Artículo de opinión de Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau de Barcelona.

 

Violación masiva de derechos humanos

Este domingo en Cataluña se ha producido una vulneración masiva de derechos fundamentales, que nos llena de tristeza e indignación. Ya no creíamos que podríamos ver nunca más nada parecido en nuestro país.

En estos momentos se cuentan más de ochocientos heridos o atendidos por los servicios médicos en todo el territorio, algunos graves, personas de todas las edades y condiciones, a consecuencia de la actuación policial dirigida a cerrar centros de votación y requisar el material del referéndum. A eso hay que sumarle el miedo e inquietud generada en miles de personas y los daños materiales en múltiples edificios públicos y privados.

No quiero entrar en valoraciones políticas de ninguna clase, ni hacer previsiones sobre lo que puede suceder en los próximos días y horas. Aunque tenga mi propia opinión, no quiero juzgar la legitimidad ni la oportunidad de las posiciones, argumentos o decisiones políticas de ningún gobierno, partido o institución, ni sobre el valor de este referéndum. Habrá tiempo para hablar de ello. Porque lo que ha pasado es muy grave y absolutamente inaceptable.

El Estado español, de forma difícilmente previsible, ha utilizado la violencia para parar las actividades de centenares de miles de personas que de forma libre y pacífica ejercían derechos y libertades fundamentales reconocidos por todos los Tratados internacionales de derechos humanos. Una violación masiva de la integridad física de las personas agredidas deliberadamente y de las libertades de reunión, de expresión y de participación política.

Ni suponiendo que alguien pueda estar convencido de que el referéndum era una actividad contraria a una ley vigente y que existían órdenes judiciales legítimas para pararla, es evidente que una acción colectiva y pacífica que no supone ningún atentado ni perjuicio concreto contra los derechos de nadie, amparada por las libertades políticas democráticas, no puede ser parada mediante la violencia, y menos aún, con una violencia indiscriminada y de esta magnitud. En un Estado mínimamente democrático, la violencia de las fuerzas policiales sólo se justifica cuando sea el único medio posible para prevenir o parar un daño más grave a un bien jurídico esencial. Es evidente que no es el caso.

A todas luces, el comportamiento del Gobierno de España ha sido jurídicamente y éticamente abusivo. Merece una condena rotunda y la exigencia de responsabilidades legales a los que la han usado u ordenado por parte de las instancias judiciales estatales e internacionales, así como la reprobación política de la Europa democrática.

Frente a un conflicto político de la magnitud del que vivimos, el uso de la fuerza y la violencia para imponer la propia posición es profundamente inmoral, irresponsable y peligroso. Y es ofensivo pretender desviar responsabilidades en otros o a las víctimas.

No nos cansaremos de repetir que sólo a través del diálogo honesto y la negociación política se podrá llegar a una solución justa y en paz.