Wilmer López
COMUNICADOS

La guardia costera de Trinidad y Tobago disparó contra una embarcación venezolana y causó la muerte a un menor de edad

Justícia i Pau condena enérgicamente el asesinato del menor venezolano Yaelvis Santoyo Sarabia, un bebé de un año y cuatro meses de edad a manos de la guardia costera trinitense.

País: Trinidad y Tobago
Tipo de violación de DH: Asesinato, integridad física
Víctimas: Migrantes
Acciones de denuncia: Presión mediática, política y social, incidencia de instituciones

El pasado sábado 5 febrero en horas de la madrugada, una pequeña embarcación venezolana con aproximadamente 20 personas fue interceptada por la guardia costera de Trinidad y Tobago cuando cruzó sus aguas marítimas. Según las autoridades trinitarias, la guardia trató por «todos los métodos posibles» de hacer que la embarcación se detuviera, sin embargo, al no producirse ninguna respuesta, dieron aplicación a los protocolos de una «defensa propia» accionando de manera indiscriminada armas de fuego. 

El Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, respaldó en un comunicado oficial el operativo desplegado y rechazó que se califique a los uniformados como «asesinos». Catalogó esta acción como «legal y apropiada»  puesto que la embarcación venezolana aparentemente había intentado embestirlos. Además, pidió a los venezolanos «descartar arriesgar la vida de otros de los suyos en el contrabando de migrantes» .

Las consecuencias de esta intervención fueron evidenciadas por los guardias cuando el bote fue neutralizado, entonces se percataron de que se trataba de una embarcación de inmigrantes en la que una mujer había resultado herida en su brazo por uno de los disparos, también se reportó a un menor de temprana edad sin signos vitales. Aparte de estas dos personas se contabilizaron otras 17, quienes fueron detenidas y posteriormente deportadas. 

David Smolansky, Comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, informó que la madre del bebé asesinado fue hospitalizada en la isla, y mientras se realizaba el funeral fue sacada del hospital y detenida en una comisaría cercana para ser interrogada; sin embargo, dado el estado físico y mental, se descompensó y fue devuelta al hospital .

Operativo de seguridad nacional 

Según información publicada por el diario 800Noticias los migrantes venezolanos que iban a bordo de la embarcación negaron la versión ofrecida por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, y afirmaron que el bote tenia un motor defectuoso que les impedía intentar escapar, mucho menos embestir a otro, «en ese momento estábamos parados» .

Organizaciones no gubernamentales y expertos afirman que se trata de un crimen sin justificación, en el cual no existió proporcionalidad. Menciona el profesor y abogado venezolano Joel García que «el uso de la fuerza letal en legítima defensa únicamente es posible si una persona tiene los suficientes motivos para creer que la amenaza entraña un peligro inminente de muerte o de lesiones graves para sí misma o para otros, si no, es desproporcionado».

Nos resulta ampliamente cuestionable que una embarcación naval perteneciente al cuerpo nacional, dotada con amplias herramientas de defensa militar, argumente sentirse amenazada por un bote lanchero de las características de la involucrada en este fatal accidente, mucho más preocupante es la legitimación de las acciones por el primer ministro.

Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, expresó que este es un "acto vil y cruel" que merece la "mayor condena de todas las autoridades de ese país y de la comunidad internacional" .

Criminalización de la inmigración

Justícia i Pau se une entorno al comunicado conjunto de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y UNICEF, en la que se sostiene que «Nadie en búsqueda de seguridad, protección y nuevas oportunidades debería perder la vida» 

Recordamos que los estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen el derecho a la vida, integridad personal y seguridad de todas las personas incluyendo migrantes y refugiados que se encuentran en transito, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. 

Hechos como este no pueden repetirse y deben condenarse enérgicamente puesto que evidencian tristemente la carencia del valor de la vida y la alteridad por el otro en las políticas migratorias. Asimismo, nos invita a reflexionar de manera critica sobre el papel que desempeñan las fronteras actuales en nuestros países.  

Finalmente instamos a las autoridades trinitarias y a la política internacional a humanizar sus procedimientos de control migratorio, asumiendo que sin importar de donde venimos o cual es nuestro estatus legal, la única etiqueta que debe preocuparnos es la #humana. 


Wilmer López
@willyddhh 
Voluntario de Justícia i Pau