AC 201 RCDEsta semana el equipo de incidencia en derechos humanos de Justícia i Pau ha escrito a diversas instituciones gubernamentales denunciando la violación de derechos humanos de diferentes activistas sociales y políticos en la República Democrática del Congo (RDC), Bangladesh y Uzbekistán, de acuerdo los informes realizados por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). 

Según el informe enviado a nuestra entidad con respecto al caso de la RDC, el 23 y 30 de diciembre de 2017 fueron arrestados 5 miembros del movimiento Filimbi, movimiento que se desarrolla como una plataforma que invita a los jóvenes congoleños a exigir sus derechos de una manera pacífica. Entre los 5 miembros se encontraba Palmer Kabeya, quien fue detenido el 23 de diciembre del año pasado tras promover la participación en la marcha pacífica que tenía como fin último la exigencia de la aplicabilidad del acuerdo integral político firmado en 2016 para de 

esta forma lograr convocar nuevas elecciones. El día 30 de ese mismo mes fueron arrestados Carbone Beni, Mino Bompomi, Grace Tshiuza y Cedric Kalonji. Tanto a Kabeya como a los últimos cuatro se les acusó e imputó el delito de atentar contra la seguridad del Estado.

A lo largo del proceso contra de estos defensores de los derechos humanos, se demostró que Carbone Beni fue torturado; además de que, a partir de junio y después de la primera comparecencia, no volvieron a tener ninguna aparición e incluso no volvieron a entrevistarse con ningún abogado defensor. Finalmente, por lo que respecta al tema de imputación de cargos, el 16 de agosto de 2018, el Ministerio Público pidió una pena máxima de tres años por los delitos de ofensa al jefe de Estado, publicación de escritos subversivos e incitación a la desobediencia.

Teniendo en cuenta estos sucesos, desde Justícia i Pau hemos enviado una carta al Ministro de Justicia y al Procurador General de dicho país solicitando:

  • que se garantice la integridad tanto física como psicológica de estas personas;
  • las liberación inmediata de las personas detenidas;
  • que se ponga fin a todas las formas de hostigamiento de personas defensoras de derechos humanos;
  • que se siga lo dictado en la declaración de los defensores de los derechos del hombre (específicamente artículo 12.2) y;
  • el cumplimiento de lo estipulado en los instrumentos universales y regionales relativos a derechos humanos ratificados por la RDC.

El segundo caso que ha denunciado ante las autoridades se refiere a 13 estudiantes bangladesíes detenidos por la organización de manifestaciones pacíficas que tenían como objetivo el establecimiento de calles más seguras en Dhaka y el endurecimiento de las leyes de tráfico. Según las informaciones facilitadas por la OMCT, los 13 estudiantes fueron arrestados en sus casas sin notificación alguna a sus respectivos parientes. 12 de los 13 permanecieron desaparecidos durante 4 días; algunos fueron víctimas de tortura y fueron presentados ante el juez antes de la fecha que estaba prevista. Además, se les imputó el delito de agresión contra un servidor público. 

SIMAGEN CASO 202 BGD

Ante estas circunstancias, lo que se demanda en la carta que fue enviada a la Corte Suprema de Justicia de Bangladesh, al Ministro de Leyes y Justicia, así como al Embajador de Bangladesh ante la ONU, es:

  • que se garantice la integridad tanto física como psicológica de estas personas;
  • la liberación inmediata de las personas detenidas;
  • que la investigación de los hechos sea transparente;
  • que se detenga todo tipo de acoso incluido el judicial contra estas personas;
  • que se respeten los derechos que todo ciudadano tiene;
  • que se siga lo dictado en la Declaración de los Defensores de los Derechos del Hombre y;
  • el cumplimiento de lo estipulado en los instrumentos universales y regionales concernientes al ámbito de derechos humanos.

SIMAGEN CASO 203 UZBEl tercer y último caso denunciado es el del Sr. Agzam Turgunov en Uzbekistán. El Sr. Turgunov es un activista político y religioso, además de que ha trabajado en temas relacionados con la educación y las prisiones. El 29 de agosto fue arrestado mientras grababa con su teléfono una disputa violenta entre la policía uzbeca y algunos manifestantes en el edificio de la Corte Suprema del país. Por estos hechos, Turgunov fue arrestado, obligado a borrar el vídeo de su teléfono y judicializado de inmediato. Siendo esto los hechos, Justícia i Pau ha denunciado ante las autoridades de ese estado que este no es el primer ataque contra este defensor de los derechos humanos, ya que recientemente había cumplido una condena de 9 años de prisión por cargos de extorsión no fundados. De igual forma, exponemos nuestra preocupación dada la presunta detención arbitraria y el acoso judicial contra este individuo, así como que es de vital importancia erradicar el acoso judicial ya que si el defensor es y se siente libre tendrá el derecho de defender los derechos de sus conciudadanos y los suyos propios incluso en instancias internacionales.