Cuando todavía no nos habíamos recuperado de los efectos de la crisis económica de 2008, aparece la pandemia de la COVID-19, una crisis en el terreno de la salud con consecuencias importantes en el ámbito económico y social de las personas y familias. Sin entrar en detalles, las consecuencias de la pandemia para la población más vulnerable y pobre fueron mucho más negativas que para el resto de la población.

Con las heridas de la pandemia todavía abiertas, los hogares españoles afrontan una nueva crisis, esta vez de tipo inflacionista, derivada de distintos factores, entre los que destaca la guerra en Ucrania. El conjunto de la sociedad ha sufrido durante el año 2022, y todavía ahora, el encarecimiento del coste de la vida.

Ante esta circunstancia, FOESSA ha presentado el informe El coste de la vida y las estrategias familiares para abordarlo, que recomiendo leer por su contenido y por la sencillez y claridad de sus explicaciones.

Este informe propone la construcción de un presupuesto de referencia para unas condiciones de vida dignas (PRCVD) que consiste en una medida complementaria que permite abordar la pobreza no solo a partir de los ingresos disponibles, sino que lo asocia a las necesidades básicas de familias. Este presupuesto establece un mínimo que necesita una familia para vivir con dignidad en un determinado contexto, con la intención de adaptar el presupuesto a las características específicas de cada tipo de hogar. De esta manera, la pobreza no se define atendiendo solo a los ingresos, sino a una relación de necesidades básicas de los hogares, como pueden ser la vivienda, el equipamiento y los suministros, así como el disfrute de derechos como la educación, el ocio, la sanidad y otras situaciones de dependencia, por poner unos ejemplos. En definitiva, el objetivo es que el presupuesto resultado sea la suma de ocho partidas distintas de gasto necesario para que cualquier hogar pueda vivir dignamente.

Partiendo de esta aproximación, el estudio advierte que el 31,5% de los hogares en España (unos seis millones de familias) tienen unos ingresos muy por debajo de lo que necesitarían para vivir en condiciones de vida dignas. Este porcentaje es superior a la tasa de pobreza relativa (20,7%) y la tasa de pobreza y exclusión social (tasa AROPE: 25,3%) calculadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La metodología utilizada por el PRCVD señala como asfixiante la realidad de los hogares que cuentan con menos del 85% del presupuesto de referencia, que varía muy sensiblemente según la presencia de menores y adolescentes en el hogar, así como la ciudad de residencia. Por poner un dato representativo, en el caso de un hogar unipersonal en Barcelona supone vivir con menos de 1.400 euros mensuales.

Los gastos esenciales como la alimentación, la vivienda y el transporte, que son los gastos a los que las familias estamos dedicando la mayor parte de los ingresos, son precisamente los que están soportando el mayor incremento de los precios. Por poner un ejemplo, la inflación correspondiente al gasto en vivienda y suministros (agua, luz y gas) alcanzaba el 19% en junio de 2022, mientras que la de los alimentos superaba el 13%.

Ante este panorama, el informe explica cuáles son las estrategias de las familias más vulnerables para sobrevivir.

Siete de cada diez hogares vulnerables ha renunciado o ha reducido sus gastos en ropa y calzado y casi la mitad ha recortado el presupuesto familiar en alimentación, hasta el punto de que una cuarta parte de los mismos no puede llevar una dieta especial que necesita por cuestiones médicas. El 18% de los hogares con niños ha dejado de utilizar el comedor escolar por no poder pagarlo (casi medio millón de hogares con niños a su cargo).

Seis de cada diez hogares vulnerables ha reducido el consumo de electricidad, agua o calefacción y un 22% ha pedido ayudas para pagar sus suministros.
Un tercio de los hogares con graves dificultades renunciaron a tener un accesorio sociosanitario que necesitaba y el 14% dejó de comprar alguna medicina por cuestiones económicas.

Estas decisiones perjudican las condiciones de vida y el desarrollo de las personas, sobre todo de las menores de edad. Las diferencias entre el estatus vital de las familias más vulnerables y el de las familias plenamente integradas, y que viven sin dificultades, son mayores.

Estas decisiones no son voluntarias, son necesarias e impuestas por la privación a las que están sometidas.

El informe finaliza con algunas propuestas que pasan por la toma de decisiones urgentes con medidas estructurales. Es necesario apelar a una mayor justicia social y a trabajar todas y todos por el bien común, empezando por los sectores de población que más lo necesitan. Las políticas públicas deben abordar la pobreza y la desigualdad desde una doble perspectiva: rescatando a las familias que más están sufriendo y perfeccionando el sistema de protección social a largo plazo.

Que esto sea así, es responsabilidad de todos.

Rafael Allepuz
Membre de Justícia i Pau de Lleida