Artículo de opinión de Rafael Allepuz, miembro de Justícia i Pau Lleida.

 

En defensa de los derechos laborales y sociales de las personas trabajadoras temporeras

En la pasada campaña de temporeros, personas trabajadoras que acuden a las provincias donde se desarrolla la campaña de recolección en el sector agrícola, como es el caso de Lleida, Cáritas Española realizó una investigación en 30 provincias que pone de manifiesto la existencia de múltiples vulneraciones de derechos laborales y de explotaciones en los sectores agrícola, la hostelería y los empleos del hogar.

 

En cuanto al primero, el informe confirma lo que ya se conocía mediante el trabajo diario de atención a estas personas. De esta manera se desvelan las condiciones de trabajo de una buena parte de personas trabajadoras (no todas, ¡por supuesto!) que lo hacen en uno de los motores económicos de la provincia de Lleida, circunstancia que pone de manifiesto uno de los factores sobre los que se asienta el crecimiento económico leridano.

La investigación se centró en evaluar las vulneraciones de los derechos de las personas trabajadoras en aspectos concretos como son las condiciones económicas, el tiempo de descanso, el trato laboral y las posibles violaciones de tipo penal.

En el caso del sector agrícola, un 25,8% de las personas entrevistadas eran extranjeras de países extracomunitarios y sin permiso de trabajo y un 56% lo eran del mismo origen pero con permiso de trabajo, lo que refleja un nicho de empleo para las personas extracomunitarias. Durante la campaña más del 75% manifestaban realizar más de 40 horas a la semana y un 32% los que declaran hacer más de 50 horas (un 10,6% más de 60 horas), siendo la media de 48 horas.

En cuanto a las remuneraciones, cerca del 50% manifestaba cobrar todo o parte de su salario en negro, un 46% cobraba menos del salario que le correspondía legalmente y un 22,5% realizaba horas extraordinarias sin retribución.

En cuanto a la vulneración de derechos relacionados con el código penal un 22,5% declaraba que recibía un trato humillante, un 12,9% amenazas, a un 11,9% le retenían la documentación y un 3% recibía violencia física.

En resumen, el informe destaca que el indicador de vulneración económica es el más elevado, seguido de la vulneración del descanso. En conjunto se afirma que el nivel de vulneración en general es grave porque un 48,7% de los casos manifestaba haber recibido más de un tipo de vulneración simultáneamente. Por este motivo, el informe denuncia que se ha normalizado la vulneración de los derechos laborales en determinados sectores, como es el agrícola, que los procesos de mediación e intermediación que acompaña la entidad no evita las vulneraciones y que la situación de legalidad no impide las vulneraciones pero que la situación administrativa irregular es un factor de mayor vulnerabilidad.

Aprovecho el inicio de las campañas de este año para hacer una llamada a la concienciación de esta situación y a una mayor sensibilización de los agentes que intervienen en las mismas. Si bien se trata de una minoría, el solo hecho de que existan estas vulneraciones en pleno siglo XXI es ya una alarma. El mismo sector debería preocuparse de corregir estas prácticas, además del resto de agentes económicos y sociales del territorio.

El informe finaliza con un llamamiento a la necesidad de desarrollar estrategias de sensibilización y de defensa del trabajo decente, tal como pregona la OIT y otras entidades públicas y privadas, entre otras nuestra iglesia (Iglesia por el Trabajo Decente, de la que formamos parte Justicia y Paz y Cáritas diocesana).

En el caso de Lleida, contamos con la acción de entidades y plataformas que de forma activa trabajan por la defensa de los derechos laborales y sociales de las personas temporeras, como es el caso de Fruita amb Justícia Social. El trabajo en red es necesario y es la vía más efectiva para lograr objetivos que requieren de grandes y pequeñas transformaciones económicas y sociales.

Rafael Allepuz