DIllunsDH031219 1El pasado lunes 2 de diciembre tuvo lugar, con la asistencia de más de setenta personas, la tercera sesión del ciclo de conferencias de Els Dilluns dels Drets Humans, que en esta ocasión planteaba la siguiente pregunta: ¿es compatible la prisión con los derechos humanos? Para aproximarnos a la respuesta, contamos con las ponencias de Merche García Arán, catedrática de derecho penal de la UAB, y de Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. La moderación fue a cargo de la periodista Sonia Calvó.

Para empezar el debate, García Arán, poniendo sobre la mesa que es necesario diversificar la respuesta a la cuestión planteada, lanzó otra pregunta: podemos reducir la prisión a un mínimo de casos? En esta línea, manifestó que el principal enemigo de la reducción de las penas de prisión es la opinión pública, que está mayoritariamente en contra, suponiendo esto una gran presión frente a los partidos políticos.

García Arán planteó, también, que las penas son utilizadas con una finalidad intimidatoria hacia la ciudadanía. Una finalidad cuyo éxito resulta indemostrable, pues se hace difícil saber cuántos delitos se dejan de cometer consecuencia de la existencia de una pena. A continuación, la catedrática afirmó que la finalidad intimidatoria de la pena seguramente tiene más efecto entre los sectores acomodados que entre los marginales, excepto si se trata de penas de carácter económico (multas), en cuyo caso resultan poco intimidatorias.

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Otra de las finalidades de la pena que apuntó la catedrática es la de la reinserción de las personas presas. También señaló la peligrosidad que supone la idea de la cárcel como instrumento necesario para la reinserción, destacando que, desde esta perspectiva, los sectores acomodados no necesitarían cárceles porque ya están integrados en la sociedad. Hay que tener en cuenta que el colectivo de personas internas en buena parte está expuesto a una exclusión social severa, que se ve agravada por la situación de encarcelamiento.

Concluyó su intervención recordando que con el Código Penal de 1995 se apostó por la aplicación de penas alternativas menos punitivas que la cárcel pero, desgraciadamente, estas han acabado reducidas a la mínima expresión.

Por su parte, Iñaki Rivera llevó a cabo su intervención tomando como referencia el libro "Descarcelación", del cual es coautor, reforzando la idea de que existen alternativas a la prisión que exigen tomarse los derechos en serio, e hizo hincapié en la defensa de las herramientas de las instituciones internacionales.

Rivera puso mucho énfasis en el hecho de que no podemos seguir aceptando el encarcelamiento de personas enfermas y en que hay que preservar el derecho a la salud. Por lo tanto, invitó al público a empezar a hablar de "enfermos presos" y no de "presos enfermos". Subrayó, además, las necesidades de las mujeres encarceladas, especialmente en relación con la maternidad, y puso el foco sobre una situación que genera graves consecuencias mentales: la separación de los niños y niñas, al cumplir los tres años, de sus madres.

También quiso desmontar la visión idealizada respeto a la libertad condicional, argumentando que no se trata de un momento efectivo de libertad, sino de "debilidad", en el que es necesario mucho apoyo y acompañamiento. No quiso concluir su intervención sin recordar que aún no se ha creado un mecanismo público tan necesario como es el registro de las violaciones de derechos fundamentales en las cárceles, y de la violencia institucional en general. Tampoco dejó de reclamar la importancia de acercar el universo penitenciario a la opinión pública.