El Centre Delàs d'Estudis per la Pau, l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG), i SETEM, entitats que impulsen la Campanya BANCO SANTANDER sense Armes, participaran un cop més a la Junta d'Accionistes del BANCO SANTANDER que tindrà lloc a Santander el divendres 22 de març, gràcies a la delegació de milers d'accions per part de ciutadans i iciutadanes.

Després d'intervenir en les cinc últimes juntes d'accionistes denunciant les inversions de l'entitat financera en empreses armamentístiques i en projectes que destrueixen l’Amazonia, les organitzacions socials exigeixen un inequívoc posicionament contra qualsevol tipus d'activitat relacionada amb la violència armada alçant la veu, un cop més, a la junta d'accionistes per sol·licitar la màxima informació i transparència sobre els avenços concrets del BANCO SANTANDER en matèria de construcció de la pau.

La recepció de fons públics, a través de Banesto, i els préstecs milionaris rebuts pel propi BANCO SANTANDER del Banc Central Europeu, que haurien d’haver garantit el fluxe de crèdit a l’economia real, i la seva demostrada influència en les polítiques públiques espanyoles ens obliguen a interrogar el citat banc sobre el seu compromís amb el desarmament i la construcció d'una cultura de pau en un moment de preocupants tensions socials.

Webs:

BANCO SANTANDER sin armas: http://www.bancosantandersinarmas.org

Banca Armada: http://www.bancaarmada.org

Centre Delàs: http://www.centredelas.org/

ODG: http://www.odg.cat

SETEM: http://www.setem.org

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INTERVENCIÓ de JORDI CALVO:

Buenas tardes, señor Presidente, miembros del Consejo de Administración, señores y señoras accionistas, mi nombre es Jordi Calvo Rufanges, les hablo en nombre de 78084 acciones como miembro de la campaña Banco Santander sin Armas, cuyo objetivo es denunciar ante la opinión pública las inversiones en armamento del Banco Santander, así como exigir el abandono total de esta inmoral manera de generar beneficios económicos. Esta campaña es promovida desde el año 2008 por el Centro de Estudios por la Paz JM Delàs de Justícia i Pau, la ONG Setem y el Observatorio de la Deuda en la Gobalización.

Año tras año descubrimos nuevas inversiones del Banco Santander en el negocio de las armas, el de la guerra, el que produce millones de víctimas cada año. Este año nos vemos obligados a decirles de nuevo que ustedes se están lucrando de manera inmoral.

El Banco Santander financia a empresas que fabrican armas nucleares. Como Boeing, EADS, Finmeccanica, General Dynamics, Honeywell International, Rolls-Royce, Safran o Thales. Estas armas son capaces de destruir la vida en el planeta con solo apretar un botón y usted Sr. Botín las está financiando con 1.141 millones de euros en créditos y bonos.

El Banco Santander ayuda a desarrollar, fabricar y vender armas a la industria militar española, una de las industrias menos éticas del mundo, ya que exporta sus armas a más de 30 países en conflcito armado, en situación de tensión interna o donde se vulneran de manera flagrante los derechos humanos. ¿Puede decirnos Sr Botín cuantas armas financiadas por el Banco Santander van destinadas a la guerra o a regímenes dictatoriales y represores? ¿Dónde van a parar las armas de sus participadas Nucleo de comunicaciones y control, Indra, Amper, Grupo Ezentis, Avanzit, Ibérica del Espacio, Sistemas y vehículos de alta tecnología, FCC servicios industriales y energéticos?

Las armas, señores y señoras accionistas, una vez han sido vendidas, no se sabe en manos de quien pueden caer. Son muchos, demasiados, los casos en que las armas antes o después cambian de manos y acaban alimentando conflictos que cada año acaban con la vida de millones de personas. Quien favorece que estas armas existan, son también responsables de su sufrimiento. El Banco Santander lo es y ustedes lo deben saber.

El Banco Santander ha dado créditos a Maxam, una empresa cuya filial, Expal, fabricaba minas antipersona y bombas de racimo, y que ahora sigue produciendo y vendiendo todo tipo de bombas. Gracias al apoyo de este banco.

