1

Justícia i Pau denuncia el atentado perpetrado contra Francisco Javier Gómez Ayala, abogado y defensor de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (DHOC).

El abogado estaba trabajando en la representación de 40 familias víctimas de despojo de tierras por parte de la empresa petrolera Occidental de Colombia en el corregimiento de Brisas en Arauquita, Arauca. El defensor estaba en situación de riesgo a causa de sus diferentes denuncias, y la Fundación DHOC hace más de un año había solicitado ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) un esquema de seguridad para Gómez; no obstante, no se recibió respuesta alguna por parte de la entidad.

 

 País Colombia
 Tipos de violación de DH Amenazas, lesiones, asesinatos
 Víctimas Defensores de derechos humanos
 Acciones de denuncia Presión mediática, política y social

Incidencia de instituciones internacionales

 

Este caso representa sólo uno de los muchos que están afligiendo a defensores y defensoras, líderes sociales y comunitarios colombianos. Desde Justícia i Pau estamos profundamente preocupados por esta situación y remarcamos que la persistencia de la violencia puede poner en riesgo el propósito común de la paz en el país.

Al contrario de lo que pudiera pensarse, desde que los acuerdos de paz han estado sobre la mesa para su firma y ratificación, las cifras de personas amenazadas y asesinadas han aumentado, afectando especialmente a líderes comunitarios, activistas ambientales y en favor de los derechos sobre la tierra y a personas que hacían campaña por la paz, la justicia y contra la impunidad, sobre todo en zonas rurales.

Aunque no hay datos uniformes sobre los actos de violencia cometidos durante 2016 contra este colectivo, se barajan varias cifras de distintas organizaciones de derechos humanos. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios, 44 ataques, 210 amenazas (69 colectivas), 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores), 3 desapariciones forzadas y un caso de violencia sexual. Entre las 59 víctimas asesinadas se encuentran cuatro mujeres, seis líderes indígenas, tres líderes LGBTI, tres sindicalistas, un líder afrocolombiano y dos líderes juveniles. En este año 2017 se han sucedido ya más de 100 amenazas, atentados y asesinatos de líderes sociales en el territorio colombiano.

En su informe anual sobre la situación humanitaria en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advierte que aún es prematuro hablar de posconflicto. Aunque la firma de un acuerdo de paz con las FARC sea altamente positiva para el país, la situación de los derechos humanos sigue siendo grave y cada vez menos visible. Incluso es más preocupante y compleja debido a los cambios en la fisionomía de los diferentes conflictos y a los nuevos intereses subyacentes -económicos y transnacionales. De hecho, en los últimos meses la mayoría de las amenazas se atribuyen a grupos paramilitares que perciben a estas personas como una amenaza para los intereses económicos y políticos de algunas personas y empresas.

Según consta en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos, del 9 de diciembre de 1998, “toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. En Colombia las cifras ponen de manifiesto que las personas no pueden ejercer este derecho ni con libertad ni con garantías. Los y las defensoras son los primeros en sufrir las violaciones de los derechos que ellos mismos defienden.

Su labor en defensa de pueblos indígenas, población afrodescendiente y comunidades campesinas desafía a poderosas élites políticas, económicas y militares y al mismo gobierno, recordándole sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estos activistas locales son una valiosa fuente, a veces la única, de lo que realmente está sucediendo en un país como Colombia ya que son ellos y ellas quienes alertan a ONG, medios de comunicación e instituciones internacionales sobre las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en zonas remotas.

En este esperanzador momento de construcción de la paz en que se encuentra inmerso todo el país, el papel de los defensores y defensoras -en situación de especial vulnerabilidad- es fundamental para que el proceso concluya con éxito. Sin embargo, salta a la vista por la oleada de violencia que atacó y ataca principalmente a estos líderes que no será un camino fácil y que, de no tomarse las medidas preventivas, de protección y sobre todo las garantías necesarias de manera inmediata, el resultado puede ser realmente desastroso.

Desde Justícia i Pau reiteramos nuestra preocupación sobre el alto nivel de impunidad en los casos de agresión contra los defensores de derechos humanos.

Por todo esto, Justícia i Pau hace un llamamiento a la justicia, como medio para alcanzar la paz, y reclama que el Estado colombiano lleve a cabo las siguientes acciones:

I. Investigar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los asesinatos y amenazas sufridas por los defensores y defensoras de derechos humanos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, justo e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley.

II. Defender públicamente a través de discursos oficiales y declaraciones públicas la legitimidad de las actividades de los defensores y las defensoras de derechos humanos y específicamente la legitimidad de las actividades de los defensores que acompañan casos sobre derechos relacionados con la tierra y sobre hechos del conflicto armado.

III. Brindar medidas efectivas de protección y seguridad a líderes y lideresas sociales y a defensores de derechos humanos.

IV. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.

---------------------------------------------------

Retos Humanitarios 2017: Informe Colombia 2016, Comité Internacional de la Cruz Roja

Informe Anual (2016) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia

Grave aumento de asesinatos de quienes defienden los derechos humanos en Colombia_Marzo 2017_PBI Colombia y OIDHACO

CIDH condena el aumento de asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia_2016

CIDH condena asesinatos a defensoras y defensores de derechos humanos en América Latina_2017

Defensoría del Pueblo: en los últimos 14 meses fueron asesinados 120 líderes sociales

 

23