Ante las elecciones al Parlament de Catalunya del próximo día 21 de diciembre, Justícia i Pau quiere hacer públicas sus reflexiones y propuestas ante la situación social y política actual.

En esta Nota, Justícia i Pau lamenta que, a pesar de la petición reiterada en los últimos años por parte de una mayoría social en Catalunya en favor de la celebración de una consulta o referéndum de autodeterminación, la respuesta del Estado español haya sido siempre negativa. No ha ofrecido absolutamente ninguna otra propuesta política alternativa y ha intentado impedir las consultas organizadas por el Govern catalán, persiguiendo penalmente a los organizadores, vulnerando el derecho al autogobierno y violando gravemente derechos humanos fundamentales.

Además, lamenta que después de la declaración hecha por el Parlament en vista a la independencia, el Estado español ha tomado decisiones políticas, jurídicas y judiciales que violentan la legalidad constitucional y son incompatibles con un verdadero Estado democrático. No es legítimo imponer una unidad política a un colectivo nacional contra su voluntad mediante la coacción legal o penal.

Asimismo considera que las elecciones convocadas para el próximo día 21 de diciembre se hacen en unas condiciones de excepcionalidad que hacen difícil una contienda electoral equitativa y poco ayudan a responder a los retos planteados: unos candidatos encarcelados, otros fuera del país debido órdenes de detención contra ellos y la intervención política de la Generalitat por la aplicación del artículo 155 de la CE.

En cualquier caso, considera que, sean cuales sean los resultados electorales, será urgente abrir un diálogo sincero y una negociación política seria entre los múltiples actores implicados que permita buscar con voluntad y constancia una solución justa, duradera y democrática. Para hacer posible este diálogo y negociación es necesario un escenario que revierta las condiciones de excepcionalidad actuales, reconozca el conflicto, evite la judicialización y garantice el pleno respeto a los derechos humanos. El diálogo sólo será fructífero si se destierran actitudes de confrontación, que usan un lenguaje agresivo o que pretenden la derrota o la humillación del adversario. Con una firme actitud de respeto y escucha hacia las posiciones distintas de la propia y la voluntad de llegar a una solución que cuente con el máximo apoyo social posible.

 

Nota de Justícia i Pau de Catalunya con motivo de las elecciones al Parlament de 21 de diciembre de 2017

Ante las elecciones al Parlamento de Cataluña del próximo día 21 de diciembre, como es habitual en cada convocatoria electoral, Justícia i Pau considera que es una buena ocasión para ofrecer públicamente sus reflexiones y propuestas ante la situación social y política actual.

  1. Ante todo, para evitar cualquier malentendido, queremos dejar muy claro que las siguientes consideraciones son guiadas exclusivamente por el deseo de hacer una contribución al bien común, la justicia y la paz en nuestra sociedad. Esta es precisamente la misión de nuestra entidad, que se mueve por el amor y la experiencia del Evangelio. Justícia i Pau, más allá de cuales sean las diferentes posiciones personales de sus miembros, que son plurales, no se identifica ni defiende una determinada configuración política concreta para Cataluña. El estatus político que sea conveniente para el pueblo de Cataluña es una cuestión relativa y opinable. Varias configuraciones políticas pueden garantizar igualmente el bien común, la paz social y los derechos humanos. Todas las opiniones sobre esta cuestión son plenamente legítimas y respetables, mientras se defiendan de manera pacífica y democrática.

  2. Justícia i Pau ha defendido siempre que Cataluña es una nación y, como tal, ostenta los derechos propios de los pueblos y naciones, tal como los ha descrito la doctrina social de la Iglesia, que hacemos nuestra, y reconocidos por el derecho internacional. Entre estos derechos se incluye el de la libre determinación, reconocido en los tratados internacionales. Creemos que estos tratados, interpretados de forma justa y de acuerdo con su espíritu, son aplicables en Cataluña.

  3. Es notorio que la existencia de la nación catalana, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, es un hecho casi milenario y, en todo caso, muy anterior a la Constitución de 1978. Por lo tanto, los derechos nacionales de Cataluña no derivan de esta norma legal, la cual tampoco los abolió. La norma constitucional, en justicia, no puede ser interpretada ignorando o negando esta realidad previa. La afirmación de Cataluña como nación se fundamenta en la constatación que se trata de una comunidad con plena conciencia de su historia, cultura y personalidad propia y con una voluntad mayoritaria de ser reconocida como nación con derechos por el resto de pueblos. Esta conciencia y voluntad van unidas a un sentimiento profundo, enormemente mayoritario, fundamentado objetivamente en una realidad social y cultural diferenciada. Se trata de un sentimiento que nadie tiene derecho a negar, ni despreciar, ni atribuirlo a ningún egoísmo o delirio colectivo. Este sentimiento, que es común a otros muchos pueblos, es socialmente muy transversal. No se basa en ninguna superioridad moral ni va contra ningún otro pueblo. No procede de ninguna operación política ni mediática, sino que tiene profundas raíces históricas. Y no se puede negar que es un sentimiento que va unido a una actitud importante de solidaridad con el resto de pueblos de España y las naciones más pobres del mundo.