¿Saben ustedes, accionistas y clientes del Banco Santander, que sus ahorros pueden estar invertidos en fondos de inversión de armas? ¿Se les informa adecuadamente de que con su dinero se está contribuyendo a la carrera armamentística, a que haya más conflictos armados, a que el mundo sea cada vez menos seguro? ¿Es el Banco Santander honesto con sus clientes? ¿O esconde que ha dedicado más de 2160 millones de euros al negocio de las armas durante los últimos años?

Sr Botín, ¿se siente usted orgulloso de que parte de su fortuna provenga de tan repudiable negocio?

Sres accionistas, ¿no les remuerde la conciencia cuando saben que parte del dividendo que van a recibir tras esta Junta puede estar manchado de sangre?

Ni las becas, ni los anuncios, ni los coches de Fórmula 1... podrán limpiar su imagen, que no es otra que la de un banco que hace dinero gracias al sufrimiento de tantas y tantas víctimas de la violencia armada.

Puede que el Banco Santander sea una de las entidades financieras con mayor éxito comercial, con mayor capitalización, con mayores beneficios económicos...pero, desde un punto de vista ético, es uno de los peores bancos del mundo, todo un líder en mala reputación, más de dos mil millones invertidos en armas lo demuestran.

Gracias por su atención

Jordi Calvo Rufanges
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INTERVENCIÓ D'ALBERT SALES:

Mi nombre es Albert Sales y me dirijo a ustedes en nombre de la Campaña Banco Santander sin armas, impulsada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, el Centre Delàs de estudios para la Paz y SETEM y en nombre también de la Plataforma para la Auditoria Ciudadana de la Deuda.

Me da voz en esta junta la delegación de 78.084 acciones por parte de decenas de accionistas. 

La realidad social del Estado español nos obliga a recordarles que paz no es tan solo la ausencia de guerras. La paz se construye creando las condiciones adecuadas para evitar la violencia. La recesión que que vivimos, que unde sus raíces en las disfunciones del sector financiero, golpea la realidad cotidiana de muchas familias que viven formas de violencia inaceptables por culpa del sector financiero y de unas políticas públicas a su servicio.

Este banco tiene su parte de responsabilidad en endeudamiento del sector público español y, en consecuencia, tiene su parte de responsabilidad en los recortes de servicios tan esenciales para la cohesión social como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Como bien saben, el Banco Central Europeo otorga crédito a bajo interés a las entidades financieras privadas, con el objetivo declarado de garantizar el flujo de crédito a la economía real, es decir, a empresas y familias. Es conocido, por ser un dato público, que el Banco Santander había recibido hasta finales de 2012, 62.608 millones de euros. También puede comprobar cualquier ciudadano o ciudadana que lo desee, que este banco dedicó durante 2011, 41.807 millones de euros a la compra de títulos de deuda pública. Sin duda se trata de un negocio redondo y exento de riesgo por el cual esta entidad habrá obtenido y obtendrá interesantes beneficios.

La Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, también quiere denunciar que el BSCH, a través de Banesto, recibió ayudas públicas del Estado por 1.301 millones de euros del Fondo de Adquisición de Activos Financieros. Para conseguir estos recursos, el Estado Español se vio obligado a endeudarse, pero fueron los mismos bancos rescatados los que compraron esos títulos de deuda en los mercados financieros ¿Cuanta deuda pública está actualmente en poder del BSCH? ¿Cual es el beneficio acumulado a costa transformar el agujero de sus balances en esa deuda  pública ilegítima?

