Marta Guerra Pintado
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El COVID-19, una de las causas de la disminución de penas de muerte el 2020

Este mes de abril se ha publicado el informe “Condenas a muerte y ejecuciones 2020” elaborado por Amnistía Internacional. Este informe, que se publica anualmente, se basa en la representación de datos sobre la aplicación judicial de la pena de muerte a través de fuentes como las cifras oficiales estatales, sentencias, testimonios, medios de comunicación y organizaciones civiles.

En 2020, Amnistía internacional registro un total de 483 ejecuciones de muerte en 18 países diferentes, que afortunadamente representan una minoría del conjunto global de estados. Es el número más bajo de ejecuciones registradas por esta organización durante los últimos 10 años. La tendencia mundial es decreciente desde el año 2016 y si comparamos los datos de 2020 y 2019 podemos detectar una disminución del 26% en el número de ejecuciones de penas de muerte. Las principales causas se deben a la pandemia del COVID-19 y a la reducción significativa de las penas en el Chad y Arabia Saudí. No obstante, y tal como consta en el informe, la crueldad en ellas ha aumentado.

A este hecho le debemos añadir que durante el 2020 el Estado de Colorado (Estados Unidos), el Chad, Kazakstán y Barbados han derogado la pena de muerte en su territorio.

Según Amnistía Internacional (2020), los países que han ejecutado más condenas de muerte durante el año 2020 han sido China, Irán, Egipto e Irak. Referente a los métodos de ejecución, encontramos cinco tipos: inyección letal, armas de fuego, horca, decapitación y electrocución.

Es importante destacar también la dificultad de evaluación estadística a causa de la no comunicación de la información por parte de países como Malasia, Nigeria y Sri Lanka, o países como la China y Vietnam que tienen penas de muerte clasificadas como secretos de Estado. Además, países como Laos o Corea del Norte proporcionan escasa información sobre las penas de muerte.

En relación con el estado español, la pena de muerte fue abolida con la Constitución de 1978, pero se hacían excepciones en tiempos de guerra por la legislación militar. En 1995 se abolió definitivamente, incluso en tiempo de guerra, de la legislación militar. En cambio, en la Constitución española sigue vigente hacer uso de la pena de muerte en tiempo de guerra en el art.15, aunque, en caso de imponerse la pena de muerte, se estaría vulnerando el Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989 (Amnistía Internacional, 1995).

Si hablamos de derechos humanos, la pena de ejecución de muerte no sólo viola el derecho a la vida (art.3) y el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art.5), incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Estas condenas también violan derechos de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad especial, como es la infancia y las personas con diversidad funcional. Según los datos de Amnistía Internacional, durante el 2020 se registraron tres ejecuciones de menores de edad en Irán y diversas condenas a pena de muerte a personas con discapacidad intelectual o psicosocial en Estados Unidos, Japón, las islas Maldivas y Pakistán. Estas últimas, personas que eran incapaces de comprender racionalmente su pena, los motivos y sus consecuencias. Así mismo todas las personas acusadas de un delito tienen el derecho de que se les asegure todas las garantías necesarias para su defensa (art.11), pero en el informe se pone de relieve cómo diversas personas condenadas a muerte no han tenido derecho a un juicio justo en países como Arabia Saudí, Bahréin, Bangladesh, Egipto, Irak, Irán, Malasia, Pakistán, Singapur, Vietnam i Yemen.

Por último, según numerosos estudios, este tipo de pena no disuade del crimen, sólo tiene una función de incapacitación sobre los individuos; en consecuencia, no es eficaz para luchar contra la delincuencia. El estudio realizado por la ONU (2002) sobre los índices de homicidios y la pena de muerte, demuestra que la pena de muerte no tiene mayor efecto disuasivo que la cadena perpetua (citado por Amnistía Internacional, 2007). Igualmente, se corre el riesgo de ejecutar una condena de muerte en una persona inocente con una medida irreversible que tampoco será eficaz para actuar en su reincidencia delictiva en el caso de que fuera culpable.

Marta Guerra Pintado

 

Bibliografía:
- Amnistía Internacional (1995). La pena de muerte y su abolición en España. Los libros de la Catarata. Madrid