Justicia y Paz, junto con otras organizaciones, hemos hecho público esta mañana nuestro posicionamiento sobre el acuerdo de los llamados minerales de conflicto (estaño, tungsteno, tantalio y oro) al que llegaron ayer el Consejo, el Parlamento y la Comisión europeos, con la intención de evitar las violaciones de derechos humanos y la violencia que el comercio de dichos minerales viene frecuentemente financiando.

Las organizaciones, que reconocen que la regulación aprobada es un paso importante en la dirección correcta, lamentan que el acuerdo prioriza los beneficios económicos de las empresas sobre los derechos de las personas y desaprovecha la oportunidad de una normativa más eficaz, en línea con las propuestas iniciales del Parlamento Europeo.

La determinación de áreas concretas de riesgo, la exclusión de muchos importadores de productos terminado o componentes y la posibilidad de aceptar la pertenencia a esquemas industriales de verificación como cumplimiento de la normativa, debilitan la capacidad de la Unión Europea para proteger a las personas y comunidades que sufren las consecuencias del comercio de los minerales de conflicto.

Las organizaciones sociales mantienen su compromiso de promover cadenas de suministro de minerales más transparentes, responsables y sostenibles.

Leer el comunicado