Dadas las circunstancias, proponemos al BSCH que demuestre su compromiso con la cultura de paz y la cohesión social en el Estado español a través de una gestión ejemplar de la deuda pública, renunciando a los beneficios de la deuda ilegítima y apoyando un proceso de auditoría ciudadana de la misma. En este sentido, se hace especialmente importante que tomen en consideración la posibilidad de abandonar definitivamente cualquier inversión en la industria armamentística. El Estado español deberá satisfacer en los próximos años una deuda de 30.000 millones de euros contraída para financiar la adquisición de maquinaria bélica. Un auténtico despropósito si tenemos en cuenta la situación de la inversión social. A pesar de los beneficios que reporta, quizá deberían dejar de colaborar con una industria tan absurda a pesar de

Igual que la deuda pública erosiona la capacidad de reacción de la sociedad frente a las emergencias humanitarias que viven muchos ciudadanos y ciudadanas, las deudas hipotecarias de las familias se han convertido en un problema social de primer orden que genera formas de violencia intolerables para una sociedad democrática y solidaria. Los desahucios causados por contratos hipotecarios que el Tribunal Superior Europeo ya ha calificado de abusivos están sembrando miseria y tensiones sociales. Hemos tenido que ver como ciudadanos y ciudadanas de este país caían en la más absoluta desesperación y se quitaban la vida por haber sido empujados al callejón sin salida de una ejecución hipotecaria.

Instamos al BSCH a apoyar la ILP por la dación en pago y a unirse a la sociedad civil en la demanda de una medida que constituye la única salida posible para demasiados miles de familias españolas. Dado que la crisis ha demostrado eficazmente que empresas como esta tienen una influencia en los gobiernos muy superior a las de la ciudadanía corriente, les ofrecemos una gran oportunidad de ser coherentes con los valores que expresan en sus códigos éticos y demás documentos de responsabilidad social empresarial.

La pobreza y la exclusión social son formas de violencia y propician que se gesten violencias cada vez más intensas. Desde los movimientos que trabajamos por la cultura de la paz y por la justicia social les planteamos un reto: hagan realidad el discurso de la responsabilidad social que tan bien conocen.

Albert Sales i Campos

Anteriors participacions a la Junta d'Accionistes del BANCO SANTANDER:

2012: http://tinyurl.com/d323sqs

2011: http://tinyurl.com/cz66tq6

2010: http://tinyurl.com/ckz7suk

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau, de Justícia i Pau, l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG), i SETEM, entitats que impulsen la Campanya BBVA sense Armes, participaran un cop més a la Junta d'Accionistes del BBVA, que tindrà lloc a Bilbao el divendres 15 de març, gràcies a la delegació de més de 300.000 accions.

Després d'intervenir en les dues últimes juntes d'accionistes denunciant les inversions de l'entitat financera en empreses armamentístiques que la situen en el primer lloc del rànquing espanyol de la banca armada, les organitzacions socials exigeixen un inequívoc posicionament contra qualsevol tipus d'activitat relacionada amb la violència armada alçant la veu, un cop més, a la junta
d'accionistes per sol·licitar la màxima informació i transparència sobre els avenços concrets del BBVA en matèria de construcció de la pau.

L'adquisició per part del BBVA d'entitats de menor envergadura durant els últims mesos, entre les quals destaca la fusió de caixes catalanes Unnim, i la seva demostrada influència en les polítiques públiques espanyoles ens obliguen a interrogar el citat banc sobre el seu compromís amb el desarmament i la construcció d'una cultura de pau en un moment de preocupants tensions socials.

Després de la junta d'accionistes farem públiques les intervencions dels representants de la campanya.

BBVA sin armas: http://www.bbvasinarmas.org
Banca Armada: http://www.bancaarmada.org
Centre Delàs: http://www.centredelas.org/
ODG: http://www.odg.cat
SETEM: http://www.setem.org

Anteriors participacions a la Junta d'Accionistes del BBVA:

2012:
http://tinyurl.com/cltr6rd
2011:
http://tinyurl.com/crcdsxb
2010:
http://tinyurl.com/casagm5

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INTERVENCIÓN JUNTA ACCIONISTAS BBVA 2013

Buenas tardes Sr. Presidente, miembros el Consejo de Administración, señoras y señores accionistas. Mi nombre es Jordi Calvo Rufanges y vengo a hablarles en nombre de la Campaña BBVA sin armas, promovida por el Centro de Estudios por la Paz JM Delàs, la ONG Setem y el Observatorio de la Deuda en la Globalización.

