Justícia i Pau denuncia el asesinato de Antonio Trejo, abogado defensor de los derechos humanos víctima de los conflictos de los campesinos en Honduras

Los campesinos de la región hondureña del Bajo Aguán llevan más de 40 años viviendo una situación de abuso y violencia por parte de grandes empresarios con el consentimiento del Gobierno y la Administración de Justicia. Los defensores de los derechos humanos de la zona, como Antonio Trejo, han sufrido graves represalias.

 

País Honduras
Tipos de violación de DH Amenazas, lesiones, asesinatos, hostigamiento judicial
Víctimas Campesinos y defensores de Derechos Humanos
Acciones de denuncia Presión mediática, política y social.
Incidencia de instituciones internacionales (CIDH, CEJIL, HRW...)

 

Desde Justícia i Pau denunciamos la situación que se está viviendo en la región del Bajo Aguán, en la ribera del río Aguán (Honduras), desde el año 2009, a raíz del golpe de Estado que sufrió el país. Es por ello que nuestra Comisión de Derechos Humanos se ha puesto en marcha para denunciar esta situación tan grave, con el objetivo de hacer presión para que el sistema judicial hondureño le ponga fin y tome las medidas necesarias para que casos como este no se vuelvan a repetir.

Durante la década de 1970 tuvo lugar una reforma agraria gracias a la cual los agricultores de la zona, que llevaban años trabajando y viviendo en las tierras, se hicieron propietarios. Sin embargo, en el año 1992, se promulgó una ley que generó una concentración de la titularidad de las tierras en manos de pocos terratenientes. Este traspaso de la propiedad fue rodeado de maniobras fraudulentas, que disminuían más y más los derechos de los campesinos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó unos análisis donde señalaba la publicación de la “Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrario” como el inicio de las disputas, ya que, desde de esta ley, miembros de las cooperativas campesinas han sido duramente reprimidos para que vendan sus terrenos a compañías de concentración de tierras agrarias.1

A raíz del resultado de dicha ley, el Sr. Antonio Trejo, abogado y defensor de los Derechos Humanos, inició una serie de procedimientos judiciales en defensa de esta injusticia, que culminó en tres sentencias en favor de los derechos de los agricultores. Las sentencias se convirtieron firmes porque los empresarios no las recurrieron.

Cabe decir que, durante los procedimientos judiciales, el Sr. Trejo sufrió todo tipo de amenazas de muerte, y por más que lo denunció y solicitó la adopción de medidas de protección, las autoridades hondureñas no hicieron caso. Incluso la CIDH recomendó a Honduras, sin éxito, ofrecer protección especial hacia estas personas defensoras de derechos humanos de la región, así como sus familiares.2

En julio de 2012, cuando ya se había devuelto la propiedad de las tierras a los campesinos, aunque, completamente fuera de plazo, los empresarios interpusieron un recurso de amparo, y de manera irregular lograron una resolución favorable a sus intereses, por lo que, de nuevo, se retiró la propiedad de las tierras de los campesinos, desalojándolos de manera violenta.

Ante todas las irregularidades que se habían cometido durante este proceso, los campesinos acudieron en agosto de 2012 en la Corte Suprema de Justicia, en la capital del Estado, donde se les había prometido una reunión con el presidente de la misma. Sin embargo, cuando llegaron, se encontraron que quien había asistido a esa reunión eran los abogados de los empresarios que habían recurrido la sentencia por la que se habían quedado sin tierras. Repentinamente, el presidente cambió de idea y se negó a recibir a los campesinos. En esta situación, estos decidieron manifestarse pacíficamente ante la Corte Suprema. Los agentes de la autoridad respondieron violentamente, y el episodio terminó en una disputa donde 25 miembros de las organizaciones campesinas fueron detenidos y 3 personas tuvieron que ser hospitalizadas (entre ellas, un menor de 16 años).

