados supuestos de aborto, no cabe duda de que el fenómeno actual del aborto es un grave mal, como ha señalado reiteradamente la Iglesia, cuyas dimensiones son inadmisibles y no dejan de crecer (más de 122.000 abortos registrados en el 2008, cuarto puesto de la UE). Por ello, es necesario un esfuerzo muy superior, en muy diferentes ámbitos (cultural, educativo, medios de comunicación…) de todos los poderes públicos y la sociedad en general para conseguir una profunda reducción del número de abortos provocados en nuestro país.


2. Deficiencias en el sistema de Justicia Penal.

Son múltiples, graves y variadas las deficiencias de nuestro sistema penal, que afectan a derechos y libertades fundamentales (especialmente el principio de legalidad, la libertad, la seguridad, la integridad física y moral y la prohibición de torturas y otros tratos inhumanos o degradantes).

Muchas de estas deficiencias han sido denunciadas por organismos internacionales. Resumidamente, afectan al menos a los siguientes puntos, relativos tanto a la legislación vigente como a las políticas gubernamentales y a las prácticas efectivas de los cuerpos policiales, los tribunales y las instituciones penitenciarias.

1) Uso excesivo y abuso de la detención preventiva y la prisión provisional. El CDH muestra una gran preocupación al respecto. La legislación vigente otorga un margen de discrecionalidad excesivo para la práctica de la detención preventiva y de la prisión provisional, que atiende a criterios legales dudosos y que permite en muchos casos un uso desproporcionado o arbitrario, que afecta a menudo a personas inocentes. Denuncia una duración excesiva de la prisión provisional (que puede alcanzar legalmente los cuatro años, lo que resulta incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el CDH). La prisión provisional debería ser acordada exclusivamente por un órgano diferente del instructor o investigador y en base exclusivamente a criterios procesales y no punitivos (véase Observaciones del CDH). En este sentido hay que señalar determinadas prácticas de lucha contra el terrorismo islamista que han supuesto una gran cantidad de detenciones y procesamientos de personas que posteriormente han sido exoneradas de toda responsabilidad criminal. Otro elemento a nuestro juicio que puede propiciar estas tendencias es la excesiva concentración de competencias en un tribunal como es la Audiencia Nacional, con la presión política y mediática que ello comporta.

2) Legislación excesivamente amplia sobre delitos de terrorismo (arts. 572-580 del Código Penal), poco respetuosa con el principio de legalidad penal, generadora de inseguridad jurídica y que permite la represión de conductas amparadas por las libertades políticas de reunión, asociación y participación política. En esta línea se pronuncia también el CDH.

3) Uso excesivo de la pena de prisión. Tasa de encarcelamiento más alta de Europa Occidental. La población reclusa en España no cesa de crecer desde al menos 1997, alcanzando en 2010 la tasa de 165 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes, superior a la de cualquier otro país de Europa Occidental (y el puesto 14 de los 65 de Europa). La política legislativa no hace más que agravar el problema, mediante la creación continua de nuevos delitos y endurecimiento de las penas, mientras que las penas y medidas alternativas no suponen un cambio efectivo.

4) Deterioro grave de la situación penitenciaria. Como consecuencia de lo anterior, y a pesar del esfuerzo inversor en construcción de equipamientos penitenciarios, muchos centros se encuentran en situación de sobrecapacidad y hacinamiento y los recursos dedicados a la reinserción son claramente insuficientes. Crece la conflictividad. Reformas legales recientes han restringido progresivamente el goce de beneficios penitenciarios y agravan la prisionización y alargan la duración efectiva de la pena. Otros problemas en este ámbito son la construcción de centros excesivamente grandes y alejados de centros urbanos, así como el alejamiento deliberado injustificado de determinados presos de su lugar de origen.

