En 2015 elSMM gobierno español se comprometió a acoger a 19.449 personas refugiadas en su territorio, pero años después sólo ofreció plazas para 2.500 personas.

Ante este hecho la plataforma Stop Mare Mortum, de la que Justícia i Pau formamos parte, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo reclamando el cumplimiento de las cuotas. Ahora y gracias a esta iniciativa, el alto tribunal ha condenado al Estado español a cumplir con las cuotas de acogida acordadas.

La sentencia, en palabras de SMM, es histórica pues supone la primera condena de un tribunal nacional a su gobierno por el incumplimiento de una decisión comunitaria en el marco de las políticas migratorias.

A continuación, podéis leer la nota de prensa elaborada por Stop Madre Mortum


Stop Mare Mortum valora como histórica la sentencia del Tribunal Supremo que condena al gobierno español por no cumplir las cuotas de reubicación y reasentamiento

 

Stop Mare Mortum espera que esta sentencia impulse al gobierno actual a un giro radical en las políticas migratorias y de asilo.

La sentencia del Tribunal Supremo condena al Gobierno al cumplimiento de los compromisos establecidos en las decisiones europeas de septiembre de 2015 que le obligaban a acoger a 19.449 personas desde Grecia e Italia, a pesar de que el plazo haya finalizado.

Stop Mare Mortum considera que la sentencia es histórica y no tiene precedentes: es la primera vez que un tribunal nacional condena a su gobierno por el incumplimiento de una decisión comunitaria en el marco de las políticas migratorias.

Se pone así de manifiesto que el cumplimiento de los derechos humanos va más allá de la voluntad política, sino que es una obligación de los estados. Por lo tanto, el derecho de asilo no es discrecional sino que es exigible. La plataforma Stop Mare Mortum considera que es una oportunidad para el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer un cambio radical en las políticas migratorias y de asilo más allá de gestos puntuales.

Es un buen momento para recordar que existen otras vías legales y seguras que pueden facilitar la llegada de las personas sin poner en peligro su integridad física ni su dignidad. El incumplimiento de los compromisos establecidos en el marco de la Unión Europea ha tenido y tiene un coste para miles de personas que han quedado atrapadas en la irregularidad y se han visto forzadas a salir con traficantes de seres humanos de Grecia e Italia.

La sentencia tiene además una dimensión internacional cuando apela al principio de solidaridad y pone de manifiesto que la responsabilidad de acogida no ha sido compartida. Los resultados los vemos en Italia: como triunfan las soluciones populistas cuando no se ha dado respuesta solidaria.

Stop Mare Mortum considera que esta victoria evidencia que la sociedad civil organizada puede ejercer control sobre la acción política de sus gobiernos.