Artículo de Xavier Merino i Serra, miembro de Justícia i Pau Girona.


Tener la nacionalidad española sale caro y es difícil

Varias entidades gerundenses presentaron hace pocos días la campaña que han preparado para presionar para la derogación del Decreto 1004/2015, del pasado 6 de noviembre, que regula el procedimiento para obtener la nacionalidad española. Este cambio normativo, según las entidades, “es reflejo de una política más policial que integradora, y más de control que de fomento de la igualdad de oportunidades con el resto de la población”.

He leído su nota de prensa que presentarán próximamente a diversos ayuntamientos gerundenses y he quedado extrañado de que un decreto de tamaña importancia pase tan desapercibido para la mayoría de ciudadanos. Es por este motivo que he escrito este texto, para difundir los puntos que me han parecido más importantes.

El nuevo reglamento exige tramitar todo el procedimiento telemáticamente y la tramitación, que es competencia de la Dirección General de Registros y del Notariado tiene un coste de 100€. La persona que pide la nacionalidad española tiene que acreditar su grado de integración social mediante la superación de dos pruebas: la de lengua castellana, nivel A2, y una de conocimientos constitucionales y de la sociedad española. Las pruebas están diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes, tienen un coste de 209€ entre las dos y las tiene que hacer un centro que tenga convenio con el citado instituto. En las comarcas de Gerona sólo hay un centro acreditado para la prueba de lengua, que está en Lloret de Mar, y ninguno para los conocimientos constitucionales. Por lo cual el demandante de nacionalidad tiene que salir fuera de esta provincia.

Aquellas personas que habían pedido cita para presentar la petición de nacionalidad hace más de dos años, han tenido que reemprender el procedimiento de nuevo. Con ello se encuentran que parte de la documentación procedente de sus países de origen, que ya habían presentado, ha caducado y tienen que volver a pedirla.

Otra limitación es que las pruebas que se les piden no están adaptadas para personas con limitaciones de diversidad funcional o cuya formación no ha sido reconocida jurídicamente, ni para personas analfabetas o con escolarización muy baja, lo que vulnera los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

Tener que tramitar telemáticamente todo el procedimiento excluye a las personas que tienen pocos o ningún conocimiento informático. El decreto prevé que se puedan presentar solicitudes de nacionalidad de forma presencial hasta el 30 de junio de 2017. Pero hay algunos registros, como el de Gerona, que ya no aceptan la tramitación con cita presencial.
Hay que tener en cuenta que, según el artículo 130 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la acogida e integración de las personas inmigradas corresponde a la Generalitat, las cuales son ejercidas mediante los entes locales. La nueva normativa no reconoce la convalidación de los cursos de lengua impartidos por centros públicos de la Generalitat como escuelas oficiales de idiomas, centros de formación de adultos, universidades, Consorci per a la Normalització Lingüística, ni los procesos de alfabetización en catalán y no exonera de realizar pruebas de lengua.

A su vez, tampoco exonera a todas aquellas personas que hayan cursado estudios de ESO o superiores en institutos o universidades españolas, puesto que los solicitantes tienen que superar las dos pruebas pese a tener titulaciones académicas que contienen implícitamente los conocimientos que exige el decreto.

El día 11 de junio ya se hizo en Gerona una manifestación para pedir la derogación de este decreto y la derogación de la Ley 15/2015 y próximamente se presentarán mociones a varios ayuntamientos para que se definan sobre esta problemática y dar apoyo a la petición de derogación del decreto y modificación de la ley ya citados.

Me parece plenamente justificada la actuación contra el decreto que, además de vulnerar las competencias del Estatuto de Cataluña, también dificulta la obtención de la nacionalidad española a todos aquellos inmigrantes que tienen los años de residencia exigidos y ahora se les ponen palos en las ruedas. Muchos de ellos habían trabajado en la construcción y los primeros años de la crisis del ladrillo se quedaron sin trabajo y han sobrevivido como han podido. Espero que la oposición a este decreto se extienda a lo largo de toda la península, que sea muy efectiva y logre derogar el decreto.


Xavier Merino i Serra, miembro de Justícia i Pau Girona.
4 de julio de 2016