Fernando Gomez EdOArtículo de opinión de Fernando Gómez Carvajal, miembro de Justícia i Pau Barcelona.

Sobre la necesidad de un pacto social para la atención de los MENA

En las últimas semanas hemos sido espectadores de la aparición de una triste polémica en torno al crecimiento exponencial de Menores No Acompañados (MENA). Estos niños y adolescentes que llegan sin que ningún adulto responsable, procedentes principalmente del Magreb, se concentran en gran número en las comunidades de Andalucía, País Vasco y Cataluña, donde son tutelados por sus administraciones. Para hacernos una idea de la problemática pública y social que ello representa, en 2015 en nuestro país había entre 300 y 400 MENAs, y se prevé cerrar este año con 3.000 jóvenes que requieren atención.

Como recordaremos, la polémica se inicia al publicarse varias noticias en torno a esta cuestión. Una de ellas, recogía el episodio donde unos jóvenes recién llegados tuvieron que dormir en las comisarías de los Mossos d’Esquadra, después de que estos los encontraran deambulando por las calles de sus pueblos y que fueran rechazados por los centros de acogida de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), responsable de su tutela, por encontrarse temporalmente desbordados. Al mismo tiempo, comenzaron a salir otras informaciones que relacionaban la llegada de los MENA, y que pasaran la mayor parte del tiempo a la intemperie, con el crecimiento del incivismo y la inseguridad en estos municipios. La compleja realidad que genera esta situación, por el equilibrio entre la rendición de cuentas ante la ciudadanía y el cumplimiento con la privacidad de los datos de estos menores, hace que las explicaciones de nuestros responsables políticos puedan no parecer del todo claras y, lo más grave, ofrezca la oportunidad a grupos de extrema derecha de introducir su mensaje populista y xenófobo. Ante esto, creo necesario que las personas comprometidas socialmente combatamos estas fake news, explicamos el drama real que sufren estos pobres chicos y reclamamos unas políticas públicas de acompañamiento y promoción efectivas para la integración de los MENA en nuestra sociedad.

La actuación de las administraciones queda reglada desde 2014 por el Protocolo Marco de Intervención con tipo que recoge los aspectos de la ley de extranjería, la ley de la infancia y el código civil, que tienen que ver con este colectivo, y la realidad es que ni se cumple en su totalidad ni de la misma manera por parte de las comunidades autónomas. Como critica un durísimo informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en España "se utilizan métodos invasivos de determinación de la edad, sin consentimiento, con un amplio margen de error y baremos para niños caucásicos, incluso en los casos donde los documentos de identidad son auténticos", por los que pueden quedar excluidos del sistema de protección al niño y acabar siendo víctimas de la trata de personas; aun así, el nivel de protección es insuficiente con una clara falta de asistencia social, económica y jurídica, esta última sobre todo durante el proceso de determinación de la edad; con los que son aceptados, se han detectado numerosos casos de tratos deficientes hasta llegar a la violencia por parte de los profesionales de los centros de acogida, sin que los niños tengan ningún mecanismo de denuncia; si se cree que es mayor de edad, en las ciudades de Ceuta y Melilla se lleva a cabo devoluciones automáticas o "en caliente" sin ninguna garantía, y en el resto del territorio se emite una orden de expulsión con la consecuente estancia en los centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), de los que también conocemos numerosos episodios de violación de Derechos Humanos; todo ello, sumado a una absoluta descoordinación en la gestión por parte de las administraciones, entre las mismas autonomías, y entre las autonomías y sus municipios. A todo ello hay que añadir, como comentaba antes, que el aumento en el número de llegadas ha desbordado los centros de acogida, haciendo que se encuentren masificados y no haya profesionales suficientes para atenderlos.

La situación descrita puede generar una crisis emocional, si no la arrastraban ya por desvincularse de su familia siendo sólo niños y el mal trago que habrán vivido para llegar hasta aquí. Es por ello que la llamada a la comprensión y la solidaridad con ellos debería ser permanente. Sin negar los posibles actos delictivos que se haya podido cometer en algunos casos, no podemos negar nuestra histórica voluntad de acogida y por eso hay que entender y tratar la raíz del problema para que no vuelva a suceder, y es, la exclusión en la que viven. Afortunadamente parece que la presión pública ha hecho reaccionar a nuestros representantes y, empezando por el gobierno español, ha abierto una partida extraordinaria de 40M € para que las autonomías hagan frente a esta situación sobrevenida, además de comprometerse a revisar el protocolo. Al mismo tiempo, la Generalitat de Catalunya se ha comprometido a redefinir su modelo de actuación con los MENA de acuerdo con todos los agentes implicados, además de abrir más centros de acogida. Esperemos que esta cadena de reacciones llegue también al mundo local, de manera que haya una mayor coordinación y aceptación de acogida.

Hasta ahora, sin embargo, no hemos hablado de lo que sucede cuando los menores no acompañados alcanzan la mayoría de edad, momento en el que, si no fuera gracias al acompañamiento de las entidades del tercer sector, se encontrarían absolutamente perdidos, aunque su alcance es limitado. Tratar esta cuestión daría para otro artículo del Estado de opinión, pero está claro que la administración no puede considerar, a efectos de gestión de políticas públicas, que un joven migrado salido de un centro de acogida tiene la misma red de seguridad que un joven "estándar" autóctono, por lo que hay que seguir con su acompañamiento hasta que consiga empoderarse y ser autónomo. Está claro que los Menores No Acompañados se han convertido en un fenómeno migratorio con importantes implicaciones éticas y políticas, que sin duda pone a prueba nuestra respuesta humanitaria. Estemos a la altura.

 

Fernando Gómez Carvajal (14 de Noviembre de 2018)