5) Tortura y malos tratos policiales y penitenciarios. El Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) vienen señalando desde hace tiempo esta problemática. Así, el ya aludido informe de 2008 del CDH se mostraba muy preocupado por la persistencia de denuncias por torturas y malos tratos y por la falta de una estrategia global del Estado para su erradicación. Por su lado, el CAT, en su reciente informe de noviembre de 2009, señala, entre otros aspectos, deficiencias en la legislación penal española contra la tortura así como en la legislación procesal cuando permite el uso de declaraciones en sede policial para fundamentar la condena judicial. También continua considerando demasiado elevado el número de muertes violentas y suicidios en custodia policial en las cárceles españolas. Se puede constatar que es muy alto el número de denuncias y condenas judiciales de funcionarios de policía y penitenciarios por detención ilegal, malos tratos o torturas en España. Existen también informes internacionales que señalan una insuficiente investigación de las denuncias de malos tratos policiales. Siguen sin aplicarse muchas de recomendaciones hechas a España hace tiempo por dichos organismos internacionales. La Coordinadora estatal de ONG contra la Tortura ha registrado en su último informe anual correspondiente a 2008 un total de 579 personas que han denunciado se víctimas de dichos delitos, así como un total de 135 funcionarios policiales o penitenciarios condenados por sentencia judicial en dicho año.

6) Incomunicación de detenidos. El CAT i el CDH señalan el mecanismo legal de incomunicación de detenidos, que puede durar hasta trece días, como situación favorecedora de malos tratos y vulneradora del derecho defensa. El CDH no le encuentra una justificación clara y lamenta que se mantenga, a pesar de las recomendaciones de diferentes organismos en este sentido.

7) Uso injustificado del secreto de sumario, que genera, de acuerdo con el CDH (que recoge diversas recomendaciones y jurisprudencia al respecto) un grave problema para el derecho de defensa de las personas sometidas al proceso penal.

8) Reducción del ámbito de la Jurisdicción Universal. Se acaba de aprobar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recorta drásticamente la competencia de jurisdicción universal de los tribunales españoles en los casos de genocidio y crímenes contra la humanidad, restringiéndola a supuestos muy reducidos (víctimas españolas o culpables residentes en España) difícilmente compatibles con las obligaciones internacionales de España en la persecución contra estos crímenes.

9) Ausencia de una doble instancia judicial en el enjuiciamiento de determinados delitos. El CDH viene señalado desde hace años que sigue sin existir la posibilidad en España de someter a un tribunal superior la sentencia condenatoria dictada por los tribunales penales españoles en primera instancia en buena parte de los procesos, como exige el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se mantiene restringida a un recurso de objeto limitado (casación). Se encuentra en un estudio una reforma, pero ésta sigue sin llegar.

9) Ley de Amnistía de 1977. El CDH apunta la imposibilidad legal de enjuiciar en España posibles delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad a la Ley de Amnistía de 1977. El CDH recomienda la revisión de dicha ley para impedir la impunidad de dichos delitos, que son imprescriptibles, dado que considera que las amnistías de violaciones graves de derechos humanos son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

10) Excesiva duración de muchos procesos penales, incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones efectivas de acusados y víctimas (art. 24 Const).

3. Problemáticas con respecto a los extranjeros en España


Son múltiples las situaciones de vulneración o dificultad en el ejercicio de derechos fundamentales de los extranjeros que se encuentran en España, como denuncian muy diversas instituciones y ONG, nacionales e internacionales.

A pesar del avance que en muchos ámbitos ha supuesto la reciente reforma de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades en España (que ha aplicado la doctrina del tribunal constitucional al respecto), es muy amplio el abanico de problemas no corregidos por dicha Ley, además de los que la misma ha creado, así como los que tienen su causa en otras normas o prácticas institucionales.

Dicho muy sintéticamente, dichas problemáticas se refieren, entre otros temas, a la inseguridad jurídica y excesiva burocracia, lentitud y discrecionalidad en la aplicación de buena parte de la legislación de extranjería, la ausencia frecuente de una tutela judicial efectiva, denuncias sobre trato policial discriminatorio y vejatorio, casos de violencia de carácter xenófobo contra algunos colectivos (especialmente romaníes, latinoamericanos y norteafricanos), discriminación en el trato judicial y penitenciario, restricciones injustificadas al derecho de reagrupamiento familiar, limitaciones sin fundamento al derecho a la educación postobligatoria, graves dificultades en el acceso a la vivienda, dificultades para ejercer la libertad de culto, debida a importantes resistencias vecinales ante la implantación de mezquitas y oratorios musulmanes, y un largo etcétera.

Hay que señalar también que España todavía no ha firmado el Convenio Internacional sobre protección derechos de los trabajadores migratorios y sus familias (1990).

Por lo que se refiere específicamente a los extranjeros en situación ilegal, se vienen denunciado graves problemas, como la falta de garantías en la situación del internamiento para expulsión y la excesiva amplitud del periodo máximo de su duración (hasta 60 días), casos de detenciones y expulsiones arbitrarias, sin adecuada tutela judicial, y, en general, una situación de vulnerabilidad legal, generadora de exclusión social.

