COMUNICADOS

La tortura sigue siendo un tabú que obstaculiza su investigación y perpetua la impunidad

Hoy, 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, diversas entidades, entre les que se encuentra Justícia i Pau, nos adherimos a este comunicado de la Organitzación Mundial contra la Tortura (OMCT).


Comunicado de la OMCT con motivo del
Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura


Ginebra-Bruselas-Madrid-Barcelona, 26 de junio de 2020 – En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, la OMCT lamenta la persistencia del tabú entorno a la existencia de la tortura y los malos tratos en España y reprueba los patrones de criminalización y estigmatización existentes contra quienes denuncian esta violación de los derechos humanos.


La celebración el 26 de junio del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura tiene por objetivo poner en primer plano la dignidad de las personas que han sufrido tortura o malos tratos, así como asegurar que los Estados cumplen con sus obligaciones de rehabilitar y reparar debidamente a las víctimas y de poner fin a la impunidad. Sin embargo, la falta de un reconocimiento público en España de la existencia de esta práctica imposibilita todo proceso de dignificación de las víctimas, en tanto que niega una realidad que, si bien no es sistemática, persiste en el Estado español.

En este sentido, desde hace décadas, tanto organizaciones de la sociedad civil como mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos han venido documentando múltiples situaciones de tortura y malos tratos que se producen en el Estado español, la mayor parte de ellas dadas en situación de detención, en el contexto de movilizaciones sociales o en el marco de las políticas migratorias españolas (1).

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha criticado duramente el régimen de la detención incomunicada en España, así como la cultura de la impunidad entorno a las prácticas de tortura y malos tratos y la persistencia de la violencia de género. Asimismo, ha expresado en diversas ocasiones profunda preocupación por la falta de regulación debida del delito de tortura; por la práctica de retornos forzosos de personas en situación de migración, así como por las condiciones de insalubridad y hacinamiento detectadas en los centros de detención temporal de personas migrantes. Dicho Comité subrayó, además, que la ausencia de investigaciones sobre los crímenes de tortura ocurridos durante la dictadura franquista perpetuaba la impunidad y suponía un grave impedimento en el proceso de rehabilitación de las víctimas. 

Las organizaciones firmantes lamentan constatar, sin embargo, que en el debate público la persistencia de la comisión de actos de tortura siga siendo un tema tabú, como ya denunció el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Theo Van Boven, en 2003.

En este sentido, la OMCT ha podido advertir que las personas y organizaciones que trabajan para la erradicación de la tortura y de los malos tratos en España a través de la documentación y la denuncia de estas prácticas no sólo continúan sin obtener un reconocimiento público por la labor que realizan, sino que, en ocasiones, son incluso sometidas a procesos de estigmatización, criminalización y judicialización por su trabajo en defensa de los derechos humanos.

Por ejemplo, en 2016, el Magistrado de Prada enfrentó una petición de recusación ante la Audiencia Nacional tras denunciar públicamente haber constatado una insuficiente investigación de algunos casos de tortura en España a lo largo de su carrera profesional. Además, el entonces Ministro del Interior calificó las palabras del Magistrado de Prada de “indignas” e instó al Consejo General del Poder Judicial a tomar medidas contra el magistrado (2). Dos años más tarde, el Instituto Vasco de Criminología fue reiteradamente desprestigiado y desacreditado por varios partidos políticos y sindicatos policiales tras la publicación de un riguroso estudio que documentaba los casos de tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014 (3).

Ese mismo año, el Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional (SIRECOVI) (4) publicó un informe sobre casos de violencia institucional contabilizados en Cataluña entre 2016 y 2018, lo cual generó una campaña de estigmatización en su contra por parte de algunos sindicatos de funcionarios penitenciarios. Además, a día de hoy, sigue abierto un proceso judicial contra del director del SIRECOVI, el Sr. Iñaki Rivera, denunciado por dichos sindicatos en 2018 por presuntas difamaciones, tras haber señalado en un programa de la televisión pública catalana la existencia de malos tratos y torturas en el sistema penitenciario catalán (5).

Nuestras organizaciones lamentan profundamente estas situaciones. En primer lugar, la tortura es una de las más graves vulneraciones de derechos humanos. En segundo lugar, la labor de quienes monitorean y denuncian los casos de malos tratos y tortura sirve de salvaguardia para las personas en situación de más vulnerabilidad. A este respecto, han sido estas organizaciones y personas defensoras quienes, en el actual contexto de pandemia, han impulsado la toma de medidas de protección adecuadas para minimizar las consecuencias de la crisis de la COVID-19 en la población penitenciaria y en las personas internas en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).

Estigmatizar y judicializar a quienes trabajan para la erradicación de la tortura y los malos tratos en España no sólo supone un ataque a su libertad de expresión y a su derecho a defender derechos humanos, sino que imposibilita la correcta rehabilitación de las víctimas y refuerza la impunidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, instamos a las autoridades españolas a reconocer públicamente la existencia de la tortura, a armonizar el artículo 174 del Código Penal con lo dispuesto la Convención contra la Tortura -especialmente en lo relativo a la prescripción y a la definición de tortura-, a investigar debidamente las denuncias de esta práctica y a asegurar el cumplimiento del derecho a la reparación de las víctimas. Asimismo, solicitamos que se tomen las medidas necesarias para asegurar que las personas que denuncian la práctica de malos tratos y tortura en España puedan ejercer su legítimo derecho a defender derechos humanos sin obstrucciones, sin temor a represalias y con todas las garantías establecidas en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

 

Organizaciones: ACAT, APDHE - Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación Libre De Abogadas y Abogados – ALA, Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, Comisión General de Justicia y Paz, Comissió de Defensa (Barcelona), Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans, Justícia i Pau Barcelona, Observatori del Sistema penal i els Drets Humans (OSPDH), OMCT – Organización Mundial Contra la Tortura, Rights International Spain (RIS).
 

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1. En 2017, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), conformada por 40 organizaciones de la sociedad civil, registró al menos 1014 personas afectadas por situaciones de tortura o malos tratos en España. Véase el Informe de la CPDT “La Tortura en el Estado español: 2017”, publicado el 7 de junio de 2018, disponible aquí.
2. Véase el Comunicado conjunto de la OMCT, APDHE, Rights International Spain, Justícia i Pau y Justicia y Paz, publicado el 23 de junio de 2016, disponible aquí.
3. Véase Declaración Pública de la OMCT, publicada el 29 de marzo de 2019, disponible aquí.
4. El SIRECOVI es un Sistema de Registro y Comunicación para la protección de víctimas de Violencia Institucional creado y gestionado por el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Centro de Investigación de la Universidad de Barcelona (UB). Se pone en funcionamiento cuando se recibe una comunicación de que una persona presuntamente ha sufrido malos tratos o torturas en espacios de privación de libertad (por ejemplo, cárceles, comisarías de policía, centros de menores o centros de internamiento de extranjeros) o en la vía pública por algún/a agente de la autoridad.
5. Véase Llamado Urgente del Observatorio (OMCT-FIDH) de 22 de junio de 2020, disponible aquí.