Nos sumamos al comunicado lanzado por la Comisión General Justicia y Paz donde se muestra indignación ante la situación vivida a Walili, Níjar, el día 30 de enero.

El pasado 30 de enero el Ayuntamiento de Níjar ejecutó el desalojo y el derribo del asentamiento chabolista de El Walili. Allí malvivían entre 300 y 400 personas en chabolas de madera, de plástico o de cartón. No tenían agua potable ni alcantarillado. La electricidad la pinchaban. Si bien el Ayuntamiento les ofreció una estancia temporal en un almacén que habilitó con literas alineadas una junto a otra, sin apenas separación y sin intimidad alguna, solamente unos pocos de los desalojados se acogieron a este arreglo transitorio. La mayoría se mudó a otros asentamientos o buscó refugio en locales o viviendas realquiladas y hacinadas.

El Walili es la punta de un gran iceberg en la soleada Almería. Este asentamiento es uno de los cerca de ochenta que se calcula que hay diseminados entre los invernaderos del Campo de Níjar. En ellos malviven hombres y mujeres que han emigrado a España en busca de un futuro mejor. La mayoría provienen de Marruecos y de países del África subsahariana. Son pocos los que tienen papeles. Subsisten de lo que puedan ganar trabajando por unos pocos euros/hora recogiendo frutas o verduras en los invernaderos. Si su situación ya es precaria de por sí, además, a menudo son víctimas de estafas de individuos que les ofrecen un contrato ficticio o un empadronamiento inexistente a cambio de grandes sumas de dinero.

Son víctimas de la pobreza y de la marginación extrema. Olvidados entre los olvidados.

Si nos detenemos a pensar un poco, nos daremos cuenta que las frutas y verduras provenientes de Almería que comemos han pasado por sus manos. La llamada “huerta de Europa” no sería posible sin ellos. Ahora bien, a muchos les importa poco como sobreviven estas personas. Muchos callan ante esta injusticia y se lavan las manos con indiferencia ante esta dramática existencia.

Desde Justícia i Pau denunciamos la situación en que se encuentran estas personas. Son seres humanos con la misma dignidad y derechos que el resto de personas que habitan en España. Tienen derecho a emigrar, a trabajar, a la salud y a tener una vivienda digna. El desalojo y demolición de las chabolas no sirve para resolver el problema de la falta de vivienda y de oportunidades laborales de estas personas. La solución no es fácil, pero se empieza por reconocerles su dignidad y facilitándoles el acceso a la residencia y a un trabajo digno. La reciente recogida de firmas de la iniciativa legislativa popular de regularización de personas extranjeras es un paso en esta dirección. Ahora falta que el legislador y las administraciones la sigan.

Comisión General Justicia y Paz