Laura Ribera Barniol
ESTADOS DE OPINIÓN

La Covid-19: nada ha cambiado en el (mal)trato a las personas migradas

En el año 2020 avanza de manera casi imprevisible. Desde el mes de marzo que nos es difícil planificar actividades o tener cierta certeza de lo que haremos. Incertidumbre es, quizás, una de las palabras más repetidas. Y esto ocurre en todos los niveles. Desde el ámbito político, económico o laboral al más personal. La ciudadanía ha intentado de manera progresiva adaptarse a los cambios. Hemos cambiado la manera de relacionarnos socialmente, algunos lugares de trabajo han pasado de ser presenciales a llevarse a cabo desde casa, hemos reducido la movilidad dentro y fuera de nuestro país, entre otros. No sé si estos cambios nos habrán ayudado a entender mejor el funcionamiento e intereses del sistema capitalista en el que vivimos, desconozco si la ciudadanía reflexionará y extraerá conclusiones que nos ayuden a buscar alternativas más justas, igualitarias y ecológicas al modelo actual.

De lo que sí estoy segura es que la crisis actual no ha servido para cambiar viejas prácticas en el ámbito político. En este sentido, quiero hablar de la relación de las instituciones con las personas en situación administrativa irregular que viven en España y también de las que han llegado por vía marítima durante la pandemia.

Por un lado, una de las principales demandas de las personas migradas y los colectivos antirracistas de España ha sido una regularización administrativa de las personas en situación irregular. Hay varias motivaciones para esta demanda. Algunas razonan sobre los beneficios de carácter económico de la regularización en forma de impuestos o de la incorporación de muchas personas en puestos de trabajo que quedan por cubrir, por ejemplo. Otros argumentos giran en torno a motivos ligados a la defensa de los derechos humanos más básicos e incuestionables. El pasado 18 de mayo de 2020 escribía una opinión en esta misma columna llamada "Defendemos la regularización de todos, ahora y siempre" donde exponía la oportunidad que el Gobierno de España tenía para demostrar que "nadie se queda atrás" -cuota adaptada de uno de los lemas del Gobierno durante el estado de alarma-. Oportunidad que el Gobierno ha malgastado este mes de septiembre cuando después de debatirlo en el Parlamento afirmó que "en este momento" no es posible llevar a cabo este tipo de proceso.

Por otra parte, las vulneraciones de los derechos más básicos se han sucedido en los diversos puntos de entrada de personas por vía marítima en la Frontera Sur de España. Una práctica que tampoco ha cambiado con la pandemia y que según varios informes del Defensor del Pueblo se han agravado aún más durante los meses de verano. En las Islas Canarias cientos de personas recién desembarcadas en diferentes puertos han dormido al raso o en tiendas días, e incluso semanas, a la espera de ser alojados de manera digna. En otros casos, la descoordinación entre administraciones ha comportado retrasos a la hora de llevar a cabo rescates de personas en el mar. En cuanto a los puertos de entrada a la península, de nuevo, la descoordinación entre entes autonómicos y del Gobierno central ha dejado a cientos de personas sin acogida, ni pruebas PCR ni tests rápidos. Familias enteras con niños, personas con movilidad reducida, menores sin referentes adultos en el país todos han sido abogados a dormir en la calle en Almería, Algeciras, etc. La falta de voluntad política para gestionar correctamente esta situación ha tenido repercusiones nefastas para la vida de cientos de personas.

Es cierto que las vulneraciones de aquellos derechos más básicos y humanos de las personas en situación administrativa irregular en España o de las personas en movimiento en el mar o en puntos fronterizos no es una consecuencia de la Covid-19. Es una situación que desgraciadamente existe hace años y que tiene sus bases en una construcción racista y euro-céntrica del estado-nación. Sin embargo, las decisiones políticas tomadas durante el estado de alarma consecuencia de la Covid-19 y los meses posteriores han agravado las condiciones de vida de muchas personas impidiendo que realicen trabajos informales, desproveyéndola los de la cobertura de las necesidades más básicas, entre otros. La negativa a una regularización sin condiciones y para todos, el reciente anuncio de la reapertura de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), la persecución y criminalización de las vidas en movimiento no pueden quedar eclipsados ​​por eslóganes tales como que "nadie se quede atrás "o que" el virus el paramos unidos ".


Laura Ribera Barniol
Miembro de Justícia i Pau Barcelona