  4. La voluntad mayoritaria de los catalanes de obtener un reconocimiento claro de su condición de nación y de su derecho a la libre determinación se ha expresado históricamente de forma reiterada y de manera diversa. Pero hay un punto de inflexión. La sentencia que anuló parcialmente el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, que había sido refrendado por la ciudadanía catalana, fue vivida como un trato profundamente injusto. A partir de este momento la voluntad de reconocimiento se ha expresado de manera más intensa. Y se ha mostrado claramente de múltiples maneras: en los diferentes resultados electorales, en los pronunciamientos del Parlamento de Cataluña, en manifestaciones de afluencia singularmente masiva y en amplias iniciativas ciudadanas. Durante años, una mayoría social clara ha pedido repetidamente la celebración de una consulta a la población sobre el estatus político de Cataluña. A la vez, no se puede ignorar que en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña (27/9/2015), los partidos que presentaron un programa para hacer efectiva la constitución de un Estado independiente obtuvieron el 48% de los votos y la mayoría absoluta de los escaños e invistieron un Gobierno orientado a impulsar este proyecto.

  5. Nos duele constatar, una vez más, que a pesar de todas estas circunstancias y ante las continuas peticiones en estos últimos años a las instituciones del Estado español para acordar una consulta de autodeterminación, la respuesta ha sido siempre negativa y no se ha ofrecido absolutamente ninguna otra propuesta política alternativa. Los intentos realizados por parte del Parlamento y el Gobierno de Cataluña de celebrar un consulta (9/11/2014 y 1/10/2017) han sido prohibidos por el Tribunal Constitucional y se ha perseguido penalmente sus organizadores. En el caso del pasado 1 de octubre, el referéndum se intentó impedir mediante la intervención de las finanzas de la Generalitat, registros y secuestro de correspondencia para ocupar instrumentos y documentación, la detención de responsables políticos y una desproporcionada operación policial que causó centenares de heridos, algunos graves, entre las personas que se resistieron pacíficamente. Estos hechos, inadmisibles en democracia, produjeron una gran conmoción psicológica a una parte de la población, que todavía perdura.

  6. A todo esto hay que añadir, ante la declaración hecha por el Parlamento en vista a la independencia, el establecimiento por parte del Gobierno español de medidas excepcionales: la aplicación en términos jurídicamente muy dudosos del art. 155 de la Constitución, la destitución del Gobierno de la Generalitat, la disolución del Parlamento, la convocatoria de elecciones y la intervención de la Generalitat, así como la interposición por parte de la Fiscalía General de querellas criminales contra miembros del Gobierno y Mesa del Parlamento por delitos de sedición y rebelión, seguidas del encarcelamiento provisional injustificado de algunos de ellos. A la vez, el encarcelamiento de líderes sociales, las diversas denuncias y querellas contra otros dirigentes políticos, responsables policiales, alcaldes o maestros han generado un grave malestar y suponen una grave amenaza a la libertad de expresión, incompatible con la democracia y con una contienda electoral equitativa. Es difícil negar que todas estas medidas se han tomado violentando o forzando la legalidad vigente, con grave sacrificio de las garantías democráticas y los derechos humanos de las personas afectadas y vulnerando gravemente el derecho al autogobierno. Un espectador imparcial puede constatar que estas decisiones no comportan ninguna solución al problema, sino que lo hacen más vivo y difícil de resolver.