Les hablo en representación de 379.083 acciones, cedidas a la campaña por decenas de accionistas que de este modo quieren mostrar su desacuerdo con las inversiones controvertidas del BBVA.

Ya nos conoce, Sr. Presidente, porque hemos venido ininterrumpidamente desde el año 2008 a denunciar sus inversiones en armas y en otros negocios controvertidos.

Sin embargo, a pesar de nuestras denuncias, de las miles de visitas en la web de BBVA sin Armas y de los informes realizados sobre la banca armada en España que muestran al BBVA como el banco que más dinero ha dedicado a las armas...
... su reacción deja mucho que desear y los compromisos adquiridos en anteriores juntas parecen quedar en papel mojado.

Su política asegura no invertir en armas de destrucción masiva, pero encontramos que el BBVA ha financiado a ocho empresas de armas nucleares con 476 millones de euros en créditos y 867 millones en emisión de bonos y acciones. En el mundo, Sr. González, hay más de 20.000 cabezas nucleares. En caso de ser utilizadas el planeta desaparecería varias veces. Y usted,  el BBVA, financia la amenaza nuclear.

Además el BBVA financia a la indústria militar española, la octava potencia mundial en exportaciones de armas que destaca por vender a países en conflicto o donde se violan los derechos humanos.

Dígame Sr. González, ¿sabe usted si su dinero ayuda a dictadores y regímenes represores a violar los derechos humanos de su indefensa población? Por favor, no se limite a decir que no, demuéstrelo, es su obligación.

Díganos Sr Presidente, ¿todavía ofrece fondos de inversión como Unnim Gesfons, BBVA Patrimonios Gestora, BBVA Gestión o BBVA Asset Management, que invierten en armas? ¿Lo saben sus clientes, o esta delicada información les es ocultada?

Díganos Sr Presidente, ¿en que situación se encuentran los créditos concedidos a Maxam? empresa que además de haber fabricado bombas de racimo, ahora pretende entrar en el lucrativo e inmoral negocio de los aviones de combate no tripulados.

Ustedes dicen tener una política de inversiones en armas, pero no dejan de hacer negocios que promueven la violencia armada.

Sinceramente, parece que su política de inversiones en el sector militar es para promover las inversiones en armas. Si no, ¿cómo se explica que el BBVA haya alcanzado los 3.000 millones de euros invertidos en el sector armamentístico?

Díganos Sr. Presidente, y reflexionen ustedes, miembros del Consejo de Administración, señoras y señores accionitas: ahora que saben que su banco les ha lucrado con dinero probablemente manchado de sangre ¿pueden ustedes dormir tranquilos?

Gracias por su atención

Jordi Calvo Rufanges
Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau

La Plataforma d’Entitats Cristianes amb la Immigració expressa la seva profunda preocupació perquè amb la proposta de reforma del Codi Penal i, concretament, amb els canvis en l’article 318 bis, s’estableix com a delicte ajudar persones immigrants que es troben en situació irregular. Aquest punt del Codi Penal parla de perseguir i castigar penalment els i les ciutadanes que ajudin persones d’altres països fora de la UE a entrar al país, ja sigui per quedar-s’hi o per accedir a un altre estat membre.

Des de la Plataforma creiem que aquest avantprojecte criminalitza la solidaritat i l’ajuda humanitària donat que aquestes persones immigrants són molt vulnerables. A més, els canvis introduïts en l’article 318 bis entren en contradicció amb l’article 195 del mateix Codi Penal, en el qual es fa explícita l’obligació de totes les persones d’ajudar qui es troba desemparat i en perill. Aquest article també és incoherent amb la Constitució espanyola i amb els Tractats Internacionals de Drets Humans que el nostre país ha signat per a garantir la protecció dels drets fonamentals de les persones.

