bertacaceres1La semana pasada el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finn Fund) retiraron definitivamente su apoyo a la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca, impulsada por la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).

La difunta líder ambientalista Berta Cáceres, junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se opuso férreamente a la implementación de éste proyecto, debido a que amenazaba el patrimonio natural, cultural, económico y el hábitat funcional del pueblo Lenca en Honduras, poniendo en grave riesgo el sagrado río Gualcarque.

La polémica entre la comunidad y las empresas se agudizó después de que el 3 de marzo de 2016 Berta Cáceres fuera asesinada en su casa y la noticia asumiera una resonancia mundial.

A pesar de esta victoria, el COPINH denuncia que el FMO y Finn Fund han ignorado sus recomendaciones acerca de un abandono responsable del proyecto y que, al contrario, siguen promoviendo un proceso de toma de decisiones sobre el proyecto hidroeléctrico que puede generar más violencia y represión. Este proceso contempla la impunidad por los asesinatos y crímenes cometidos y la invisibilización de la responsabilidad de la empresa DESA y el estado de Honduras por la violencia en la zona. De igual forma, en su declaración pública, el FMO y Finn Fund no se consideran responsables de la muerte y las violaciones de derechos humanos que se han desencadenado como consecuencia del proyecto.

El portavoz de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez, afirmó que su comité y la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio están investigando "aspectos de corrupción vinculados a los contratos y concesiones" otorgados a Agua Zarca. Recordamos que por este caso las autoridades hondureñas detuvieron en octubre de 2016 al ex viceministro de Recursos Naturales Darío Roberto Cardona, quien es acusado de aprobar en 2013 una modificación a la licencia ambiental otorgada en 2011 por el fiscal adjunto de Honduras, Rigoberto Cuellar, cuando éste era secretario de Recursos Naturales y Ambiente, con el fin de aumentar la capacidad de energía de Agua Zarca de 16 a 21,7 megavatios.

Sin embargo, DESA asegura haber seguido "en tiempo y forma" todos los procesos para obtener la licencia ambiental. Señala, además, que realizó una consulta a las comunidades indígenas previa a la instalación del proyecto, tal como establece la ley hondureña.

Desde Justícia i Pau seguimos denunciando las situaciones de violaciones de derechos humanos que afectan a Honduras, tal como hicimos en el caso del asesinato de Antonio Trejo. Después de recibir la buena noticia de la victoria conseguida por Berta Cáceres y el COPINH, pedimos al estado hondureño que siga investigando para que los crímenes en el país no queden impunes. Además, pedimos a las empresas y a los bancos involucrados que reconozcan su vinculación y responsabilidades con las vulneraciones de derechos ocurridas.

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