Artículo de opinión de Rafael Allepuz, presidente de Justícia i Pau Lleida.

 

Pobreza energética

Ya hace un tiempo que no resulta extraño hablar de pobreza energética. Este fenómeno, que no es nuevo, se ha vuelto más visible por varios motivos: por una parte, por el aumento del número de personas y de familias que lo sufren; por la otra, por su repercusión social; y finalmente por la mayor sensibilidad ciudadana hacia ese tipo de pobreza que, sin un contexto de aumento generalizado de pobreza económica, no se entendería. Por todo esto entendemos que se ha producido un reconocimiento de la pobreza energética como un problema con entidad propia, del cual la sociedad y especialmente la Administración pública han de tomar consciencia y aplicarle las medidas y acciones pertinentes, cada una dentro de su ámbito competencial.

Este fenómeno nos plantea tres retos importantes. El primero consiste en identificar y cuantificar la pobreza energética. Para dar respuesta a este reto tenemos que utilizar aquellos indicadores que reflejan mejor la situación. Si utilizamos únicamente los indicadores monetarios podemos caer en el error de abastecer situaciones que no son de verdadera pobreza energética y de acoger casos que se podrían resolver con estrategias y actuaciones diferentes de la composición económica, a pesar de que podrían complementarse. Por este motivo, al análisis cuantitativo del fenómeno es preciso añadir el cualitativo. Las consecuencias de la pobreza energética no se resuelven únicamente financiando impagados y deudas.

El segundo reto consiste en discernir sobre la actuación de los diferentes actores como son las personas y familias afectadas, la administración competente en la materia, la sociedad civil y las empresas suministradoras. En el primer caso tenemos que partir de la idea de que todo consumo comporta un gasto que tiene que ser sufragado por el consumidor. Una vez surgen dificultades al respecto, hay que entender que el consumo energético es un derecho irrenunciable y que hay que garantizar su goce. Partiendo de esta premisa, la actuación de la Administración pública es imprescindible en los casos de necesidad. Hay que ir a las causas de las situaciones de precariedad y vulnerabilidad que llevan a las familias a esta situación y dar la respuesta justa. La legislación y la actuación de la Administración pública tienen que partir de la raíz de la problemática y dotar de herramientas eficaces para resolverla.

En cuanto a la sociedad civil, han ido surgiendo distintas iniciativas que tienen como objetivo dar apoyo a las familias afectadas mediante acciones informativas y de acompañamiento. Durante la actual crisis económica se ha demostrado que la ciudadanía es solidaria y responde, con sus limitaciones, frente a las situaciones de necesidad y de emergencia. En distintos territorios, como es el caso de Lérida, se han creado plataformas ciudadanas vinculadas con la pobreza energética.

El papel de las empresas suministradoras es capital. El mercado energético en el que actúan no es competitivo. El poder de las grandes empresas suministradoras les otorga un margen de maniobra con el que pueden establecer unos precios abusivos sobre un servicio que es básico e imprescindible para toda la ciudadanía –y también para las empresas y para todo tipo de organizaciones– que cuenta con la cooperación estratégica del poder político. Esta cooperación se ha convertido en una práctica difícil de desmontar. En la actualidad unos 24 ex-políticos se encuentran vinculados profesionalmente con empresas del sector energético, circunstancia que en España es de una intensidad muy superior frente a otros países de su entorno.

El tercer y último reto hace referencia a los precios energéticos. Las dificultades para pagar el consumo de la energía vienen causadas sin duda por la insuficiencia de ingresos de las familias, pero sobre todo por el aumento desproporcionado de su precio. España es el segundo país de la UE-28 en cuanto a incremento de precios, con un aumento del 52,3% (2008-2015), muy superior al europeo, que ha sido del 10,9%. No hay duda de que la complicidad entre poderes ha tenido mucho que ver. Es preciso controlar el aumento de precios energéticos e intervenir en su determinación reorientándolos.

Se precisan actuaciones de denuncia respecto a las acciones abusivas de las empresas suministradoras y la complicidad del poder público. Sin estas acciones, la pobreza energética no tendrá solución.

Son necesarios un nuevo modelo energético y un cambio en las políticas económicas y sociales para que favorezcan que todas las familias tengan la oportunidad de disponer de recursos económicos propios para hacer frente a sus necesidades con dignidad.

Rafael Allepuz Capdevila

Justícia i Pau-Lleida