Una situació de greu inseguretat jurídica
En concret, l’article 318 bis de l’avantprojecte de reforma del Codi Penal proposa penalitzar a:

a) “qui intencionadament ajudi una persona que no sigui nacional d'un Estat membre de la Unió Europea a entrar al territori d'un altre Estat membre o a transitar a través del mateix vulnerant la legislació d'aquest Estat sobre entrada o trànsit d'estrangers, serà castigat amb una pena de multa de tres a dotze mesos o presó de sis mesos a dos anys [...]”

b) “qui intencionadament, i amb ànim de lucre, ajudi una persona que no sigui nacional d'un Estat membre de la Unió Europea a romandre al territori d'un altre Estat membre o a transitar a través del mateix, vulnerant la legislació d'aquest Estat sobre estada d'estrangers serà castigat amb una pena de multa de tres a dotze mesos o presó de sis mesos a dos anys”.

En relació a l’apartat a), la proposta de reforma del Codi Penal contempla que el Ministeri Fiscal "podrà abstenir-se d'acusar per aquest delicte quan l'objectiu perseguit fos únicament donar ajuda humanitària". Ara bé, aquest text, en deixar en mans de la Fiscalia la decisió de perseguir o no aquestes accions sense establir cap criteri, obre un ampli marge per a la discrecionalitat i permet que efectivament les esmentades conductes de solidaritat i hospitalitat puguin ser sancionades penalment.

Encara que el Ministeri Fiscal s'abstingués de perseguir aquestes conductes, la simple previsió legal d'aquesta possibilitat deixarà les persones i organitzacions humanitàries que atenen aquests col·lectius en una situació de greu inseguretat jurídica. Per això, la norma pot generar un fort efecte dissuasiu sobre els qui tenen capacitat d'atendre aquelles persones, la qual cosa generarà o intensificarà la seva exclusió social. No es poden aixecar murs entre les persones Més enllà de la valoració jurídica d’aquesta reforma, volem expressar la nostra greu preocupació per la tendència que estan prenent les polítiques migratòries al nostre país.

L'assistència humanitària i la solidaritat no poden ser penalitzades en cap cas quan són mogudes per sentiments d'hospitalitat i altruisme. L'entrada en el Codi Penal d'aquestes pràctiques seria devastadora per a una societat com la nostra, que precisament en els greus moments que estem vivint se sosté gràcies a aquests valors. La penalització d'aquests valors i actituds en funció de l'origen o la situació administrativa de les persones ateses suposaria una de les perversions més greus en què pot caure una legislació.

Condicionar l’hospitalitat, l’acollida i la solidaritat a criteris administratius suposa una nova forma “d'apartheid”. L’article 318 bis de la proposta de reforma del Codi Penal planteja un marc legislatiu pervers, ja que estigmatitza persones que es troben en una situació de molta vulnerabilitat, aixecant murs i establint compartiments dins de la societat. Com transmetre en les nostres escoles o famílies que aquests valors són fonamentals si, al mateix temps, considerem que són delictes quan es posen en pràctica envers determinades persones?

Seguirem practicant l’hospitalitat
Tant en el Nou com en l’Antic Testament l’hospitalitat es destaca com un valor fonamental, especialment amb aquells i aquelles que es troben en una situació vulnerable. Si l'avantprojecte prospera podríem afirmar que poques lleis xocaran tan frontalment amb la pràctica de l’Evangeli, que té com a màxima expressió la caritat. Per això, com a entitats cristianes ens comprometem a seguir realitzant la nostra tasca independentment de la reforma del Codi Penal. Per a nosaltres, hi ha un mandat moralment superior: “Era foraster i em vau acollir” (Mt 25, 35).

28 de febrer de 2013

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La Plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants està formada per:

ACO, Càritas, Cintra-Benallar, Convivim, Cristianisme i Justícia, Cristians pel Socialisme, Delegació de Pastoral Obrera de Barcelona, Delegació de Pastoral Social de Barcelona, Ekumene, Fundació Escola Cristiana, Fundació Migra-Studium, Fundació Pere Tarrés, GOAC-HOAC, Grup de Juristes Roda Ventura, JOC, Justícia i Pau, Interculturalitat i Convivència, Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona, Parròquia de Santa Maria del Pi, Pastoral amb Immigrants (PAI), Religioses en barris, Unió de Religiosos de Catalunya (URC), Bayt-Al-Thaqafa, Iniciatives Solidàries, Comunitat de Sant Egidi, Fundació la Salut Alta i Comunitats de Vida Cristiana de Catalunya.

