Rafa Allepuz EdOArtículo de Rafael Allepuz Capdevila, miembro de Justícia i Pau Lleida.

Sobre el Salario Mínimo Interprofesional

El presidente Torra en el discurso de investidura proponía que en Cataluña el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debería ser de unos 1.100 euros al mes. Me alegré de escuchar lo que para mí era una buena noticia –sobre todo si se lleva a cabo— porque la subida de este SMI ha sido para mí una de las principales reivindicaciones que hace años voy haciendo.

El Estado español firmó, en su momento, la Carta Social Europea (CSE) en la que se propone que este salario sea un 60% del salario medio del país. En el caso de España hace unos cuantos años que este porcentaje ya representaba unos 1.000 euros al mes. Si tenemos en cuenta que en la actualidad el SMI español es de 735,90 euros al mes (en catorce pagas), constatamos un flagrante incumplimiento de los compromisos con la CSE. Y lo que me preocupa más es el acuerdo al que llegaron el pasado mes de diciembre los principales sindicatos CCOO y UGT con la patronal CEOE y CEPYME y el gobierno español para que éste lo suba en 2020 a los 850 euros mensuales, un acuerdo que según la ministra Báñez representaría un gran esfuerzo.

Para mí, las ventajas de incrementar el SMI y su mantenimiento en un nivel digno pasan, entre otras, en garantizar unas mínimas condiciones de vida para las personas que trabajan. En la actualidad en Cataluña la tasa de pobreza en el trabajo se sitúa en el 12,6%, es decir, que para muchas personas el trabajo no es una garantía para dejar de ser pobres. También serviría para frenar las elevadas desigualdades salariales —y las económicas y sociales de todo tipo— y la explotación laboral, puesto que el SMI se utiliza mucho como referente en la economía sumergida.

Los argumentos en contra, que también existen y son muchos, no acostumbran a tener base empírica puesto que se argumentan más con base teórica que práctica.

Hay quién propone que ya que con este incremento aumentaría la recaudación de impuestos, vía IVA —al aumentar el consumo interior— y vía cotizaciones sociales —por el incremento de la masa salarial—, el incremento de coste que representa para las empresas se podría compensar con algún tipo de bonificación. Habría que tenerlo presente y estudiarlo.

No sé si acabaremos siendo una república independiente o no, pero iría muy bien que aquellas propuestas que se hacen desde la política catalana y que supongan una mejora social importante se tuvieran en cuenta al margen de los acontecimientos de carácter político. Nuestros sindicatos y las plataformas ciudadanas interesadas en el bienestar de la ciudadanía tendrían que tomarlas como estandarte en sus reivindicaciones y llamadas a las movilizaciones ciudadanas. Es un apunte que hace tiempo que pido y que creo, sinceramente, que podría tener sus efectos positivos. Hace falta que nos lo propongamos.


Rafael Allepuz