Eduard Ibáñez
ESTADOS DE OPINIÓN

Las fronteras de la muerte

La tragedia que tuvo lugar hace unas semanas en la frontera de Melilla o las recientes muertes por asfixia en un camión de emigrantes en Texas, nos confrontan una vez más ante una realidad profundamente injusta e inaceptable, de la cual nuestra sociedad es, en buena parte, responsable. Una tragedia de alcance internacional, que dura desde hace décadas y que ha traído la muerte a decenas y decenas de miles de personas en las fronteras y mares de Europa, Estados Unidos y otros países del primer mundo.

Es cierto que los estados tienen el derecho, y también el deber, de regular y controlar las entradas y salidas de sus fronteras por razones de interés general, como son la seguridad, la prevención del delito o la salud pública, entre otras. Por tanto, no se pueden admitir las conductas que vulneran las normas de acceso, y aún menos cuando estas utilizan la presión organizada de una masa de personas o cuando emplean la fuerza o la violencia.

Es cierto también que las migraciones han de ser ordenadas, reguladas y canalizadas adecuadamente para hacer posible la convivencia y la cohesión social. Las migraciones descontroladas y masivas no son asumibles y generan enormes problemas a las sociedades receptoras y a los mismos emigrantes: asentamientos insalubres, epidemias, exclusión social, conflictos, inseguridad… Por tanto, las leyes migratorias de los estados, siempre que sean justas y proporcionadas, han de ser razonablemente aplicadas. Es necesario penalizar adecuadamente aquellos que se enriquecen con el tráfico ilegal de personas, especialmente cuando son abocadas (a menudo con engaño o aprovechándose de la vulnerabilidad) a situaciones de peligro, maltrato o explotación. Y es cierto también que ningún gobierno puede evitar que haya personas que arriesguen voluntariamente la propia vida, traspasando ilícitamente las fronteras a través de medios peligrosos.

Ahora bien, aunque todo esto sea cierto, sabemos perfectamente que no es toda la verdad. Falta explicar lo más importante. La mortalidad de las fronteras (dejando de lado las malas praxis policiales o la perversidad o negligencia de los traficantes, que también existen) es sobre todo la perversa consecuencia de un grave desajuste. El desajuste entre las políticas migratorias restrictivas de los países ricos (que hacen extremadamente difícil o imposible el acceso procedente de los países más pobres) y la presión migratoria que generan las enormes desigualdades entre las diferentes regiones del mundo, sumadas a la pobreza, la inseguridad o la violencia. Este desajuste es insostenible y urge su revisión en profundidad.

Nuestras fronteras pretenden inútilmente disuadir el acceso y canalizar a través de una estrecha tubería lo que hoy es un verdadero torrente. Como la disuasión no funciona, esto hace que el agua entre de forma violenta por todas las rendijas, causando problemas mayores, como los que vemos. En realidad, las fronteras rígidas no reducen ni canalizan la corriente migratoria, simplemente trasladan los atascos y los problemas al otro lado, o un poco más lejos, haciéndolos menos visibles, pero no desaparecen.

Seamos sinceros: nuestros gobiernos y también toda la sociedad que los sostiene, somos responsables en buena medida de esta tragedia. Primeramente, porque las políticas migratorias de España y de Europa podrían y deberían ser más abiertas y flexibles. El volumen de inmigración ilegal y el tráfico de personas son directamente proporcionales a la intensidad de las restricciones. Si el acceso legal a Europa fuera una opción razonablemente posible (a través de diversos mecanismos suficientemente conocidos y con fronteras más porosas), muchas personas dejarían de utilizar las vías ilegales y peligrosas y muchos traficantes perderían su negocio.