Sigue siendo altamente preocupante, en relación al colectivo de extranjeros, los daños que infligen las organizaciones que promueven la entrada ilegal en España y la trata de personas por parte de redes clandestinas, especialmente para fines de prostitución, así como las situaciones graves de explotación laboral de muchos trabajadores extranjeros, algunos en situación similar a la esclavitud.

Mención especial merece la situación de los menores extranjeros no acompañados. Múltiples organizaciones e incluso defensores del pueblo autonómicos han denunciado la falta de garantías para el derecho de defensa en el tratamiento y en la repatriación de estos menores, así como su consideración en muchos casos como mayores de edad sin fundamento justificado (la reciente reforma de la Ley de Extranjería introduce mejoras al respecto, pero se mantienen aun algunas deficiencias y ambigüedades). Otras ONG como Amnistía Internacional o Humans Rights Watch han denunciado la existencia de malos tratos en los centros de acogida.
 
Por último, numerosas organizaciones, como también el CDH señalan las graves dificultades para ejercer el derecho de asilo, en relación con los restrictivos criterios adoptados por la Administración y la insuficiente supervisión judicial de dicha práctica, como observa el CDH.


4. Problemáticas en relación con la mujer

Múltiples estudios sociológicos y jurídicos sobre la situación de la mujer en España acreditan sobradamente el hecho de que todavía no se ha conseguido remover importantes obstáculos para favorecer la igualdad real y efectiva (arts. 14 y 9.2 Constitución) en el disfrute de diferentes derechos y en el acceso a determinadas posiciones sociales por parte de las mujeres. Entre otros muchos ámbitos, persisten aún importantes diferencias entre hombres y mujeres en la retribución salarial y promoción profesional, así como en el acceso a cargos públicos de cierto nivel.

La violencia contra la mujer continúa siendo un fenómeno de extraordinaria gravedad que, a pesar de las múltiples iniciativas legales, no remite. El CDH denuncia la falta de medidas eficaces para promover la denuncia de estos delitos y la falta de una asistencia adecuada del Ministerio Fiscal. El CAT también muestra su preocupación y señala especialmente la gravedad de la violencia de género que sufren las mujeres migrantes en situación irregular.


5. Legislación sobre partidos políticos

Coincidiendo con el criterio expuesto por diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, y grupos políticos, entendemos que el régimen de causas de disolución de partidos políticos prevista por la Ley Orgánica de Partidos Políticos incluye términos excesivamente amplios que podrían vulnerar el derecho fundamental a la participación política. La aplicación de dichos preceptos por parte de los Tribunales españoles hasta la fecha respecto de determinados partidos políticos y agrupaciones electorales en el País Vasco nos ofrece importantes dudas sobre el grado de respeto a dicho derecho fundamental.


6. Derechos económicos y sociales. Problemas en colectivos especialmente vulnerables

Además de lo expuesto en referencia a personas encarceladas y extranjeros sin residencia legal (entre los que hay que destacar la especial precariedad del colectivo subsahariano y romaní), existen otros colectivos especialmente vulnerables que padecen graves dificultades para el ejercicio de derechos fundamentales, tanto derechos civiles y políticos como muy especialmente los derechos sociales, económicos y culturales.

Estas problemáticas requerirían una descripción muy amplia, pero dado que existen suficientes informes de diferentes organizaciones, entre ellos los encargados por  Caritas españolas, nos remitimos simplemente a ellos.

No obstante, en todo caso es oportuno recordar que entre estos colectivos, además de los dos citados, se encuentran muy especialmente los parados de larga duración, personas y familias sin ingresos de ningún tipo, enfermos mentales sin protección familiar, personas que viven solas sin familiares cercanos, personas con pensiones por debajo del salario mínimo interprofesional y personas sin hogar, entre otros.

Hay que señalar aquí las deficiencias en el funcionamiento de la tutela que debería asumir la Administración de las personas que no pueden gobernarse por sí mismas y no disponen de familiares que puedan ocuparse.

Hay que destacar también algunas problemáticas específicas que padecen los menores de edad en situación de desamparo de sus padres o tutores (buena parte de ellos extranjeros) y sometidos, no siempre en las mejores condiciones ni con los mejores recursos, a la tutela de la Administración. En este ámbito, cabe destacar que el Defensor del Pueblo, en su informe de 2009, muestra su preocupación sobre las condiciones en los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. Se hace eco de ello el Comité contra Tortura de Naciones Unidas, quien se muestra también preocupado por la práctica de aislamiento en muchos de estos centros así como de una administración de fármacos que se realizaría sin adecuadas garantías.

