Artículo de opinión de Anna Sangrà, responsable del área de migracions de Justícia i Pau Barcelona.

 

Tarajal tres años después: la frontera europea más olvidada

Días después de la emisión del documental Tarajal: desmontando la impunidad en la frontera sur y cuando quedan pocos días para el tercer aniversario, la opinión pública vuelve a hablar de la muerte de las quince personas subsaharianas en la playa de Tarajal.

El 6 de febrero de 2014, en la playa de Tarajal en Ceuta, un grupo de personas de origen subsahariano intentaron entrar a territorio español a nado. La reacción de la Guardia Civil esa noche para evitar la llegada de esas personas ha sido ampliamente criticada ya que numerosos testimonios afirman que los guardias civiles cargaron contra el grupo disparando balas de goma. En total, los informes dicen que se lanzaron 145 balas de goma y cinco botes de humo y que por lo menos 15 personas murieron ahogadas. El gobierno sostiene la versión que los guardias civiles dispararon las balas contra el agua para disuadirles, que su actuación fue impecable.

El caso, llevado por un juzgado de instrucción de Ceuta, quedó archivado. Se investigan dieciséis guardias civiles por homicidio imprudente. Ahora, la audiencia provincial de Cádiz ha reabierto el caso para clarificar qué sucedió realmente y si la Guardia Civil usó o no balas de goma para evitar que las personas pudiesen llegar a tierra firme.

Hasta aquí los hechos que me llevan a cuestionar si frente a la llegada de personas, por mar, de noche, ¿la primera reacción no tendría que ser el socorro? Claramente, si se disparan proyectiles al agua, independientemente de si impactan o no sobre una persona, la situación causa inseguridad y no ayuda a la llegada de las personas con garantías de seguridad. Por tanto, en el Tarajal no sólo se omitió el deber de socorro sino que encima se empeoró la situación de los emigrantes.

El Estado no tiene que trabajar con medios violentos para evitar la entrada de personas. La gestión de las fronteras que deseo de un estado social y democrático de derecho, como se define España en la Constitución, tendría que estar basada en los Derechos Humanos, procurando vías legales y seguras para los que arriesgan su propia vida huyendo de los conflictos, la miseria y las discriminaciones. Las migraciones son una realidad, ya sean voluntarias o involuntarias, y los inmigrantes son personas con derechos que no podemos vulnerar en nombre de la soberanía nacional cuando se acercan a nuestra frontera.

Además, el gobierno español durante legislaturas de distintos colores ha mantenido acuerdos con países africanos para gestionar los flujos migratorios más allá de las fronteras españolas, para evitar llegadas no deseadas. Tenemos que reflexionar sobre las políticas de control migratorio españolas, que no han mejorado la gestión de flujos migratorios. En España en dos décadas hemos ido desde de las pasteras del Estrecho, los cayucos en Canarias a los saltos de las cercas en Ceuta y Melilla. Todo son ejemplos de mala gestión fronteriza. 

En realidad, la mayoría de los que intentan acceder a España a través de Ceuta y Melilla escapan de conflictos bélicos en sus países de origen; son personas con un elevado potencial de ser reconocidos como refugiados en Europa. Sin embargo, dejando de lado si son o no refugiados, el trato en la frontera tendría que ser el mismo, ya que la indefensión es la misma: primero el auxilio y la posibilidad, si así lo desean, de solicitar protección internacional. Después, si hay que tramitar un procedimiento de expulsión que se siga tras la llegada y el auxilio y que no se apliquen devoluciones irregulares (las conocidas devoluciones en caliente).

Por lo tanto, el camino que le queda al Estado social y democrático de derecho español para gestionar correctamente sus fronteras es largo. El resto también tenemos que estar atentos a la realidad de nuestras fronteras y a no fijar la mirada únicamente hacia Europa oriental.

 

Anna Sangrà

23 enero 2017

 

Tarajal tres años después: la frontera europea más olvidada

Días después de la emisión del documental Tarajal: desmontando la impunidad en la frontera sur y cuando quedan pocos días para el tercer aniversario, la opinión pública vuelve a hablar de la muerte de las quince personas subsaharianas en la playa de Tarajal.

El 6 de febrero de 2014, en la playa de Tarajal en Ceuta, un grupo de personas de origen subsahariano intentaron entrar a territorio español a nado. La reacción de la Guardia Civil esa noche para evitar la llegada de esas personas ha sido ampliamente criticada ya que numerosos testimonios afirman que los guardias civiles cargaron contra el grupo disparando balas de goma. En total, los informes dicen que se lanzaron 145 balas de goma y cinco botes de humo y que por lo menos 15 personas murieron ahogadas. El gobierno sostiene la versión que los guardias civiles dispararon las balas contra el agua para disuadirles, que su actuación fue impecable.

El caso, llevado por un juzgado de instrucción de Ceuta, quedó archivado. Se investigan dieciséis guardias civiles por homicidio imprudente. Ahora, la audiencia provincial de Cádiz ha reabierto el caso para clarificar qué sucedió realmente y si la Guardia Civil usó o no balas de goma para evitar que las personas pudiesen llegar a tierra firme.

Hasta aquí los hechos que me llevan a cuestionar si frente a la llegada de personas, por mar, de noche, ¿la primera reacción no tendría que ser el socorro? Claramente, si se disparan proyectiles al agua, independientemente de si impactan o no sobre una persona, la situación causa inseguridad y no ayuda a la llegada de las personas con garantías de seguridad. Por tanto, en el Tarajal no sólo se omitió el deber de socorro sino que encima se empeoró la situación de los emigrantes.

El Estado no tiene que trabajar con medios violentos para evitar la entrada de personas. La gestión de las fronteras que deseo de un estado social y democrático de derecho, como se define España en la Constitución, tendría que estar basada en los Derechos Humanos, procurando vías legales y seguras para los que arriesgan su propia vida huyendo de los conflictos, la miseria y las discriminaciones. Las migraciones son una realidad, ya sean voluntarias o involuntarias, y los inmigrantes son personas con derechos que no podemos vulnerar en nombre de la soberanía nacional cuando se acercan a nuestra frontera.

Además, el gobierno español durante legislaturas de distintos colores ha mantenido acuerdos con países africanos para gestionar los flujos migratorios más allá de las fronteras españolas, para evitar llegadas no deseadas. Tenemos que reflexionar sobre las políticas de control migratorio españolas, que no han mejorado la gestión de flujos migratorios. En España en dos décadas hemos ido desde de las pasteras del Estrecho, los cayucos en Canarias a los saltos de las cercas en Ceuta y Melilla. Todo son ejemplos de mala gestión fronteriza.

En realidad, la mayoría de los que intentan acceder a España a través de Ceuta y Melilla escapan de conflictos bélicos en sus países de origen; son personas con un elevado potencial de ser reconocidos como refugiados en Europa. Sin embargo, dejando de lado si son o no refugiados, el trato en la frontera tendría que ser el mismo, ya que la indefensión es la misma: primero el auxilio y la posibilidad, si así lo desean, de solicitar protección internacional. Después, si hay que tramitar un procedimiento de expulsión que se siga tras la llegada y el auxilio y que no se apliquen devoluciones irregulares (las conocidas devoluciones en caliente).

Por lo tanto, el camino que le queda al Estado social y democrático de derecho español para gestionar correctamente sus fronteras es largo. El resto también tenemos que estar atentos a la realidad de nuestras fronteras y a no fijar la mirada únicamente hacia Europa oriental.

Anna Sangrà