Gracias a la actividad del Sr. Trejo y a la presión social, las 25 personas detenidas, acusadas de manifestación ilícita, fueron liberadas con una medida sustitutiva de la libertad. No obstante, el procedimiento judicial ha durado 45 meses, hasta que en junio de 2016 se les absolvió de todos los cargos.

Desgraciadamente, el Sr. Trejo no vivió para presenciar estas sentencias absolutorias, ya que fue asesinado en septiembre de 2012. Actualmente, cinco años después de la muerte del Sr. Trejo, aún no se han investigado las causas ni los responsables del delito.

Al asesinato del Sr. Trejo se le suman el de 92 personas más sólo entre 2009 y 2012. Así, Justícia i Pau también ha recibido y denunciado el caso del asesinato del Sr. José Ángel Flores, Presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), que fue herido de muerte junto con otros campesinos miembros del movimiento, como también ha denunciado el caso de la líder Berta Cáceres.

Algunas organizaciones internacionales, a partir del eco que causó la muerte de esta última persona, han denunciado la grave situación del Bajo Aguán. Es el caso del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que ha apuntado que, entre los años 2000 y 2016, se ha documentado la criminalización de más de 700 personas defensoras de derechos humanos y, en muchas ocasiones, de la mano de violencia sexual y agresiones contra mujeres que trabajan en movimientos de resistencia.3 Por otra parte, organizaciones como Human Rights Watch han remarcado la falta de investigaciones y la alta impunidad hacia los perpetradores de crímenes contra la población campesina.4

Como se puede comprobar, el contexto de violencia generalizada del Bajo Aguán no ha pasado desapercibido a nivel internacional: la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló la existencia de un grave conflicto de tierras entre campesinos y empresarios que ha derivado en constantes asesinatos, amenazas, hostigamientos y desapariciones forzadas contra campesinos que se han dedicado a defender sus territorios.5

Esta situación de violencia e impunidad está fuertemente vinculada al despliegue de las Fuerzas Armadas para toda la región, unos cuerpos militares que ostentan facultades tan diversas como la enseñanza a niños de entre 5 y 23 años, funciones penitenciarias o de protección civil. De hecho, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, en una visita oficial a Honduras, puso de relieve el alto grado de politización, polarización y estigmatización que hay en la región. Esto ha llevado a que gran parte de las personas defensoras de derechos humanos que asistieron jurídicamente a los campesinos han sido amenazados, agredidos gravemente y desprotegidos judicialmente, ya que la policía se niega a tomar nota de sus denuncias.6

La pasividad del Estado hondureño ante esta situación es de extrema gravedad.

Por ello Justícia i Pau hace un llamamiento a la justicia, como medio para alcanzar la paz, y reclama que el Estado hondureño lleve a cabo las siguientes acciones:

1. Garantizar que se ponga fin a todo tipo de acciones de hostigamiento, y sobre todo a nivel judicial, en contra de los campesinos y defensores de los derechos humanos en el Bajo Aguán.
2. Proporcionar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar tanto la seguridad física como psicológica de los campesinos que habitan en el Bajo Aguán.
3. Realizar una reunión con el presidente de la Corte de Justicia del Estado tal y como se había pactado, a fin de tratar de persona a persona las irregularidades registradas a lo largo de este caso.
4. El regreso de las tierras a los campesinos, quienes son propietarios, y los que se han visto obligados a desalojar de forma forzosa.
5. Combatir la falta de impunidad.

 


1. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/MC50-14-ES.pdf

2. http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC65-15-es.pdf

3. https://www.cejil.org/es/presentan-cidh-situacion-derechos-humanos-del-bajo-aguan-honduras

4. https://www.hrw.org/es/report/2014/02/12/aqui-no-hay-investigaciones/impunidad-de-homicidios-y-otros-abusos-en-el-bajo

5. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf P.71

6. http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/AHRC2247Add.1_Spanish.PDF