venezuela juny2017 4Justícia i Pau condena el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la aplicación de la jurisdicción militar a manifestantes.

El 30 de marzo de 2017 estallaron protestas masivas en Venezuela, cuando partidos y grupos simpatizantes de la oposición convocaron marchas en varios puntos del país en rechazo a las sentencias, posteriormente modificadas, en las que el Tribunal Supremo de Justicia anunció que asumía las competencias de la Asamblea Nacional por encontrarse esta última en situación de desacato. Varias de las protestas que inicialmente se desarrollaron de manera pacífica fueron dispersadas o reprimidas violentamente en medio de un fuerte despliegue de efectivos de seguridad. Centenares de manifestantes habrían sido detenidos en varias ciudades del país, muchos de ellos estudiantes y menores de edad.

Según ha declarado la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, desde que empezaron las protestas hasta el 24 de mayo, 55 personas habían fallecido, incluyendo varios adolescentes, y más de mil personas habían resultado heridas debido a los enfrentamientos entre manifestantes, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana y grupos paramilitares (fuente: Human Rights Watch).

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Un gran número de muertes y heridos graves, entre ellos manifestantes y transeúntes, ha resultado del uso de armas de fuego y armas menos letales, en particular bombas de gas lacrimógeno, gas pimienta y perdigones. También ha habido personas arrolladas por vehículos antimotines y muchos casos de asfixia por inhalación de gases tóxicos. 

Además, se ha reportado la presencia de grupos civiles armados, conocidos como “colectivos” , que realizaban labores de contención de la protesta ciudadana y habrían disparado con armas de fuego, asesinando e hiriendo a manifestantes. Esta situación se agravó con la activación del denominado “Plan Zamora 200”, el 18 de abril de 2017, el cual, contrariamente a la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas y a “fuerzas populares” labores relativas al control del orden público.

Preocupa profundamente el uso de la jurisdicción penal militar para detener y juzgar a civiles, situación que ha sido documentada en más de 250 casos, lo que vulnera el derecho a un juicio con todas las garantías y el derecho al juez imparcial, garantías básicas para asegurar el derecho a un recurso efectivo. Esta situación se enmarca en un contexto de criminalización generalizada de aquellas personas que participan en las protestas, las cuales han sido tildadas de “terroristas” por parte de representantes del gobierno y acusadas de delitos que acarrean altas penas como el de “rebelión”.

También se han registrado presuntas irregularidades y abusos durante la práctica de las detenciones y el traslado a dependencias policiales y militares. Fuentes fidedignas también coinciden en denunciar hechos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes bajo custodia, incluyendo a víctimas menores de edad.

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Justícia i Pau recuerda que, según las normas internacionales, la fuerza letal por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo puede utilizarse cuando sea estrictamente necesario en defensa propia o de terceros ante una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves. En este contexto, cabe destacar que el uso de la fuerza empleado sin atenerse a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad puede ser constitutivo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, está prohibido el disparo de proyectiles de gas dirigidos al cuerpo de personas, sobre todo cuando se hace a corta distancia y en las partes superiores del cuerpo, y no deben ser arrojados en espacios cerrados, cuando las personas no tienen una vía de evacuación ni en las cercanías de centros de salud, centros educativos ni zonas residenciales.

Justícia i Pau llama a todas las partes implicadas a abstenerse de recurrir a la violencia y a promover el diálogo y los canales democráticos de participación. Con el fin de favorecer una salida no violenta a la crisis, exhortamos a las autoridades a garantizar el pleno respeto al derecho a la libertad de reunión y a proteger a los manifestantes y a los transeúntes frente a los ataques de civiles armados. El derecho a la libertad de reunión es un pilar básico para canalizar la expresión colectiva de opiniones o creencias políticas, culturales o religiosas diversas, lo cual incentiva el debate público y la existencia de sociedades plurales, tolerantes e inclusivas.

Más información: 

Amnistia Internacional: https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: http://www.oas.org/es/cidh/

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Francesco D'Amico