En este apartado, hay que destacar un grave y persistente problema como es las dificultades de amplios colectivos, más allá de los citados, para ejercer el derecho a una vivienda digna (art. 27 Constitución). A pesar de que la vigente crisis económica ha estabilizado e incluso reducido el precio medio de la vivienda en España, el acceso a una vivienda adecuada, ya de propiedad ya de alquiler, sigue siendo muy dificultoso para amplias capas sociales, entre las que hay que señalar a la juventud. Un informe de 2007 del Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho a una vivienda adecuada, cifraba en aquel momento en un 25% la proporción de población española con dificultades para acceder a una vivienda digna.

En este último capítulo, nuestra organización, junto con otras ONG, ha señalado que las recientes modificaciones en la legislación procesal vigente son poco respetuosas del derecho a una vivienda digna, ya que prevén mecanismos que exponen al riesgo de deshaucio fulminante a causa de una situación de precariedad económica, sin establecer mecanismos de ayuda para que los afectados puedan afrontar el alquiler y evitar la pérdida de su hogar.

Finalmente hay que señalar que el Estado español sigue sin ratificar el Protocolo Facultativo de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.


7. Amenazas e intromisiones en el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones

Otro de los aspectos señalados por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unides en su informe de 2008 es la insuficiente protección de datos de carácter personal, especialmente en relación con la lucha antiterrorista.

Este es un tema ya señalado en ocasiones por nuestra organización. Dicha insuficiente protección tiene su principal déficit en relación con las bases de datos electrónicos.

Se trata de una problemática que viene a sumarse a otras amenazas crecientes contra la intimidad de las personas, provenientes de la proliferación de tecnologías de la información y comunicación, que permiten graves invasiones en la esfera privada, así como de instrumentos técnicos de seguridad y vigilancia desarrollados o usados por las autoridades para la prevención del delito, como pueden ser, por ejemplo, los instrumentos de control de posición vía satélite, los mecanismos para la captación de conversaciones telefónicas y comunicaciones por internet, la proliferación de cámaras de videovigilancia en espacios públicos y privados o los medios de vigilancia crecientes y cada vez más invasivos en aeropuertos y otras infraestructuras.


8. Derechos fundamentales del personal militar

Problemática poco conocida, pero no baladí, son las vulneraciones de derechos humanos en el ámbito militar, así como la privación legal de ciertos derechos al personal de las fuerzas armadas en España, que incluye la Guardia Civil

Justicia y Paz ha señalado en diversas ocasiones los persistentes casos de malos tratos que sufren militares jóvenes en los acuartelamientos, sea por parte de compañeros o de superiores, los cuales son difícilmente son objeto de sanción. Sigue sin ponerse constituirse, a pesar de su previsión legal, el Observatorio de la vida militar, que tendría por objeto el seguimiento de esta problemática.

Por otra parte, sigue vigente una normativa que permite la imposición a militares de sanciones de privación de libertad por parte de la Administración militar sin verdadero control judicial, previsión incompatible con los tratados internacionales suscritos por España, así como restricciones injustificadas a los derechos sindicales del personal de la Guardia Civil.


9. Las exportaciones de armas desde España

Tratamos aquí de una problemática que no tiene que ver con la vulneración de derechos humanos en España, sino de una política o práctica estatal que supone una grave amenaza para los derechos humanos de la población de terceros países, sobre la cual Justicia y Paz de Barcelona y otras ONG han denunciado frecuentemente con numerosos informes, por lo que consideramos oportuno referirnos a ella.

Esta problemática no es otra que las autorizaciones del Gobierno español, hechas bajo secreto oficial, de ventas de armas fabricadas en España a gobiernos extranjeros que en muchos casos son señalados internacionalmente como responsables de graves violaciones de derechos humanos, como son el caso de Turquía, Arabia Saudita, Marruecos, Colombia, Israel, Venezuela, Unión de Emiratos Árabes o Sri Lanka, entre otros.

