Perú: Gobierno debe cesar represión desproporcionada y garantizar derecho a la protesta
Justícia i Pau se une al llamado de la FIDH y sus organizaciones miembros, en rechazo a la represión estatal en el Perú, que luego de un mes de iniciadas las manifestaciones contra la presidenta Dina Boluarte, dejan un saldo de 60 muertos, cientos de heridos y personas detenidas en condiciones de hacinamiento.
Luego de que el expresidente Pedro Castillo disolviera el congreso el pasado 7 de diciembre de 2022 horas antes de un debate de juicio político en su contra, el país se ha visto envuelto en una serie de protestas violentas, ocasionando la respuesta desproporcionada de las fuerzas armadas, la cual no se ajusta a los principios de una finalidad legítima, proporción y absoluta necesidad, indispensables para justificar el uso de la fuerza de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos.
Solo el 9 de enero de 2023 fueron asesinados 19 manifestantes en Juliaca, entre ellos menores de edad. De igual manera, cuestionamos el ataque de la policía contra la Universidad Nacional de San Marcos y el desalojo y arresto masivo de sus ocupantes, casi 200 personas, que incluyen estudiantes, personas adultas mayores y una mujer con su hija de 8 años. Este grave hecho, además de vulnerar la inviolabilidad del espacio académico, vulnera derechos fundamentales de las personas y del debido proceso.
Instamos al Gobierno Nacional a escuchar y atender los reclamos de la población y a no estigmatizar, reprimir, ni criminalizar la protesta social. Pedimos que se respeten a las organizaciones de derechos humanos peruanas, que han sido atacadas y estigmatizadas por realizar su trabajo de denuncia de violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas y llaman a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables de esos hechos.
Recordamos que todas las autoridades tienen el deber de hacer prevalecer el Estado de Derecho, la Constitución y la garantía de los derechos de todas y todos sus ciudadanos, no siendo admisible que el Estado, obligado a defenderlos y garantizarlos derive en las peores formas de autoritarismo.
Justícia i Pau
#RADARPRIVILEGI_0
Podéis leer el comunicado completo en FIDH-Peru
(imagen tomada de: Pixabay)