Joan Maria Raduà
ESTADOS DE OPINIÓN

Plan de recuperación, transformación y resilencia: y la justicia social?

El pasado 13 de abril el Gobierno español presentó el proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que quiere gestionar y desarrollar el Fondo europeo de recuperación NextGenerationEU.

El Plan se articula sobre cuatro ejes transversales: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Estos cuatro ejes se proyectan en diez políticas palanca. Son éstas: 1- agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura; 2- infraestructuras y ecosistemas resilientes; 3- transición energética justa e inclusiva; 4- una Administración Pública para el siglo XXI; 5- modernización y digitalización del tejido industrial y de la Pime, recuperación del turismo e impulso en España como nación emprendedora; 6- pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo del Sistema Nacional de Salud; 7- educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades; 8- nueva política de los cuidados y políticas de ocupación; 9- impulso de la industria, la cultura y el deporte; 10- modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

A su vez estas políticas palanca se desarrollan en 30 proyectos o líneas de acción que suman un total de 212 medidas proyectadas. Si nos fijamos en las inversiones previstas, se destina el 39% al ámbito verde, el 29% al digital, el 10,5% a educación y formación, el 7% a I+D+I y el resto se reparte entre los otros ámbitos.

El proyecto presentado prioriza la transformación ecológica y digital de la actividad económica. Estos dos objetivos son muy loables, pero consideramos que los otros ejes del Plan quedan en segundo término. Si miramos las políticas previstas vemos que los otros dos ejes quedan desdibujados, en especial el que se refiere a la cohesión social. Cohesión que no se podrá alcanzar plenamente si no se promueve la justicia social.

Este ambicioso Plan tendría que servir, entre otras cosas, para reducir las diferencias sociales existentes y para incluir a los excluidos de la sociedad. Son las personas más desfavorecidas las que están sufriendo más la crisis de salud, social y económica provocada por la pandemia. No obstante, en las diez políticas palanca y en las líneas de acción se echa de menos una mayor inclusión social y un mayor esfuerzo para reducir las diferencias que se han visto agravadas aún más por culpa de la crisis. Entre las principales inversiones previstas en proyectos del Plan presentado por el Gobierno y entre las reformas clave que plantea, son pocas las actuaciones que vayan directamente en esta línea. Sí que se han previsto medidas que pueden ayudar a reducir la desigualdad social, como por ejemplo la rehabilitación de la vivienda y la regeneración urbana, y en la economía de los cuidados. Ahora bien, es necesario ser más ambiciosos.

A pesar de que uno de los objetivos del proyecto de gestión de los Fondos NextGenerationEU presentado por el Gobierno es promover la cohesión económica y social, echamos de menos un plan específico para lograr este objetivo y políticas concretas que lo persigan. Se necesitan políticas de promoción de la vivienda social, de inclusión y ayuda a las personas con discapacidad, de acogida a las personas emigrantes, de lucha contra la pobreza energética, de soporte a las entidades del tercer sector, de apoyo a la economía colaborativa y promoción del comercio justo. Igualmente, es necesario plantear medidas que promuevan la ocupación y favorezcan el trabajo digno para todas las personas, con propuestas que faciliten la conciliación de la vida familiar como la distribución del trabajo y la reducción de la jornada laboral. Todo eso debería venir acompañado de una modernización y reforma del sistema fiscal más atrevida que la que propone el Plan, enfocada a una fiscalidad más progresiva y con impuestos o tasas a las empresas que están teniendo más ganancia en estos momentos de crisis, así como la imposición de la “tasa tobin” a las transacciones financieras y la “tasa google” a la economía digital. Estas son algunas de las medidas que se echan en falta.

El Plan contiene muchas medidas necesarias e importantes para superar la crisis, pero éstas no sólo deberían servir para superar la grave situación económica, sino también para alcanzar una sociedad inclusiva y justa. Por eso es necesario adoptar medidas y políticas que vayan directamente encaminadas a reducir la brecha social y a promocionar los sectores de la población más vulnerables y desfavorecidos.

Por otro lado, será también necesario implantar un serio control de quién y de cómo se recibe el dinero del Plan y cómo se gasta. Se necesita transparencia y supervisión. No sería admisible que los grandes receptores de los fondos fuesen las empresas cotizadas. Hay que hacer posible que los beneficiarios reales sean las personas, los autónomos, las pimes, las entidades del tercer sector y de la economía social y que proporcionalmente reciban más aquellas personas y sectores más afectados por la crisis. Será, pues, necesario también gran transparencia y control en la gestión de los fondos.

Consideramos que el Plan debería ser más ambicioso y focalizarse más en la ayuda y promoción de las personas y colectivos más desfavorecidos de la sociedad para conseguir una cohesión social fundamentada en la justicia social.

 

Joan Maria Raduà Hostench
Miembro del eje de Derechos Humanos