Els premis Artemio Precioso sorgiren el 2009 amb l'objectiu de reconèixer les persones, la vida de les quals, personal o professional, està vinculada a la defensa del medi ambient i/o la pau. Des de llavors, Greenpeace ha concedit aquest premi anteriorment a l'escriptor Manuel Rivas i al periodista Gustavo Catalán.

Els premis, que s'otorguen bianualment, es lliuraran el 2 de març al Museu Marítim de Barcelona.

Greenpeace considera que Arcadi Oliveres "forma part d'aquest grup d'intel·lectuals compromesos, activistes socials i pacifistes que fan reflexionar les noves generacions i les inspiran a canviar el món. Per la seva lluita en el context en què vivim i per encarnar la denúncia al model que ens està destruint, li farem aquest petit homenatge".

Artemio Precioso, incansable activista ambiental, fou un dels fundadors de Greenpeace España. 

Més informació

Les entitats Justícia i Pau i el Grup de Juristes Roda Ventura, dedicades a la defensa i promoció dels drets humans, volem expressar la nostra greu preocupació davant les diferents reformes legals aprovades o en preparació per part del Govern espanyol en relació al funcionament del sistema judicial.

1. L’art. 8 de la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix el dret de tota persona a un recurs efectiu davant dels tribunals que l’emparin d’actes contraris als seus drets legítims. El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics reconeix: el dret de tota persona a ser escoltada públicament i amb garanties per un tribunal competent, independent i imparcial en el cas que sigui objecte d’una acusació, o per determinar els seus drets de caràcter civil (art.14.1); el dret a ser assistida d’advocat que la defensi en una causa penal, el qual li serà nomenat d’ofici si no té mitjans suficients per pagar-lo (14.3.d).

2. En el mateix sentit, la Constitució espanyola consagra la justícia com a “valor superior” de l’ordenament jurídic (art.1.1.) i reconeix a tota persona el dret a rebre una tutela judicial efectiva per part dels tribunals per tal de protegir els seus drets i interessos legítims (art. 24.1) així com el dret a defensar-se amb totes les garanties i a ser assistida d’advocat (art.24.2). També estableix que tota persona podrà demanar, a través d’un procediment preferent, la tutela de les seves llibertats i drets fonamentals davant dels tribunals (art. 53.2).

3. Aquests drets i principis consagren la importància de l’accés efectiu de tota persona a la Justícia i el paper clau dels tribunals en una societat democràtica per tal de garantir la protecció del drets i llibertats individuals, la seguretat jurídica, el respecte a la dignitat de les persones, la submissió dels poders públics a la llei, per tal que les relacions humanes es regeixen pel dret i la justícia.

4. En els últims mesos, el Govern espanyol, tot allunyant-se dels principis i regles esmentades, ha aprovat o anunciat diverses normes que, sumades a les problemàtiques existents i encara mal resoltes, posen en perill el respecte al dret a la tutela judicial efectiva i poden significar un greu obstacle al funcionament del poder judicial. Així, considerem especialment criticable la instauració d’un sistema de taxes per accedir als tribunals, taxes que difícilment podran ser assumides per persones de classe mitja o baixa i que, en molts casos, els portaran de fet a renunciar a la defensa dels propis drets.

5. Les probables conseqüències d’aquestes normes són especialment preocupants. D’una banda, pot comportar un greu efecte de desprotecció dels drets i llibertats ciutadans, davant desviacions de poder de les administracions públiques. D’altra banda, pot generar una tendència a canalitzar els conflictes interpersonals per vies que poden comportar un notable increment de la conflictivitat social.

