La mayoría de las personas encarceladas forman parte de los colectivos más vulnerables, afectados por la pobreza y el paro crónico, la desestructuración familiar, el fracaso escolar y la carencia de calificación profesional, el alcoholismo y las drogodependencias, las patologías mentales, la carencia de permiso para residir o trabajar en el país, etc. A la vez, el encarcelamiento es una situación que conlleva a menudo una mayor exclusión social y un deterioro de la salud física y mental.

Por eso, el conjunto de la sociedad tiene el deber ético de trabajar para reducir el impacto negativo del encarcelamiento y orientar las penas a la rehabilitación y la reinserción social. Para contribuir a este objetivo, en 1987 Justícia i Pau creó un equipo de personas voluntarias dedicadas a visitar y ofrecer actividades educativas y culturales a las personas reclusas, especialmente aquellas que no cuentan con apoyo familiar o arraigo social.