Esta práctica es difícilmente compatible con las recomendaciones aprobadas por la Unión Europea sobre exportaciones de armas así como dudosamente respetuosa de la Ley de control de transferencias de armas, que excluye las exportaciones de armas a países sancionados por Naciones Unidas, inestables, en conflicto armado, que vulneren los derechos humanos, que no condenen el terrorismo o que prioricen el gasto público en defensa por encima del gasto social (educación y sanidad

10. Persistencia del terrorismo en España

Cualquier informe sobre la situación de los derechos humanos en España debe dar cuenta de la persistencia de un importante actividad terrorista, que viene produciendo todavía muertes y lesiones graves, además de daños y coacciones, una parte de la cual relacionada con reivindicaciones sobre el estatus político del País Vasco y otra con el yihadismo internacional, a pesar de que esta última, después de los crímenes del 11-M-2004, no ha pasado de la fase de conspiración (al menos por lo que se refiere a atentados en España).

Hay que señalar que el Estado realiza y debe seguir realizando los mayores esfuerzos para evitar y en lo posible erradicar dicha violencia. Nuestra organización siempre ha señalado que la prevención de las acciones terroristas debe ceñirse estrictamente a las garantías penales y procesales propias de un Estado de Derecho y al respeto de los derechos fundamentales. Ahora bien, diversas normas legales y prácticas policiales al respecto aplicadas por el Estado español nos ofrecen serias dudas sobre el respeto a dichos principios, como se ha apuntado en el apartado 2 de este informe.

Por otra parte, nuestra organización siempre ha señalado que el combate al terrorismo no sólo debe realizarse mediante la prevención policial y represión penal de acciones violentas, sino también mediante la búsqueda de medidas y soluciones políticas en el ámbito nacional e internacional que, siendo justas, legales y de base democrática, desincentiven o eviten la adhesión de personas a las actividades terroristas o favorezcan su abandono, para lo cual no hay que descartar a priori el diálogo político serio con cualesquiera organizaciones políticas y movimientos sociales. En este terreno político nos parece que el Estado español aun no ha apurado todas las posibilidades que están a su alcance, al menos por lo que se refiere al terrorismo vinculado al País Vasco, sin perjuicio de las evidentes responsabilidades de otros colectivos implicados.


11. Derecho a la libre determinación de los pueblos

El art. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), ratificado por España, proclama el derecho a los pueblos a su libre determinación.

Hoy nadie puede negar ya que en el Estado español coexisten diferentes pueblos, con su propia lengua, identidad cultural histórica y consciencia colectiva. La mayoría de esos pueblos gozaron en el pasado de personalidad política y autogobierno propio, dentro de formas políticas diversas, si bien posteriormente fueron incorporados, a través de procedimientos diversos, en algunos casos mediante actos de fuerza militar, al Reino de Castilla, matriz del Reino de España y el actual Estado español. Para nosotros, inspirados en el documento de los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense de 27 de diciembre de 1985, esa realidad nacional resulta evidente en el caso al menos de Cataluña.

La Constitución española viene a reconocer la existencia de dichos pueblos cuando en su artículo 2 reconoce la existencia de diversas nacionalidades y les reconoce y garantiza el derecho a la autonomía política en el marco de lo establecido en el mismo texto constitucional.

Es por ello que, sea cual sea la interpretación que pueda darse a aquel precepto, estos pueblos gozan precisamente del derecho previsto en dicho artículo 1 del Pacto Internacional, es decir derecho a determinar libremente su estatus político y a autogobernarse.

Nuestra organización ha postulado siempre que el estatus jurídico-político de estos pueblos o nacionalidades diseñado en la Constitución española no respeta plenamente derecho que prevé el citado art. 1 del Pacto Internacional, ya que más allá de un régimen de autogobierno bajo las formas y los límites políticos y territoriales que establece la propia Constitución, no se prevé mecanismo jurídico posible para que dichos pueblos puedan expresar democráticamente, si fuere el caso, y les sea respetada, una voluntad de autogobernarse por encima de aquellos límites, de recuperar los niveles de autonomía política arrebatados violentamente en el pasado o de alcanzar la plena soberanía política, ya que restan incorporados a una “Nación española indisoluble e indivisible” (art. 2 Const), dentro de la cual, por la realidad demográfica, son siempre una minoría política en todas las instituciones constitucionales, que acaban imponiendo su criterio político.