6. L’alarma social que han generat les mesures impulsades pel Govern és de tal envergadura que s’hi han mobilitzat en contra la judicatura, diversos col·lectius del funcionariat, col·legis professionals i amplis sectors cívics afectats per la mesura. El sistema de taxes per accedir als tribunals pot ser “el tret de gràcia” a un sistema que actualment camina amb greus dificultats, agreujades per la crisi econòmica i una ineficàcia endèmica, que mai s’ha volgut resoldre com la ciutadania necessita.

7. A tot això cal afegir el projecte de reforma de la Llei d’Assistència jurídica gratuïta que, a fi de complir els objectius de dèficit, prioritza la reducció de costos públics per sobre del dret fonamental de defensa. Tanmateix, no amplia significativament l’accés gratuït als tribunals i a la defensa d’ofici, a la vegada que, en alguns supòsits, fins i tot els restringeix, i posa traves per interposar recursos davant els tribunals superiors. El text afegeix un nou element restrictiu de l’accés a la gratuïtat, com és la carència de “patrimoni suficient”, un terme ambigu que crearà inseguretat jurídica.

8. D’altra banda, aquest avantprojecte de Llei tampoc no ofereix solució al problema de la deplorable i humiliant retribució als advocats d’ofici, que cobren amb excessiu retard i molt per sota del que mereix la dedicació i qualificació del seu servei, la qual cosa impedeix gaudir d’una defensa jurídica de qualitat i en igualtat de condicions amb les altres parts del procés. Al mateix temps, s’atribueix a l’advocat una càrrega inconvenient, en obligar-lo a denunciar als propis clients en les situacions d’abús en l’exercici del dret. Això col·lisiona amb el deures del secret professional i de la confidencialitat entre client i advocat, a la vegada que perjudica la necessària confiança en què aquesta relació s’ha de sustentar.

9. El Govern espanyol segueix sense afrontar eficaçment els greus problemes de sobrecàrrega de treball que enruna el sistema judicial i que sovint allarga de manera insuportable el temps dels processos, per manca de recursos suficients, mitjans adequats i reformes necessàries. Les actuals tendències legislatives i pràctiques judicials no van gens en la bona direcció de desenvolupar eficaçment i en temps oportú el sistema judicial, essencial en un estat democràtic i de dret, pel contrari, en lloc d’alleujar la sobrecàrrega de treball, pressionen indegudament les persones per tal que renunciïn a les seves reclamacions judicials o que arribin a acords extrajudicials poc satisfactoris per als seus drets.

10. En un sentit similar, és també molt preocupant la tendència de les instàncies judicials superiors a dictar resolucions estereotipades o amb poc rigor que, en lloc de respondre a la funció de garantia de la tutela judicial efectiva i del dret de defensa, mostren índexs esfereïdors de resolucions d’inadmissió a tràmit dels recursos de cassació i empara. Cal denunciar que, pràcticament i en la via del fets, s’ha eliminat el recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional, mecanisme establert per la Constitució com a garantia per a la protecció dels drets fonamentals dels ciutadans.

11. Per totes aquestes raons, i per tal d’evitar un major deteriorament en el drets fonamentals dels ciutadans a una tutela judicial efectiva i a la defensa, Justícia i Pau i el Grup de Juristes Roda Ventura fem una crida:

a) a l’atenció de la opinió ciutadana, i especialment als sectors cívics, professionals i administratius més afectats a obrir un debat polític i afrontar seriosament i en profunditat les actuals mancances del sistema judicial,

b) al Govern i als grups parlamentaris a revisar les lleis i mesures adoptades recentment, 

c) al Govern i al Consell del Poder Judicial a prendre urgentment les mesures més adequades i eficaces per a garantir una tutela judicial efectiva a tots els ciutadans.

Barcelona, febrer de 2013

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Persones adherides:

Jaume Saura
Javier Selva
Joan Mere.lo
Luis del Castillo
David Aineto
Jaume Pelegrin
Jaume Antich
Marius Roch
Eva Labarta
Miguel Arenas