Los meses van pasando y la situación de precariedad que viven muchas familias ha ido en aumento. Inmersos en esta gran crisis sistémica, no vemos todavía el final del túnel. En este 2012 han aparecido normativas y se han firmado una serie de Tratados intergubernamentales tendentes a crear instrumentos de estabilización financiera y a garantizar la estabilidad presupuestaria, y se vuelve a hablar otra vez de proponer nuevos mecanismos para orientar las políticas financieras y presupuestarias de los estados miembros de la UE y de tomar medidas, como por ejemplo la necesidad de establecer las bases para que el Banco Central Europeo actúe como un tipo de reserva federal. Crecen las voces que reclaman una unión política más grande en Europa, porque si una cosa ha puesto de manifiesto esta crisis es que no se puede tener una moneda única sin instrumentos políticos que la sostengan. La unión política se convierte así una urgencia y es hora de abordarla.
La época que vivimos, pero, es la de un gran peso de los ejecutivos europeos y la de la proliferación de pactos intergubernamentales, cosa que ciertamente no quiere decir “más Europa”. De hecho, el proceso por la unión política está estancado por las reticencias por parte de los estados a ceder soberanía en ámbitos no sólo económicos sino también políticos. Así mismo, todas las propuestas para salvar el euro, las de corto y las de largo plazo, están fundamentadas hasta ahora en la eficacia y abren importantes interrogantes sobre su legitimidad democrática (ni la Comisión ni el Parlamento europeo han jugado un papel importante a la hora de proponerlas) e, incluso, en algunos estados miembros, sobre su constitucionalidad.
Esto nos trae a constatar que lo que necesitamos es una unión política sobre la cual se construya la unión bancaria, fiscal y económica, no a la inversa. La unión política es una exigencia previa si queremos de verdad salir de la crisis. Pero una unión política con legitimidad democrática, no dar más poderes a organismos con legitimidad técnica. Hay que abordar el reto del proceso de construcción de la Europa política y poner fin a sus déficits democráticos. Porque lo que está pasando es que, en el proceso de integración europea, la participación y el control democráticos quedan disueltos ante nuevas instancias decisorias que aparecen como entidades tecnocráticas, más que como entidades políticas, con el consiguiente detrimento de la democracia. Es imperativo, pues, acercar la construcción europea a los ciudadanos y reforzar su legitimidad democrática para que, no actuando de espaldas al “demos”, Europa tenga mayor adhesión popular. Esto enlaza con un tema crucial: la necesidad de una gobernabilidad global, de la cual la Europa comunitaria sería un nivel.
Estamos en el cruce de una nueva época y si una cosa se nos muestra como cierta es el hecho de que no podemos vivir la democracia tan sólo de “puertas adentro”; si el mundo no está estructurado y regido en aquello que es esencial para el progreso y desarrollo de las personas y de los pueblos por unas pautas democráticas, la democracia local será inviable. El proceso de globalización nos hace plantear como la universalidad del espacio que comporta y nos desborda se puede traducir de forma jurídica y política. Y así se ha podido hablar de la necesidad de un poder democrático que sea transnacional y que se exprese a través de la gobernabilidad, es decir, de la capacidad de tomar decisiones, responder a los conflictos y gestionarlos con legitimidad y eficacia.
Pero como que la era de la globalización es también la de la localización y que lo que es global y lo que es local se implican mutuamente –se ha podido hablar de la necesidad de construir un sistema de gobierno “glocal” en el cual lo global y lo local no sean excluyentes, sino que sean las dos caras de la misma moneda- es también bueno que nos preguntamos si puede ser efectiva una buena gobernabilidad global o, en este caso, europea, cuando en lo más cercano las actuaciones políticas se toman de espaldas a la ciudadanía, desincentivando que esta se implique participativamente. Dicho en otras palabras, es difícil llevar a cabo una buena gobernabilidad global que presuma de ser democrática si no se tiene en cuenta que la democracia tiene que desplegarse desde los niveles locales y requiere implicar a la ciudadanía si quiere tener éxito.
Urge, pues, profundizar la democracia en un sentido participativo si no queremos que pierda legitimación y que entonces su enemigo sea la desafección que puede abrir la puerta, especialmente en situaciones de grave crisis económica, a propuestas populistas que la historia nos ha mostrado que nada tienen de democrático. Un sistema de gobernabilidad global o europea, muy compleja, que tendría que posibilitar la asunción de responsabilidades compartidas por parte de todos los actores sociales en juego, es difícilmente edificable si no está arraigado en una democracia vivida también desde la base.
Estamos ante el reto de determinar nosotros mismos, mediante procedimientos de legitimación democrática, como queremos construir políticamente Europa. Esta construcción no es cosa que se pueda delegar en gobiernos, comisiones y funcionarios, que actúen desde arriba sólo; es tarea de toda la ciudadanía fortalecer las relaciones entre los pueblos europeos, limar asperezas, descubrir sinergias, reforzar la confianza y, sobre todo, apostar por un proyecto compartido que nos cohesione y nos ilusione, un proyecto que tenga como norte el desarrollo sostenible, la igualdad en la diversidad y la justicia, hitos, por otra parte, que aparecen ya en el vigente Tratado de la Unión Europea. Y todo esto asumido participativamente desde las diferentes democracias locales que constituyen este espacio capaz de convivir desde la diversidad cultural, porque tiene unas raíces que han conformado una cultura que posibilita el diálogo y el respeto.
Traducción a cargo de Justícia i Pau de Barcelona.