  7. Nos duele profundamente el relato que la opinión pública española ha hecho propio mayoritariamente en relación a estos acontecimientos. Pensamos que este relato se debe de en parte a unos determinados medios de comunicación que no han sido veraces y que mayoritariamente han querido presentar de forma sesgada los hechos. Se ha querido transmitir el mensaje de un movimiento independentista fanático, iluso, egoísta, violento, totalitario, movido por el odio hacia España, generador de enfrentamiento y división social, engañado por unos líderes corruptos. Un espectador mínimamente objetivo sabe que este relato es completamente falso y malintencionado. Ciertamente, los episodios vividos en Cataluña en los últimos meses han generado naturales e inevitables discrepancias entre personas y colectivos y tensión social, pero en ningún caso ha habido un problema de convivencia, ni un riesgo de violencia social, ni una división entre comunidades. El movimiento independentista, más allá de sus posibles errores o de su legitimidad, ha sido un movimiento esencialmente pacífico, en su espíritu, sus líderes, sus manifestaciones, sus estrategias y sus consignas. No se basa en el odio hacia la población española, sino en un deseo de libertad y de construir democráticamente un país más justo. Por eso, las acusaciones judiciales con relación a un supuesto “levantamiento violento” o “tumultuario” o de una amenaza “de explosión violenta”, que han pretendido justificar los encarcelamientos, son profundamente injustas y ofenden gravemente la verdad.

  8. Las medidas políticas, jurídicas y judiciales del Estado español para frenar el movimiento independentista plantean enormes dudas jurídicas y éticas y son incompatibles con un verdadero Estado democrático. Estamos convencidos de que no se puede imponer una unidad política, en este caso el Estado español, a un colectivo nacional contra su voluntad mediante la coacción legal. Las unidades políticas son relativas a la voluntad de las personas y los pueblos que las integran, pero no tienen un valor absoluto. Se deben defender exclusivamente mediante el diálogo y la democracia, pero no se pueden imponer mediante el ejercicio del poder punitivo del Estado. No todo es éticamente válido para defender una unidad política. Ante una situación de desafección grave de una parte de la población de un territorio, no es legítimo esconder el conflicto, ni negar la realidad, ni cerrarse en banda al diálogo en base a una determinada interpretación de la legalidad vigente, una legalidad que no se permite modificar, haciendo uso del poder que da una superioridad demográfica.

  9. Podemos comprender que la hipótesis de la independencia de una parte del Estado sea difícil de aceptar por la ciudadanía española, en previsión de posibles consecuencias negativas. Por eso, los dirigentes políticos del Estado y de Cataluña tienen el deber de explorar a fondo soluciones que puedan ser aceptadas con amplio consenso social en vista a obtener una nueva adhesión a un proyecto común o una nueva relación política o incluso una determinada separación que sea beneficiosa para todos. También comprendemos que se haya producido un estado de angustia y preocupación en una parte de la ciudadanía catalana, vinculada culturalmente o por origen a España, que legítimamente desea continuar formando parte del Estado español. Un proceso político de estas características exige un tiempo y, sobre todo, un adecuado diálogo con los sectores sociales que se oponen, con objeto de garantizar que no comporte ningún perjuicio para sus derechos e intereses, de buscar juntos soluciones para las diferentes situaciones que se puedan plantear. En el proceso vivido en Cataluña no se ha producido este diálogo. Ello nos lleva a preguntarnos si, a pesar de las mayorías parlamentarias existentes en favor de la independencia, y a pesar de la negativa a ofrecer una solución alternativa por parte del Estado español, era realmente prudente avanzar unilateralmente en esta dirección, con plazos rígidos y con una mayoría social tan ajustada, teniendo en cuenta la fuerte oposición existente dentro de Cataluña y por parte del Estado español y al precio de una tensión social con consecuencias negativas para todo el mundo, especialmente para los más vulnerables.

  10. Las elecciones convocadas unilateralmente para el próximo día 21 de diciembre se hacen en unas condiciones de excepcionalidad que no ayudan a responder a los retos planteados: unos candidatos encarcelados, otros fuera del país debido a órdenes de detención contra ellos y una intervención política de la Generalitat por la aplicación del artículo 155 de la CE. En cualquier caso, sean cuales sean los resultados electorales, será urgente abrir un diálogo sincero y una negociación política seria entre los múltiples actores implicados que haga posible un clima de cierta confianza y trabajo en común que permita buscar con voluntad y constancia una solución justa, duradera y democrática. Para hacer posible este diálogo y negociación es necesario un escenario que revierta las condiciones de excepcionalidad actuales, reconozca el conflicto, evite la judicialización y garantice el pleno respecto a los derechos humanos. Este diálogo sólo será fructífero si se destierran actitudes de confrontación, que usan un lenguaje agresivo o que pretenden la derrota o la humillación del adversario. Con una firme actitud de respeto y escucha hacia las posiciones diferentes de la propia y la voluntad de llegar a una solución que cuente con el máximo apoyo social posible a través de una consulta acordada al pueblo de Cataluña.

Barcelona, 13 de diciembre de 2017

 

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