En todo caso, nuestra capacidad de acogida es muy superior. La acogida extraordinaria y rápida a miles de refugiados ucranianos lo ha mostrado una vez más. Es más, nuestra sociedad, como nos dicen continuamente los expertos, tiene una gran necesidad de trabajadores emigrantes. A la vez, la inevitable entrada por vías ilegales de muchas personas (las fronteras no podrán nunca ser herméticas), con las consecuencias jurídicas que esto comporta para ellas (sobre todo por la falta de acceso a derechos o servicios…), genera precisamente una situación de exclusión social completamente contraria a los mismos objetivos de las leyes migratorias. Pero la necesaria apertura no llega, a pesar de las repetidas tragedias. Lo impiden los miedos, los prejuicios, el egoísmo de los que no quieren compartir o poner en peligro su propio bienestar o su poder. Y no faltan las fuerzas políticas que quieren sacar provecho de estos sentimientos, si es necesario ampliándolos con la mentira o la demagogia.

Pero las políticas migratorias han de respetar que emigrar es un derecho humano. Un derecho que, si bien puede tener límites por razones justas, no puede ser anulado completamente u obstaculizado arbitrariamente por meras razones de interés. Las fronteras y las leyes migratorias son instrumentos al servicio del buen gobierno, pero no han de vulnerar el derecho a emigrar ni producir mortalidad y sufrimiento sin traicionar su justificación, que es siempre el bien común.

El derecho a emigrar, inherente a la dignidad humana, es consecuencia de otros derechos fundamentales: el libre desarrollo de la personalidad y del propio proyecto vital, el derecho al trabajo, el derecho a crear y sostener una familia e, incluso, el derecho a la vida.

Sí, es necesario respetar el derecho a emigrar, porque los territorios de los estados no son una propiedad privada exclusiva de sus nacionales. No solamente porque los límites de estos territorios son a menudo el resultado histórico y arbitrario de violencias, abusos e imposiciones, sino porque la igual dignidad de todos los seres humanos los hace beneficiarios del disfrute equitativo de toda la geografía y recursos naturales planetarios. A la vez, los servicios públicos, infraestructuras y el bienestar de cada país no son propiedad o mérito exclusivos de su población. Son también el resultado histórico, en mayor o menor grado, de un desarrollo económico conseguido gracias a la relación con los otros pueblos y países vecinos y con el resto del mundo: el esfuerzo de los trabajadores emigrantes, la compra exterior de energía y materias primas, el comercio y las finanzas internacionales, el turismo… Y es justo que ciudadanos de otros países con dificultades reclamen su justa parte a cambio de su trabajo.

Aquí llegamos a la cuestión de fondo, quizás la más importante. La desigualdad, la precariedad, la pobreza o la violencia que viven tantos países y que expulsa su población, no son tampoco el resultado exclusivo de sus errores o incapacidades o de la negligencia de sus gobernantes. Tiene en ello una responsabilidad relevante el resultado de la actuación presente e histórica de los países ricos, a causa de la injusta y desigual distribución internacional de la propiedad de los bienes, los capitales y los recursos naturales, de las reglas injustas del comercio internacional, de la apropiación abusiva de materias primas, de los efectos a largo plazo de la dominación y la explotación durante siglos y de las consecuencias de la degradación ambiental y climática producida principalmente por las sociedades del bienestar. 

En consecuencia, no solamente es moralmente exigible que las políticas migratorias amplíen las posibilidades de acceso y acogida para ajustarse a la realidad y detener la mortalidad generada. Es aún más importante y urgente que los gobiernos de los países más desarrollados se vuelquen decididamente, de una vez por todas, a implementar políticas económicas, internacionales y de cooperación basadas en nuevas reglas, que permitan poner fin a tanta desigualdad, promover el desarrollo, el buen gobierno y la paz en el mundo entero.

Los gobiernos de los países desarrollados han de empezar a actuar mirando los problemas de los países pobres como sus propios problemas, y a sus ciudadanos, como a sus propios ciudadanos. La inevitable y creciente globalización nos han enseñado repetidamente nuestra mutua interdependencia. Como dice el Papa Francisco, “es necesario desarrollar la conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie” (FT 137), y es que “la verdadera calidad de los distintos países se mide por esta capacidad de pensar no solo como país, sino también como familia humana”, superando “el error de creer que pueden desarrollarse al margen de la ruina de los otros y que cerrándose al resto estarán más protegidos” (FT 141).

 

Eduard Ibáñez
Miembro de Justícia i Pau Barcelona