Artículo de Fernando Gómez Carvajal, miembro de Justícia i Pau Barcelona.

 

Cumplir con el derecho a la vivienda, una obligación de todos

El periodo de Gran Recesión sucedido en la última década nos ha dejado como consecuencia una crisis social con graves repercusiones en muchos de los ámbitos básicos de nuestra sociedad, entre otros, la vivienda, problema sobre el que podríamos distinguir dos fases. La primera de ellas se encuentra señalada por el drama humano de los desahucios por impago de hipoteca y los esfuerzos gubernamentales destinados a evitarlo (Ley de emergencia habitacional, suspendida por el Tribunal Constitucional). La segunda, donde nos situamos actualmente, aborda el debate de cómo garantizar el acceso a la vivienda, en un contexto de escasez del crédito y una auténtica burbuja del precio del alquiler con respecto a la situación del libre mercado, y de retraso en las políticas y limitaciones financieras con respecto a la situación institucional. Hay que recordar, así mismo, que a pesar de la desaparición del foco mediático sobre los desahucios, continúa el fenómeno e incluso aumenta (de 8 a 10 diarios), ahora traducido en el impago del contrato de alquiler o la no renovación de éste para no poder asumir el aumento del precio.

La ciudad de Barcelona es el ejemplo paradigmático. Por un lado, la demanda de vivienda en la capital catalana es elevada, pero la escasez del crédito a la construcción hace que la oferta de vivienda nueva sea muy reducida, trasladándose en parte al mercado de segunda mano pero también y principalmente al mercado de alquiler, produciéndose un aumento exponencial de su precio (casi el doble que en 2000). Sin embargo, sobre la demanda de alquiler también se encuentran otros motivos como el cambio de mentalidad de la ciudadanía que apuesta por la flexibilidad, o la situación precaria de muchas familias, jóvenes e inmigrantes que no les permite plantearse la opción de compra. Los arrendatarios por su parte suman una prima de riesgo por la alta tasa de morosidad y la posición del ayuntamiento favorable a los inquilinos. Unido a esto, se llega al extremo de dejar el piso vacío (entre un 10-15% del total), reduciendo así la oferta. Otro elemento que la reduce es la moratoria hotelera, teniendo como consecuencia que la demanda de visitantes se traslade a los particulares y éstos tengan interés en destinar las propiedades para el uso turístico, de donde se pueden sacar más ingresos y los costes de transacción son bajos.

Para hacer frente a este problema, las instituciones parten desde la última posición de salida. A diferencia de otras grandes ciudades europeas como París (17%), Berlín (30%) o Ámsterdam (48%), en la capital catalana sólo contamos con un 2% de vivienda de alquiler social. Este dato refleja la política de vivienda propia de los países mediterráneos favorable a la propiedad, a través de incentivos fiscales y la producción de vivienda de protección oficial iniciada en los años 60, a la que hay que añadir una gestión lamentable: durante la crisis el precio de compra de vivienda en el mercado libre en algunas zonas era inferior al público. Desgraciadamente, a pesar de tener la voluntad de revertir esta situación con más alquiler social (nueva construcción o adquisición), la capacidad inversora de las instituciones no es lo suficientemente grande para dar respuesta a corto plazo a la demanda total de alquiler público y para que éste sea una variable que condicione a la baja el precio de alquiler privado. Paralelamente, al órgano legislativo sí le queda margen para incentivar el mercado de alquiler, como es el caso del impuesto a las viviendas vacías (también suspendido por el TC), siempre que la situación política lo permita. En este sentido, es necesario un acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias para cumplir con la Ley del derecho a la vivienda, haciendo que forme parte de los pilares básicos del estado de bienestar, junto con sanidad y educación, y así no sea un elemento del juego político, aportando la estabilidad necesaria para poder llegar a equipararnos a medio plazo con los estándares europeos.

Finalmente, cabe destacar la responsabilidad social de los agentes privados en su colaboración con la administración pública ante este reto. La cultura de alquiler de los países nórdicos ha sido fomentada también por un tejido asociativo y de entidades potente. Cogiendo de nuevo el caso de Ámsterdam, allí existen 425 organizaciones que gestionan hasta 200.000 viviendas de alquiler, incentivadas por el gobierno estatal. En Cataluña, el tercer sector ha comenzado a desarrollar este papel activo en los últimos tiempos, y fundaciones como Hàbitat3 son un buen ejemplo. Sólo con la implicación de todos solucionaremos uno de los mayores retos sociales al que nos enfrentamos hoy en día.

Fernando Gómez Carvajal