camboya1Desde Justícia i Pau denunciamos con preocupación la situación de violaciones de derechos humanos que se está viviendo en Camboya y que está afectando en particular a los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión.

El uso indebido del sistema de justicia por parte de las autoridades camboyanas ha aumentado durante el último año. Las fuerzas de seguridad siguen hostigando y castigando a la sociedad civil con el fin de silenciar las críticas. Defensores y defensoras de derechos humanos han sido arrestados y detenidos por el desempeño pacífico de su labor. Varios de ellos están a la espera de juicio, mientras otros han sido enjuiciados y condenados. Otros se han visto obligados a abandonar el país ante las amenazas, intimidaciones y la fuerte vigilancia a la que estaban sometidos, que les hacía temer por su seguridad.

País Camboya 
Tipos de violación de DH       

Limitación a los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión. Juicios arbitrarios.

Víctimas Defensores de Derechos Humanos
Acciones de denuncia Presión mediática, política y social, incidencia de instituciones internacionales

Durante el mes de mayo de 2016, se inició un histórico proceso contra cinco miembros del personal de la Asociación Camboyana de Derechos Humanos y Desarrollo (ADHOC), que habían sido detenidos en abril, bajo la acusación de sobornar a un testigo. Un ex miembro del personal de ADHOC y vicesecretario general del Comité Electoral Nacional fue acusado también de complicidad. El proceso estaba relacionado con el asesoramiento y apoyo que ADHOC había proporcionado a una mujer que presuntamente había mantenido una relación extramarital. En octubre, el juez instructor amplió la detención en espera de juicio a un año. En diciembre, el ministro del Interior anunció que los cinco quedarían en libertad, pero no se tomó ninguna medida al respecto.

camboya2Estos hechos sucedidos en mayo de 2016 empujaron a la sociedad civil a lanzar la campaña pacífica “Black Monday” (Lunes negro) para pedir la puesta en libertad de estas personas. Los manifestantes, vestidos de negro, participaron en reuniones y vigilias semanales y publicaron imágenes en las redes sociales. Las autoridades intentaron prohibir las protestas y amenazaron, detuvieron y recluyeron a participantes que, en general, sólo fueron puestos en libertad tras firmar declaraciones comprometiéndose a no volver a manifestarse.

Las autoridades camboyanas justificaron la prohibición de manifestarse sobre la base de que la campaña incitaban a una “revolución de colores”. En una vigilia de “Black Monday”, el 15 de agosto, fueron detenidas Tep Vanny y Bov Sophea, miembras de la comunidad Boeung Kak y defensoras de los derechos a la tierra. Fueron juzgadas el 22 de agosto y condenadas a seis días de prisión por insultar a un funcionario público. Bov Sophea quedó en libertad después de cumplir la pena.

camboya3

Tep Vanny no corrió la misma suerte: las autoridades la retuvieron bajo custodia para investigar un cargo reactivado por haber participado en unas protestas en marzo de 2013. Más tarde, en el mes de septiembre, Tep Vanny y otros miembros de la comunidad de Boeung Kak fueron condenados a seis meses de cárcel por obstruir la actuación de funcionarios públicos e insultarlos en una protesta de 2011.

Recientemente, en febrero de 2017, la Corte Municipal de Phnom Penh ha juzgado a Tep Vanny, acusándola de “violencia intencional con circunstancias agravantes” y condenándola a dos años y seis meses de prisión en relación a las protestas de 2013, reabiertas en agosto de 2016, a pesar de que no se hayan presentado pruebas concluyentes para justificar las acusaciones formuladas contra ella o para probar que se había cometido violencia contra la para-policía.

camboya5Los expertos de derechos humanos de la ONU han sido llamados a examinar las detenciones de estas activistas defensoras de los derechos humanos. Se sospecha que las decisiones judiciales tienen una motivación política y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU está investigando el caso para averiguar si las sentencias proclamadas por los Tribunales Camboyanos son “arbitrarias”.

Como ha declarado por el Relator Especial sobre los Derechos Humanos en Camboya, Rhona Smith, “el uso de disposiciones penales como pretexto para la supresión y la prevención del legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y para silenciar a los defensores de los derechos humanos es incompatible con el art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha sido ratificado por Camboya”.


Por todo lo anterior, desde Justícia i Pau hacemos un llamamiento a la justicia y al respeto a los derechos humanos, reclamando que el Estado camboyano lleve a cabo las siguientes acciones:

1. Poner fin a todos los actos de acoso – incluso a nivel judicial, contra los defensores de derechos humanos en Camboya, de manera que puedan llevar a cabo su trabajo sin obstáculos o miedo a represalias;

2. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba denunciados, con el objetivo de aclarar las circunstancias según establece la Ley;

3. Asegurar en todas las circunstancias el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Camboya.

4. Garantizar en todas las circunstancias la integridad física y psicológica de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Camboya.

5. Asegurar la efectiva posibilidad de ejercer las libertades de expresión, asociación y reunión.