Rafa Allepuz EdO

Articulo de opinión de Rafael Allepuz, presidente de Justícia i Pau de Lleida.

 

A favor de la predistribución

Durante el pasado mes de enero, una de las principales noticias que aparecieron en los medios de comunicación se refería al encuentro, en la ciudad de Davos, del llamado Fórum Económico Mundial (FEM). Se trata de un encuentro del poder económico y político mundial para discutir los principales problemas económicos y el rumbo que ha de tomar la economía mundial. En esta ocasión se han subrayado tres tendencias como amenazas para la estabilidad global, que son las desigualdades económicas, la polarización social y los peligros medioambientales que se plantean como riesgos para el crecimiento económico.

De entre estas tres tendencias, la que ha obtenido más eco, por lo menos desde los medios de comunicación, es la que se refiere a las desigualdades económicas. En el tratamiento de este problema no se ha hecho ninguna alusión a la cuestión clave que es la distribución de las rentas.

Desde hace unos años, por las mismas fechas, Oxfam presenta su informe anual. En esta ocasión, el informe llevaba por título Una economía para el 99%. En la misma línea, el informe del año pasado se titulaba Una economía al servicio del 1%. En sus informes, Oxfam hace un llamamiento sobre las diferencias en la acumulación de riqueza y en la distribución de las rentas que se generan, así como de sus consecuencias. Frente a esta circunstancia, plantea unas propuestas redistributivas que a mi parecer serían eficaces para reducir las diferencias y sus efectos. En estos informes sí que se va a la raíz del problema, que es la distribución.

Desde el año 1971, cuando empezó a reunirse este grupo, el neoliberalismo económico se ha implementado con más intensidad por todos los rincones del mundo. El FEM es la fuente de la ideología económica de las últimas décadas y donde se cuecen las grandes decisiones que después transmiten instituciones (como el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) y gobiernos. Desde entonces, la economía mundial ha sufrido varias crisis económicas, algunas más intensas que otras. A pesar de los adelantos que se hayan podido producir, los informes de Oxfam son claros: las políticas económicas que se deciden en Davos no sirven para el desarrollo humano integral global. El modelo de crecimiento económico que defiende tiene deficiencias de tipo estructural que hay que corregir. Y sobre esta cuestión es preciso centrar la mirada en la distribución de las rentas.

Me parece acertado que desde Oxfam se planteen estrategias redistributivas de las rentas que son necesarias, como las prestaciones sociales y los sistemas fiscales más progresivos. Pero a mi entender, la clave está en el momento de la distribución, en el que la distribución primaria es fundamental, la que deriva del reparto de las rentas que se generan entre salarios y beneficios. Existen varios indicadores que ponen de manifiesto la injusta distribución primaria de las rentas, como son los bajos niveles salariales y su devaluación y la pérdida de peso de las rentas salariales sobre el PIB a favor de las rentas del capital.

Desde mi punto de vista, el debate sobre la problemática de las desigualdades económicas debería centrarse en la predistribución y consiste en establecer mecanismos previos a la distribución de rentas que la hagan más justa y equitativa. Se trataría de reequilibrar la distribución y no pasar la responsabilidad a fenómenos como la innovación tecnológica, la globalización y la necesaria flexibilización de los mercados de trabajo, como si fuesen fenómenos fuera del alcance del control de los poderes públicos. Hay distintos ámbitos de determinación de las rentas primarias (las que son objeto de distribución primaria) en los cuales se puede intervenir.

Consistiría en instrumentalizar cierta forma de control en los procesos de distribución primaria para dotarlos de una orientación más redistributiva. Es preciso, entre otras medidas, favorecer un poder de negociación y de decisión más equilibrado entre los diferentes agentes económicos (entre empresas y trabajadores y entre sus legítimos representantes) y desarrollar políticas de renta con salarios mínimos más elevados y con distancias salariales máximas en las empresas que participen en procesos de contratación pública.

El objetivo es dotar de una dimensión más humana a los procesos de distribución de las rentas para dignificar más la vida de todas las personas y reducir las desigualdades económicas existentes que no son aceptadas desde ninguna perspectiva humana, social ni económica (como también comparte el FEM).

Rafael Allepuz
Justícia i Pau-Lleida