Joan Lopez EdOArtículo de opinión de Joan F. López Casasnovas, miembro de Justícia i Pau Menorca.

Estado de derecho y secretos de Estado

Seguramente no es la mejor película de Roman Polanski, pero El oficial y el espía (2019) debe de ser la más presentable que ha dirigido desde que rodó El pianista (2002). Si el cine es, por definición, un arte popular, esta película tiene la virtud de mostrar a un gran público unos acontecimientos rigurosamente históricos que, de manera sorprendente, presentan paralelismos con nuestra actualidad. Basada en una novela de Robert Harris, el tema no es otro que el del famoso ‘afer Dreyfus’.

Brevemente, recordémoslo. Francia, 5 de enero de 1895. El capitán Alfred Dreyfus, un joven oficial judío, declarado culpable de pasar información militar a Alemania, es degradado y condenado a cadena perpetua en la isla del Diablo (Guayana Francesa). El coronel George Picquart, que había testificado contra el que fue su alumno en la Academia de Artillería, cuando accede a dirigir la unidad de contraespionaje se da cuenta de que, aun estando Dreyfus encarcelado, los secretos militares continúan llegando a los alemanes. Su investigación conduce a un laberinto de mentiras y corrupciones que alcanzan a la cúpula del poder. En el transcurso de los diferentes consejos de guerra, en que reiteradamente Alfred Dreyfus es declarado culpable, hay un momento determinante y es cuando el ministro de la Guerra, Cavaignac, declara poseer una prueba inculpatoria irrefutable en forma de un memorándum. Sin embargo, cuando la defensa se lo requiere, se niega a presentarlo alegando que se trata de un secreto de Estado y pidiendo al jurado que den crédito a su testimonio por la autoridad que ostenta, ya que él y el gobierno velan por la seguridad del Estado y la unidad nacional.

El caso Dreyfus, paradigma de la imposición de la razón de Estado por encima del Estado de derecho, hizo temblar los cimientos de la Tercera República Francesa y a la vez sirvió para reforzar los principios de la democracia. Tuvo, pues, una enorme repercusión tanto en el ámbito político como en el social, y no sólo en Francia, sino en toda Europa, donde este caso se siguió con sumo interés. De su legado nos queda la creación de la Liga de los Derechos del Hombre, el 26 de febrero de 1898, y la ley de separación entre la Iglesia y el Estado, del 9 de diciembre de 1905. Así pues, supuso un paso adelante en la defensa de valores tales como la separación de poderes o la igualdad de la ley para todos los ciudadanos, con independencia de cuál fuera su religión. Hoy más que nunca, ante la actualidad política nacional e internacional, con el ascenso del autoritarismo antidemocrático y de la extrema derecha en Europa y otros continentes, el caso Dreyfus resuena con fuerza como recordatorio de la necesidad de no desfallecer en la lucha por los valores que dan sentido a la democracia.

La escena nos lleva ahora al Tribunal Supremo del reino de España, cuando el juez Marchena rechaza la petición de la defensa de los presos políticos catalanes para que el testimonio de numerosos guardiaciviles se contraste con las imágenes registradas in situ y así poder constatar quiénes ejercieron realmente la violencia. El presidente de la sala considera entonces que no es preciso visionar dichas imágenes ya que el tribunal las verá ‘en su momento’; más adelante, se permite llamar la atención de la filósofa Marina Garcés instándola a exponer hechos dejando al margen sus sentimientos. Se lo dice a pesar de que él mismo había admitido a los guardiaciviles declarantes valorar diferentes referencias subjetivas (sentir miedo ante las ‘miradas de odio’ generalizadas o sufrir la ‘violencia’ de los que ofrecían resistencia a sus órdenes, etc.). Así, cuando la justicia no se muestra imparcial, adopta actitudes preconcebidas, pide aclaraciones al TJUE y no se espera a recibir respuesta para dictar sentencias, etc., algo importante chirría en el Estado de derecho. Cuando se anteponen metafísicos conceptos de unidad nacional indisoluble y patria común e indivisible a la realidad plural de diversos sujetos de soberanía y a legítimos sentimientos de pertenencia, que el Estado español no reconoce, y además se sitúa a las fuerzas armadas como garantes de la integridad territorial (art. 8.1 de la CE) sin tener en cuenta la voluntad de los pueblos, ello va en detrimento de la Democracia. Cuando la estrategia política consiste en dejar que determinados jueces “afinen” lo que debería tratarse políticamente, y no se depuren por ello responsabilidades y luego no pase nada, es que algo huele a podrido en Dinamarca, como diría el príncipe Hamlet.

Importantes juristas, como el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, han denunciando las perversiones jurídicas de los togados que han instruido o sentenciado los acontecimientos del otoño de 2017 en Cataluña. Lo vienen denunciando desde hace semanas, incluso meses si retrocedemos hasta el comienzo de la causa que ha llevado a desmesuradas condenas de cárcel a seis miembros del gobierno catalán (Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa), la presidenta del Parlament Carme Forcadell y los presidentes de sendas asociaciones ciudadanas: Jordi Sánchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium Cultural). Ahora la justicia europea está dando la razón a estos juristas. Atención: la justicia europea está plenamente vigente en la sociedad española en virtud de la entrada del reino de España en la UE.

Las sentencias deben acatarse en un estado de derecho y aunque España se declara como tal en su texto constitucional, cabe dudar de que en sus hechos realmente lo sea. Al menos en todos ellos. Veamos que en un estado democrático, la inmunidad parlamentaria es una exigencia del principio constitutivo de esta forma política, afirma Pérez Royo, para quien esto “es una derivación inmediata directa del principio de soberanía popular (,,,), una garantía que se renueva con cada expresión de la voluntad popular en unas nuevas elecciones”. El parlamentario sólo pierde esta inmunidad cuando acaba su mandato o cuando el mismo parlamento decide retirársela. En consecuencia, Junqueras -como ya han hecho los europarlamentarios electos Comín y Puigdemont obteniendo el acceso a la Cámara europea- tiene todo el derecho de ocupar su escaño en ella y, por lo tanto, a gozar de inmunidad. Todo lo que se haga desde España para impedírselo (véase ahora la extralimitación de la JEC usurpando funciones del Supremo) será echar más leña al fuego del escándalo judicial. El gobierno ‘en funciones’ podría haberse ahorrado los millones que España Global se viene gastando en propaganda para intentar mejorar la imagen española.

En el origen histórico de la inmunidad (individual) del diputado electo radica la salvaguarda frente a la monarquía, es decir, frente a un poder ejecutivo y judicial en el Antiguo Régimen, que no era democrático. Entonces la inmunidad servía para proteger el elemento electivo del estado frente a los poderes que no lo eran. Sin embargo, está visto que en el reino de España, donde se han conculcado normas básicas (y ahora caen los primeros varapalos de las instancias judiciales europeas), los únicos individuos inmunes al virus de cualquier despropósito son los figurantes reales, ellos sí constitucionalmente (art. 56 i ss.) ‘inviolables’.

Joan F. López Casasnovas