El parado 12 de abril se celebró esta sesión del cicle dels Dilluns dels Drets Humans con la participación de Fabian Mohedano, Ricard Bellera, Alberto Tena y Pablo Scotto, moderado por la periodista Sandra Vicente.

El acto empezó con un recordatorio para Arcadi Oliveres.

Alberto Tena defendió establecer una renta básica universal. La renta básica es un derecho de la ciudadanía. Se trata de un ingreso incondicional, individual y universal. Tena rebatió los argumentos de aquellos que afirman que no se podría financiar. Defendió que se puede financiar modificando el IRPF estableciendo un tipo del 49% y aumentando otros impuestos. Para él, la pregunta correcta no es “cuál es el coste de la renta básica” sino “cuál es el coste de no implementar una renta básica”.

Fabian Mohedano defendió la reducción de la jornada laboral como un derecho de las personas. Esta reducción significa también una mejor redistribución de la jornada laboral acompañada de una reforma horaria. El tiempo que dispone una persona para hacer lo que desea es un elemento de salud y bienestar. Una jornada laboral más reducida permitiría reducir el paro, aumentar el tiempo destinado a la conciliación familiar, a la formación i al ocio para todo el mundo y, en especial, para las mujeres. Hizo mención de las diferentes propuestas existentes, como la jornada laboral de cuatro días, o la jornada laboral semanal de 20 horas, o el 6 + 6 de Finlandia, o la regulación horaria para buscar cuáles son las mejores horas para trabajar siguiendo patrones de la neurociencia  o la cronobiología.

Pablo Scotto propuso establecer un nuevo modelo de relaciones laborales para conseguir la democratización de las empresas. Explicó que el trabajo asalariado está basado en condiciones asimétricas y que las decisiones laborales se toman jerárquicamente. Argumentó que les decisiones empresariales deberían adoptarse democráticamente, por eso defendió que los trabajadores tengan parte de capital en la empresa. Esto comporta una cogestión y una responsabilidad compartida. En este sentido se deberían promover figuras como las cooperativas. También defendió que los fondos europeos Next Generation no vayan a parar a empresas cotizadas y propuso que se destinen a empresas que promuevan la democratización empresarial.

Ricardo Bellera expuso la necesidad de instaurar una fiscalidad justa, ambiental y solidaria, que debería basarse en 10 ejes: 1 Modificar el Impuesto sobre el patrimonio y el Impuesto sobre sucesiones y donaciones poniendo límite a las bonificaciones y eliminando la competencia entre territorios. 2 Modificar el Impost de sociedades para hacer que las grandes empresas paguen realmente lo que les corresponda, eliminando el agravio comparativo que sufren las primas. 3 Aumentar la progresividad del IRPF y gravar más los rendimientos de capital. 4 Poner un IVA al 0% para productos sanitarios y de higiene femenina y reducir el IVA al 10% para productos de necesidad. 5 Crear una tasa COVID para las empresas que están teniendo grandes beneficios. 6 Establecer un impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito. 7 Instaurar la “tasa google” en la economía digital y la “tasa tobin” para las transacciones financieras. 8 Prohibir dar ayudas públicas a empresas situadas o vinculadas a sociedades en paraísos fiscales. 9 Reducir los beneficios fiscales de las grandes empresas; y 10 Promover una fiscalidad verde, mediante tasas o impuestos a los plásticos, hidrocarburos y sector aéreo.

Finalmente se abrió el turno de preguntes. De las preguntas formuladas y las respuestas dadas se puso de manifiesto la importancia y el vínculo existente entre las medidas propuestas por los cuatro ponentes para conseguir una economía centrada en las personas.
 

Joan Maria Raduà
Miembro del eje de Derechos Humanos