DECLARACIÓN FINAL DEL VIII CONGRESO

Convocados por el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Comisión Episcopal de Pastoral Social bajo el lema “Iglesia, colectivos vulnerables y Justicia restaurativa”, más de 400 miembros de la Pastoral Penitenciaria Católica, procedentes de las diócesis españolas, hemos estado reflexionando sobre la realidad de nuestros sistemas penal y penitenciario desde la mirada creyente, que es propia de nuestra concepción de la vida.
Con tal motivo, proclamamos nuestra fe en Dios Padre. Nos ha regalado una tierra común para todos, nos ha creado radicalmente iguales y libres y quiere que todos los bienes de la tierra se destinen sin muros ni fronteras al servicio de todos los hombres y mujeres sin distinción.
Creemos en Jesucristo que pasó por el mundo haciendo el bien, que curó y que cuidó, que proclamó la libertad para los cautivos y que murió y resucitó en favor de todos sin excepción.
Creemos en la fuerza vivificante e irresistible del Espíritu Santo, que nos invita a la comunión, a ser fieles a nuestra tradición y a abrirnos con audacia creativa a los nuevos retos que la realidad social y penitenciaria reclama y en los que está en juego la suerte de los más pobres.

JUSTICIA RESTAURATIVA
Por ello, la Pastoral de Justicia y Libertad proclama su compromiso con  las personas privadas de libertad por cualquier causa. Ninguna de ellas está irremisiblemente perdida. Todas albergan un mundo inédito de posibilidades que reclaman el compromiso de los poderes públicos, de la sociedad y de la Iglesia para lograr que la igualdad y la justicia material sean efectivas.
Particularmente expresamos nuestra adhesión a los postulados de la Justicia Restaurativa o reconciliadora. A la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, optamos por un modelo de justicia que proteja de manera efectiva a la víctima, que responsabilice al infractor y que devuelva la paz social, minimizando el uso de medios coercitivos o violentos. Apostamos por todas las formas de mediación penal comunitaria como un modo de atender efectivamente las necesidades reales de las personas afectadas por el delito.

DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVOS VULNERABLES
Nos preocupan especialmente las situaciones de extremada vulnerabilidad de las personas con enfermedades mentales y discapacidades, de las mujeres con cargas familiares, de los extranjeros sin arraigo, de los ancianos y de los menores de edad privados de libertad, así como  todas aquellas otras a las que a la falta de libertad se suma la precariedad personal y social.
Reiteramos que la prisión no es la respuesta adecuada para estas situaciones, muchas veces previsibles y tratables en otros ámbitos más idóneos y eficaces. Menos aún aplicar la privación de un valor sagrado como la libertad por infracciones administrativas en materia de extranjería.
Solicitamos y esperamos de nuestras autoridades que fomenten de manera efectiva políticas preventivas de la criminalidad que atiendan  a la salud mental, su diagnóstico y tratamiento precoz, la atención integral a las drogodependencias  y que desarrollen políticas de extranjería compatibles con los derechos humanos, la movilidad y el destino universal de los bienes de la tierra.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Consideramos importante cultivar una pedagogía social que muestre la desproporción entre las altísimas cifras de personas en prisión y la circunstancia de encontrarnos por debajo de la media europea en tasas de delincuencia.
Esta distorsión tiene su origen principalmente en la lenta ejecución de las sentencias penales, en la falta de atención personalizada a las víctimas, en la inexistencia de una cultura jurídica de cómo funciona el Derecho y sus instituciones y, por encima de todo, en la explotación superficial, emotivista e interesada del sufrimiento.
En consecuencia, deseamos que los medios de comunicación social, especialmente los de la Iglesia, cuiden y cultiven los valores de la Justicia restaurativa y eviten la apelación al miedo al diferente y los estereotipos estigmatizadores que alejan de la verdad.
Queremos seguir sensibilizando a nuestra sociedad de que el Derecho penal no es la solución para todo y que no siempre la respuesta punitiva resuelve problemas que nacen de la desigualdad social.
La creación de vínculos sociales y eclesiales y valores como la acogida, la hospitalidad, la incondicionalidad y el respeto a la dignidad de las personas constituyen un requisito  fundamental en los procesos de reconciliación social. En ellos tiene un papel imprescindible la familia como primer espacio de socialización en la alteridad y en la creación de vínculos permanentes.
Iluminados y movidos por nuestra fe, ponemos en manos de Nuestra Señora de la Merced el compromiso para seguir trabajando infatigablemente en favor de los derechos humanos de todas las personas, singularmente de las más vulnerables, y promoviendo la Justicia Restaurativa que nos acerca un poco más al anhelo del Reino de Dios y de su Justicia que sólo consumará Quien es origen, camino y meta de todo.

Madrid, 12 de septiembre de 2010.