Rafael Allepuz Capdevila
ESTADOS DE OPINIÓN

La desigualdad digital

Durante las últimas semanas son muchas las entidades del tercer sector de acción social que están presentando sus memorias correspondientes al año 2020. Una de las conclusiones compartidas es que la exclusión social se está consolidando bajo las bases de tres pilares sólidos como la pobreza económica, el trabajo y la vivienda. Además, se observa que otras dimensiones de la exclusión como la salud mental y la brecha digital se están expandiendo, con lo que en breve acompañarán a las tres anteriores. Esto dibuja un panorama que se está complicando más para un número creciente de población que ve limitadas sus oportunidades de desarrollo personal y social.

Me gustaría hacer una breve reflexión sobre la brecha digital ya que en los últimos años la exclusión social se ha visto influenciada por el papel transformador de la Sociedad de la Información y de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

Una persona puede estar en situación de riesgo de exclusión digital cuando se encuentra en una de las dos siguientes circunstancias: cuando se ve privada de acceder a los derechos y oportunidades derivados del uso de las TIC y/o cuando no tiene la capacitación digital suficiente como para disfrutar de estos derechos y oportunidades.

La exclusión digital crea nuevas desigualdades que agrandan diferencias sociales y crean nuevas brechas entre la población, las brechas digitales. Con la pandemia esta circunstancia se ha manifestado de forma más evidente.

No se trata sólo de brechas materiales (de acceso o de posesión de medios tecnológicos) sino que las implicaciones que las TIC tienen en diferentes ámbitos de la vida de las personas afectan a diferentes esferas de su desarrollo y pueden incrementar las desigualdades en oportunidades familiares, territoriales, laborales, económicas, culturales, sociales o educativas, entre otras.

Esta circunstancia obliga a que las administraciones públicas y las entidades privadas tengan que dar respuesta a las necesidades de las personas en riesgo de exclusión digital. En la actualidad la reducción de las desigualdades digitales ya debería estar incluida de forma explícita en las políticas y en las estrategias de actuación contra la pobreza y la exclusión social.

Con las restricciones de la pandemia hemos podido constatar que las dificultades en el acceso al equipamiento informático han aumentado significativamente. Es aquí donde el papel de las escuelas y de las entidades del tercer sector están jugando un papel importante, pero insuficiente. Pero donde se han manifestado más estas dificultades es en la compra por Internet y en la gestión con las administraciones.

Además, la brecha digital también discrimina ya que hay algunos perfiles de población más afectados como la población con niveles bajos de formación (en esta ocasión la brecha es abismal), las personas mayores y la de nacionalidad extranjera. El entorno social también juega un papel muy importante. Así pues, la falta de capital cultural y el entorno son fundamentales para identificar la población afectada por la brecha digital. En este sentido, cuando se trata de personas adultas, que ya no tienen acceso a la educación formal de las escuelas e institutos, estas se sienten desprotegidas ante la posibilidad de acceso, y sobre todo de uso, de las tecnologías de la información y la comunicación y es aquí donde constatamos mejor la insuficiencia de políticas sociales por parte de las administraciones públicas o su insuficiente capacidad para resolver los retos que plantea la brecha digital.

La exclusión digital constituye la cara negativa de la Sociedad de la Información, manifestada a través de diferentes brechas digitales que van resquebrajando el tejido social, creando nuevas desigualdades o sumándose a aquellas ya presentes. Este enfoque obliga a tener en cuenta que este nuevo fenómeno de exclusión se caracteriza por ser estructural, dinámico, interactivo, transitorio y multifactoriales.

La información, la sensibilización y la concienciación sobre la toma de decisiones sobre la brecha digital son imprescindibles, así como la implicación de los diferentes agentes sociales públicos y privados de nuestro territorio.

 

Rafael Allepuz Capdevila
Miembro de Justícia i Pau de Lleida