Artículo de opinión de Joan Gómez i Segalà, miembro de Justícia i Pau de Barcelona.

 

La falacia de la aconfesionalidad

España no es aconfesional, Cataluña tampoco. Conviene que no sean aconfesionales, pero si fuesen confesionales aún sería peor. ¿Qué se puede hacer?

Los días 25 y 26 de Noviembre la Fundació Joan Maragall ha ofrecido un magnífico simposio internacional sobre Estado y religiones, y su relación en las democracias pluralistas actuales. Vale la pena seguir el debate para cuestionar algunos lugares comunes sobre el tema.

En primer lugar, la confesionalidad (o no) es un atributo de los Estados, no de su población. La población es diversa, y se rige por la libertad religiosa, mientras que los poderes públicos han de regirse por una neutralidad que respete la conciencia de los ciudadanos, que en nuestro caso establece dos limitaciones: no hay religión oficial y tiene que haber cooperación entre el estado y las confesiones.

Una vez dada la primera aclaración, podemos avanzar hacia la segunda. El Estado español no es aconfesional y la Generalitat de Catalunya menos, en cuanto se rige por la ley española y aún no tiene competencias para regular el derecho de libertad religiosa.

¿Por qué no podemos afirmar que el Estado español es aconfesional? Por dos motivos: porque la Constitución no lo afirma y porque no podemos identificar el conjunto de la práctica política española con el modelo aconfesional.

¿Qué dice al respecto la Constitución española de 1978? El artículo 16.3 de la Constitución empieza así: Ninguna confesión tendrá carácter estatal y a continuación describe que las relaciones del Estado con las confesiones tienen que ser de cooperación pero sin circunscribirlo dentro de ningún modelo. Por lo tanto, se prohíben de facto dos extremos: la imposición y la persecución, y deja un amplio margen de acción. Esta definición se explica por la falta de consenso entre los redactores de la carta magna, pero cuarenta años después podemos decir, haciendo de la necesidad virtud, que esta apertura ha resultado uno de los pocos aciertos del texto constitucional.

¿Qué desarrollo ha seguido la normativa española? Las administraciones han aplicado soluciones muy variadas e incluso contradictorias, según los casos. Veámoslo con ejemplos.

Medidas confesionales: una religión dispone de algunas prerrogativas en exclusiva.

1. El arzobispado castrense. Mientras el Orden de la Merced atiende a la población reclusa pero de forma completamente separada de la estructura penitenciaria, la Iglesia católica dispone de una estructura propia vinculada al aparato militar. No se trata de un organismo menor, sino nada menos que una archidiócesis con todos los servicios (catedral, seminario, clero, Cáritas, etc.) y un asiento en la Conferencia Episcopal.

2. Toma de posesión: La jura o promesa en la toma de posesión de un cargo, se hace ante la Constitución o la Biblia. No está previsto que se pueda jurar o prometer ante símbolos religiosos de otras confesiones.

Medidas aconfesionales: El Estado no dota de recursos públicos ni ofrece jurisdicciones particulares a las religiones.

1. No exención de contenidos curriculares que contradigan las creencias religiosas. El currículum escolar es obligatorio y la contradicción entre las enseñanzas escolares y las creencias no justifican la ausencia en clase. Si una familia o un alumno está en desacuerdo con el matrimonio homosexual, el uso de preservativos o la teoría de la evolución, tiene igualmente la obligación de estudiarlo y superar la prueba evaluadora. Con una gran ventaja: nadie va a obligarle a creerlo ni ponerlo en práctica.

2. Uniformes. A diferencia de algunos países, aquí no se permite el uso de pañuelos, kipás, turbantes, u otros símbolos religiosos en la cabeza, en sustitución de sombreros, gorras o cascos de los uniformes oficiales.

Medidas pluriconfesionales: El Estado dota de recursos públicos y jurisdicciones particulares a las religiones en igualdad de condiciones.

1. Espacios confesionales en la televisión pública: RTVE ofrece durante el domingo programas televisivos a cargo de los representantes de las confesiones que han suscrito acuerdos con el Estado: católica, evangélica, judía e islámica.

2. Efectos civiles del matrimonio religioso. El código civil reconoce los efectos civiles de las bodas de todas las confesiones con notable arraigo. Esto incluye las cuatro que tienen acuerdos con el Estado más otras como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los testigos cristianos de Jehová, el budismo y las iglesias ortodoxas.

Medidas laicistas: las religiones no son consideradas un bien público

1. Uso de los centros cívicos. Existen municipios que han prohibido la cesión de instalaciones públicas para actividades familiares o religiosas. Se trata de una clara discriminación que se basa en la función de la actividad y no en el tipo de actividad (puesto que a veces se prohíben conciertos o conferencias).

2. Centrifugación de los centros de culto. Hay municipios que disponen de ordenanzas que imposibilitan de facto que una entidad religiosa pueda establecer un centro de culto en el área urbana del municipio. Cataluña es una excepción ya que la Ley de los Centros de Culto dificulta enormemente la expulsión de estos equipamientos.

Todas estas medidas son legales y constitucionales, pero en ningún caso se las puede agrupar bajo un mismo modelo. Que la Constitución prohíba una religión oficial impide que se pueda imponer una religión o creencias a ningún ciudadano, pero no prohíbe que una confesión disponga de algunas prerrogativas en exclusiva.

La no discriminación por motivos de creencias no se tiene que dar sólo entre religiones, sino también entre creyentes y no creyentes. A mi modo de ver, la extensión de las prerrogativas que en la actualidad disfruta la Iglesia Católica a otras confesiones no es un atenuante que rebaje las diferencias, sino un agravante.

Ahora bien, mi opinión particular no me tiene que hacer tomar la parte (aconfesional) por el todo (modelo), ni considerar inconstitucionales las medidas que benefician a las creencias organizadas (religiones tradicionales) frente a las creencias no institucionalizadas (entre las cuales, los ateísmos y agnosticismos, que no se organizan en comunidades).

Si los analistas suelen distinguir los modelos asimilacionista (como en Francia), multicultural (como Inglaterra) e intercultural (como Alemania), los juristas españoles han acuñado el concepto del acomodo razonable para describir esa continua adaptación a la realidad concreta, que en nuestro país se caracteriza por no seguir ninguno de los modelos en exclusiva.

Dicho de otra forma, el modelo español se caracteriza por el pragmatismo de tomar decisiones ad hoc y que resulten menos lesivas para el conjunto de derechos fundamentales que es preciso proteger en cada caso. Puede gustarnos más o menos el desarrollo que ha seguido, pero en cualquier caso hay que valorar que ha sido más positivo que la sumisión de todas las decisiones a un modelo preestablecido constitucionalmente.

Todo lo contado se puede resumir con una afirmación y un deseo: el Estado español no es aconfesional y confío que la próxima República catalana no lo estropee encorsetándonos en un único modelo.

 

Joan Gómez i Segalà

28 noviembre 2016