12. Obstáculos para el ejercicio de derechos lingüísticos

La Constitución española establece que las lenguas españolas distintas del castellano serán oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas y serán “consideradas un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección” (art. 3). Algunos Estatutos de Autonomía (Cataluña, Balares, Valencia, Galicia y País Vasco) y numerosas leyes autonómicas han reconocido dichas lenguas como oficiales en sus territorio y establecido derechos lingüísticos para  sus hablantes.

Así mismo, el Estado español ratificó en el año 2001 la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (Estrasburgo, 1992), orientada a la protección de dichas lenguas y de los derechos de sus hablantes. Otros Tratados internacionales establecen disposiciones de protección de dichos derechos.

Aun cuando los derechos lingüísticos no cuentan con un reconocimiento jurídico expreso como derechos humanos fundamentales, parece evidente la conveniencia de incluirlos en este informe por su especial importancia en relación con la dignidad humana.

Parece evidente que desde la aprobación de la Constitución española, se ha producido un extraordinario y ejemplar avance en nuestro Estado hacia el reconocimiento, oficialización, protección, respeto, recuperación, dignificación y uso de tales lenguas, que marca claramente un antes y un después en la historia contemporánea del Estado español en este terreno.

No obstante, parece evidente también que la situación dista mucho de ser la adecuada y de ajustarse a ese especial respeto y protección que proclama la Constitución y la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. Esta no sólo es la percepción absolutamente mayoritaria que se tiene en Cataluña (opinión pública e instituciones de autogobierno) de la situación y una opinión muy extendida en otras comunidades autónomas españolas con lengua propia, sino también la opinión de diferentes organizaciones e instituciones de fuera de nuestro país, debiéndose señalar al respecto el informe sobre España emitido en diciembre de 2008 (de conclusiones similares al primero de septiembre de 2005) por el Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, que señalaba importantes deficiencias en diversos ámbitos en relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado español en el marco de dicha Carta.

Muy sintéticamente, las principales problemáticas actuales se producen en varios niveles. El más grave la absoluta falta de reconocimiento, protección y oficialidad de dichas lenguas en determinados territorios por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas a las que pertenecen y, por tanto, el desamparo legal y institucional de sus hablantes (básicamente es el caso de las lenguas habladas en Aragón, aragonés y catalán, donde solo hace unos meses por primera vez se ha aprobado una norma, y la zona de Carxe en Murcia, entre otras).

En segundo lugar, la falta de compromiso del Estado con la efectiva promoción interior y exterior de dichas lenguas y la imposibilidad o dificultades que se dan frecuentemente para ejercer los derechos lingüísticos ante buena parte de las administraciones dependientes del Estado, al no promoverse su conocimiento por parte de los funcionarios públicos, muy particularmente la Administración de Justicia, incluso en los territorios históricos de dichas lenguas. El inmenso desequilibrio legal y fáctico a favor del castellano, que impera de forma preponderante en todos o buena parte de los ámbitos sociales, en prácticamente todos los territorios donde existen estas lenguas, lo que impide su uso normal en ámbitos como el mundo económico, laboral, cultural, medios de comunicación social…, con grave amenaza para la supervivencia de todas o algunas de dichas lenguas.

En tercer lugar, la insuficiente protección y apoyo (cuando no menosprecio) de dichas lenguas por parte de algunas de las Comunidades donde son lengua cooficial, e incluso la existencia de políticas (caso de la Comunidad Valenciana) que promueven la fragmentación territorial de dichas lenguas mediante las fronteras de las comunidades autónomas, por motivaciones políticas de todo tipo injustificadas, etc.

13. Los derechos fundamentales y su tutela judicial


Muy brevemente cabe señalar que, de acuerdo con la Constitución española, no sólo se reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 Const.), sino que se asigna a Jueces y Tribunales, así como al Tribunal Constitucional, la misión esencial de protección de los derechos y libertades constitucionales.

La tutela judicial efectiva padece importantes limitaciones por las deficiencias que presenta secularmente el funcionamiento de la Justicia en España, aquejada de una persistente insuficiencia de personal y medios materiales y sobrecarga de trabajo. Esto propicia una capacidad de respuesta deficiente a las demandas en amparo de dichos derechos, que se traduce a menudo en investigaciones insuficientes en asuntos de vulneración grave de derechos humanos, resoluciones poco meditadas o mal fundamentadas en muchos casos y, desde luego, en grave retraso, especialmente en la jurisdicción contencioso-administrativa y en el Tribunal Constitucional, lo cual constituye una ausencia de protección efectiva.


Barcelona, 14 de febrero de 2010